Las empresas tecnológicas deben rechazar la represiva normativa de China sobre Internet

Las empresas tecnológicas deben rechazar los intentos de las autoridades Chinas de influir en la gobernanza global de Internet por medios que coartan la libertad de expresión y exacerban los abusos contra los derechos humanos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional cuando China se dispone a albergar en su país una importante cumbre sobre Internet.

Las autoridades chinas pretenden reescribir las reglas de Internet para que la censura y la vigilancia sean la norma en todas partes. Es un ataque declarado contra las libertades en Internet.
Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental

 

Está previsto que el presidente, Xi Jinping, pronuncie un discurso ante los altos ejecutivos de las empresas tecnológicas globales que asistirán a la Conferencia Mundial sobre Internet en Wuzhen, en el este de China, que comienza este miércoles y durará tres días.

EL gobierno chino dirige uno de los regímenes de censura de Internet más represivos del mundo. Las autoridades siguen empleando una legislación de formulación imprecisa para actuar arbitrariamente contra personas individuales sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión en línea. Desde que el presidente Xi Jinping llegó al poder, cientos de personas han sido detenidas únicamente por expresar sus opiniones en Internet.

“Bajo el disfraz de la soberanía y la seguridad, las autoridades chinas pretenden reescribir las reglas de Internet para que la censura y la vigilancia sean la norma en todas partes. Es un ataque declarado contra las libertades en Internet”, ha dicho Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.

“Las empresas tecnológicas, entre ellas Apple, Google, Facebook, LinkedIn y Microsoft, deben estar preparadas para decir que no al represivo régimen de China sobre Internet, y anteponer las personas y los principios a la obtención de beneficios”.

Desde 2014, el gobierno chino ha promovido con creciente insistencia su idea de la “soberanía en Internet” para la gobernanza global de Internet.

Las autoridades han intentado en dos ocasiones que las empresas globales de Internet se comprometan por escrito. En la conferencia inaugural sobre Internet en Wuzhen, celebrada en noviembre de 2014, las autoridades intentaron sin éxito que las empresas firmaran una declaración para instar a la comunidad internacional a “respetar la soberanía en Internet de todos los países”.

En septiembre de este año, el gobierno chino volvió a intentar que las empresas tecnológicas estadounidenses firmaran compromisos por escrito con antelación a la visita de Estado del presidente Xi Jinping a Washington. En virtud de estos escritos, los signatarios se comprometerían a no “dañar la seguridad nacional de China”, a almacenar dentro de China los datos sobre usuarios chinos, y a “aceptar la supervisión de todas las partes de la sociedad”. Los compromisos, así redactados, vendrían a refrendar la posición del gobierno chino, que considera que debería tener facultades ilimitadas para acceder a la información recopilada por las empresas tecnológicas y a sus operaciones.

A pesar de las represivas medidas del gobierno chino, las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos contenidos en las normas internacionales, que incluyen el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y el derecho a no sufrir detención ilegítima. Eso significa que deben preguntar y tomar medidas para asegurarse de que no contribuyen a la comisión de violaciones de derechos humanos.

Una censura demoledora

“Las consecuencias de la 'soberanía en Internet' de China son reales y demoledoras. Consigue el silenciamiento de quienes defienden los derechos de las mujeres, se movilizan contra la corrupción o reclaman un debate sobre la reforma política, y los expone a sufrir largas penas de cárcel si burlan la censura en línea impuesta por las autoridades”, ha explicado Roseann Rife.

“Las empresas tecnológicas no deben mirar hacia otro lado ante semejante represión, ni dar crédito a cualquier noción de soberanía en Internet que constituya un ataque contra el derecho a la libertad de expresión o contra el derecho a la intimidad.”  

El lunes se celebró en Pekín el juicio del abogado Pu Zhiqianq. El conocido abogado de derechos humanos puede ser condenado hasta a ocho años de cárcel por los cargos de “provocar peleas y crear problemas” e “incitar al odio étnico”, principalmente basados en siete comentarios publicados en medios sociales, que sumaban en total 600 caracteres, en los que criticaba al gobierno.

En China siguen bloqueados miles de sitios web, incluidos servicios de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Decenas de frases son censuradas en los medios sociales y en los resultados de búsqueda de Internet, incluida cualquier mención a la represión de la plaza de Tiananmen en 1989. Lu Wei, máximo responsable de Internet en China, ha defendido los controles, calificándolos de necesarios para mantener el orden.

La propuesta de nueva ley de seguridad informática no haría sino agravar en China las ya estrictas medidas de vigilancia masiva y censura en Internet. En virtud de esta legislación y de disposiciones contenidas en otras leyes, como la ley antiterrorista, los proveedores de servicios estarían obligados a almacenar dentro de China todos los datos personales y a entregarlos a las autoridades sin autorización judicial ni vigilancia independiente, a fin de preservar la “soberanía en Internet”.

Información complementaria

En noviembre de 2014, siete personas fueron detenidas por manifestarse en exterior de la sede de la primera Cumbre Mundial de Internet, celebrada en Wuzhen. Los manifestantes habían solicitado a las autoridades chinas que permitieran el acceso a los sitios web prohibidos.  

Los gobiernos de todo el mundo usan cada vez más la tecnología para reprimir la libertad de expresión, censurar información sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, y realizar una vigilancia masiva e indiscriminada so pretexto de la seguridad, a menudo en colaboración con grandes empresas.

Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido han menoscabado las libertades en Internet globalmente con los programas de vigilancia masiva indiscriminada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Jefatura de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) que invaden la vida privada de las personas en todo el mundo. Los programas de vigilancia omnipresente de uno y otro gobierno, y su continua negativa a introducir reformas significativas en ellos, ha sentado un peligroso precedente para otros países.

Las empresas de Internet tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos internacionales en sus operaciones globales. Para ello deben adoptar medidas proactivas que permitan evitar la comisión de abusos graves contra los derechos humanos. Una ley que exija a las empresas almacenar y entregar información privada a las autoridades chinas sin garantías suficientes ni vigilancia adecuada las obligaría a incumplir su responsabilidad de respetar los derechos humanos; las empresas deben negarse a acatar estas medidas para respetar la libertad de expresión y derechos afines. Las empresas no deben revelar información privada de forma voluntaria y acrítica debido a las graves implicaciones que ello tendría.