Myanmar debe revocar o reformar de inmediato una nueva ley aprobada hoy, que podría conceder inmunidad a los ex presidentes por violaciones de derechos humanos y delitos de derecho internacional, ha manifestado Amnistía Internacional.
El Parlamento saliente de Myanmar ha aprobado hoy la Ley de Seguridad de ex Presidentes. El proyecto de ley original hizo sonar las alarmas, pues concedía inmunidad procesal a los ex presidentes por “actos” no especificados cometidos durante su mandato.
La ley se ha aprobado precipitadamente y con el mínimo debate en el Parlamento, antes de que el nuevo gobierno comience a desempeñar sus funciones, lo que hace temer que el gobierno saliente este decidido a protegerse de toda forma de procesamiento.
Champa Patel, directora de la Oficina de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía
Sin embargo, ahora parece haberse añadido a la versión final aprobada hoy la disposición “de acuerdo con la legislación”. Aunque constituye una mejora, todavía cabría interpretar la ley de manera que conceda inmunidad a los ex presidentes incluso por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional.
“Esta ley se ha aprobado precipitadamente y con el mínimo debate en el Parlamento, antes de que el nuevo gobierno comience a desempeñar sus funciones, lo que hace temer que el gobierno saliente este decidido a protegerse de toda forma de procesamiento.”, ha señalado Champa Patel, directora de la Oficina de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía.
“Esta legislación representa una amenaza al derecho de las familias a la justicia, la verdad y la reparación y podría incumplir la obligación de Myanmar de enjuiciar los delitos de derecho internacional”.
“Myanmar es un país donde los funcionarios del Estado y los miembros de las fuerzas de seguridad pueden cometer y cometen violaciones de derechos humanos sin tener que preocuparse por las consecuencias. En vez de afianzar aún más esta impunidad, las autoridades debe tomar medidas para garantizar que las víctimas y sus familiares consiguen la verdad y la justicia que merecen”.
Información complementaria
La ley se presentó por primera vez poco después de la aplastante victoria de la formación de oposición Liga Nacional para la Democracia en las elecciones generales del 8 de noviembre de 2015. El nuevo gobierno de la Liga Nacional asumirá el poder a principios de abril.
En los últimos años, las autoridades Myanmar se han enfrentado a acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos en el contexto de los conflictos armados internos, y han continuado con la persecución patrocinada por el Estado de la minoría musulmana rohingya.
Amnistía Internacional ha documentado también diversas violaciones de derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, algunas de las cuales constituyen delitos de derecho internacional.
En Myanmar, los funcionarios del Estado, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad, están ya protegidos de procesamiento por violaciones de derechos humanos cometidas estando el país bajo gobierno militar en virtud del artículo 445 de la Constitución de 2008. La competencia exclusiva del sistema de justicia militar sobre los miembros de las fuerzas armadas supone también que nunca o sólo muy raras veces se haga rendir cuentas al personal militar por los delitos que comete.
Amnistía Internacional pide a Myanmar que revoque o reforme de inmediato la Ley de Seguridad de ex Presidentes para garantizar que no se concede inmunidad a los autores de delitos de derecho internacional. La organización insta también al nuevo gobierno que está a punto de comenzar a desempeñar sus funciones a que tome medidas concretas para mejorar la rendición de cuenta por violaciones de derechos humanos en el país.