Túnez: Datos sobre torturas y muertes bajo custodia indican retroceso en los logros del levantamiento en materia de derechos humanos

Los nuevos datos sobre muertes bajo custodia y torturas recabados por Amnistía Internacional indican que la brutal represión aumenta de nuevo en Túnez exactamente cinco años después del derrocamiento del anterior régimen autoritario por la "revolución jazmín" que desencadenó una oleada de levantamientos en todo Oriente Medio y el Norte de África.

Durante la visita a Túnez realizada en diciembre del pasado año, Amnistía Internacional recogió información sobre muertes bajo custodia policial, así como denuncias de torturas infligidas en el curso de los interrogatorios policiales.

“Hace cinco años los tunecinos y las tunecinas se levantaron y se sacudieron las cadenas del autoritarismo. La tortura y la represión eran características del régimen del ex presidente Ben Ali; no se debe permitir que se conviertan en rasgos definitorios del Túnez posterior al levantamiento”, afirmó Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Hace cinco años los tunecinos y las tunecinas se levantaron y se sacudieron las cadenas del autoritarismo. La tortura y la represión eran características del régimen del ex presidente Ben Ali; no se debe permitir que se conviertan en rasgos definitorios del Túnez posterior al levantamiento.
Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional

Según la información recibida por Amnistía Internacional, desde 2011 se han producido al menos seis muertes bajo custodia en circunstancias que no se han investigado efectivamente o en las que las investigaciones no han desembocado en un enjuiciamiento criminal.

Sofiene Dridi fue detenido a su llegada al aeropuerto de Túnez el 11 de septiembre de 2015, tras ser expulsado de Suiza. Las autoridades tunecinas tenían una orden judicial de detención contra él por cargos de agresión con violencia que databa de 2011.

Dridi compareció ante un tribunal el 15 de septiembre en buen estado de salud y tras la vista fue trasladado a la prisión de Mornaguia. El 18 de septiembre se informó a su familia de que lo habían llevado al hospital. La familia acudió a visitarlo, pero el personal médico negó todo conocimiento sobre él, tras lo cual regresó al tribunal para tratar de obtener más información; allí les dijeron que Sofiene había muerto de una parada cardiaca. Después de ver su cadáver en la morgue, la familia denunció que tenía hematomas en la cara y el cuerpo. El certificado de defunción de Dridi estaba fechado el 17 de septiembre. Hasta la fecha, la familia sigue esperando conocer todos los detalles de la causa de la muerte.

Amnistía Internacional también recibió información sobre torturas y malos tratos a detenidos y detenidas mientras estaban en prisión el año pasado, tras ser arrestados por terrorismo.

Según algunos de los testimonios, las víctimas eran sometidas a descargas eléctricas, incluso en los genitales, y a una postura en tensión conocida como "pollo asado" en la que se las esposa de pies y manos a un palo. Algunas también fueron abofeteadas y obligadas a desnudarse, y recibieron amenazas contra sus familias para tratar de que firmasen una confesión falsa.

Amnistía Internacional pide que todas estas denuncias sean investigadas de forma independiente, que los resultados se hagan públicos y que toda persona contra la que existan pruebas admisibles suficientes sea enjuiciada. En el caso de las muertes bajo custodia, la investigación debe incluir una autopsia adecuada realizada por un patólogo forense independiente e imparcial.

“Demasiado poco se ha hecho para reformar las fuerzas de seguridad y exigir cuentas a los responsables de este tipo de actos”, añadió Said Boumedouha.

“Aunque es comprensible que, tras los sangrientos atentados que han sacudido Túnez en los últimos 12 meses, la seguridad sea una prioridad para el gobierno, ésta no puede ser el pretexto para hacer retroceder los modestos avances en materia de derechos humanos alcanzados desde el levantamiento.”

Aunque es comprensible que, tras los sangrientos atentados que han sacudido Túnez en los últimos 12 meses, la seguridad sea una prioridad para el gobierno, ésta no puede ser el pretexto para hacer retroceder los modestos avances en materia de derechos humanos alcanzados desde el levantamiento.
Said Boumedouha

En los últimos cinco años, Túnez ha adoptado una nueva Constitución que contiene importantes garantías de derechos humanos, ha ratificado tratados internacionales clave de derechos humanos, ha celebrado elecciones presidenciales y parlamentarias democráticas y ha vivido el fortalecimiento de los grupos de la sociedad civil tras años de represión bajo el régimen de Ben Ali.

No obstante, el año pasado las autoridades adoptaron una serie de preocupantes medidas so pretexto de la seguridad que podrían poner en peligro estos logros.

La nueva ley antiterrorista aprobada por el Parlamento en julio de 2015 define el terrorismo en términos excesivamente generales, confiere a las fuerzas de seguridad amplias facultades de supervisión y vigilancia, y extiende el periodo en el que las fuerzas de seguridad pueden mantener incomunicados a los detenidos de seis a 15 días, lo que aumenta significativamente el riesgo de tortura.

En noviembre se declaró el estado de excepción por segunda vez durante el año, tras un atentado mortal contra la Guardia Presidencial en la capital. Bajo sus auspicios, las autoridades realizaron miles de registros y detenciones, y sometieron a cientos de personas a arresto domiciliario.

Familiares de personas buscadas como sospechosas de terrorismo contaron a Amnistía Internacional el hostigamiento casi continuo a que los someten las fuerzas de seguridad. Un hombre de 65 años cuyo hijo es un fugitivo buscado por terrorismo dijo que los agentes de seguridad rompían la puerta de la vivienda de su familia casi todas las noches y contó lo aterradoras que son estas visitas para sus habitantes, entre los que figuran sus otros dos hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad mental, y dos nietos de corta edad. Añadió que los familiares han sido citados en reiteradas ocasiones para ser interrogados y que la policía ha pegado a sus otros dos hijos durante los interrogatorios.

Otras personas hablaron a Amnistía Internacional de visitas diarias de agentes que rompen la puerta y a veces roban pertenencias e impiden que los familiares trabajen y tengan una vida normal.

Varias personas contaron también que los agentes las paraban reiteradamente en la calle. Un hombre dijo que lo habían interrogado o detenido varias veces debido a su barba y contó que una vez lo bajaron de un autobús y lo interrogaron sobre sus creencias y prácticas religiosas.

Las leyes que limitan arbitrariamente la libertad de expresión siguen en vigor en Túnez, y las personas críticas —sobre todo las que critican a las fuerzas de seguridad— son enjuiciadas por difamación e "indecencia". Las informaciones de los medios de comunicación independientes se han visto restringidas en aplicación de la nueva legislación antiterrorista. Los periodistas también han sufrido respuestas violentas de los agentes de seguridad cuando informaban sobre protestas o después de un atentado. En noviembre, el Ministerio de Justicia tunecino hizo pública una declaración en la que advertía a los periodistas de que serían enjuiciados si menoscababan los esfuerzos del país para luchar contra el terrorismo.

Las organizaciones de derechos humanos y los abogados han recibido también ataques por defender los derechos de presuntos terroristas y son considerados obstáculos para la lucha antiterrorista en el discurso público, que enfrenta erróneamente los derechos humanos y la seguridad.

Existe el riesgo real de que esta mal planteada reacción adversa lleve de nuevo a Túnez al oscuro lugar en el que estaba hace cinco años.
Said Boumedouha

“Los logros de Túnez en materia de derechos humanos son cada vez más frágiles en este contexto de retroceso”, concluyó Said Boumedouha. “Existe el riesgo real de que esta mal planteada reacción adversa lleve de nuevo a Túnez al oscuro lugar en el que estaba hace cinco años.”

Información complementaria

En 2011, Amnistía Internacional puso de relieve las áreas prioritarias de reforma necesarias en Túnez. Hoy, estas reformas clave siguen sin haberse acometido. Aunque Túnez aprobó varias leyes nuevas, incluidas sobre la tortura y los medios de comunicación, aún no se han modificado las leyes represivas que permiten que se sigan cometiendo violaciones. La rendición de cuentas por los homicidios ilegítimos de manifestantes cometidos en respuesta al levantamiento de 2011 ha sido escasa y no se ha reformado el aparato policial y de seguridad. Como consecuencia, siguen llegando denuncias de torturas, especialmente en la detención en espera de juicio y durante los interrogatorios, y jueces y fiscales han hecho poco para que las autoridades rindan cuentas de las torturas y agresiones contra manifestantes y periodistas. Los esfuerzos de la justicia transicional son lentos y deficientes. Continúa la discriminación en la ley y en la práctica de las mujeres y niñas, y las autoridades no ofrecen protección efectiva frente a la violencia de género. Se niegan a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales los derechos humanos básicos.