La campaña concertada de injerencia política por parte del gobierno de Kenia en la independencia judicial de la Corte Penal Internacional (CPI) en la Asamblea de los Estados Partes de esta semana es un sorprendente indicio de lo lejos que llegará este país para negar la justicia a las víctimas de los horribles crímenes cometidos durante los incidentes de violencia postelectoral de 2008, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Kenia intentó chantajear a la Asamblea de los Estados Partes, órgano de supervisión política de la CPI, para que accediera a exigencias que desvirtuarían el juicio del vicepresidente del país, William Samoei Ruto, amenazando con retirarse de la CPI. Si bien la propuesta no fue aprobada, el hecho de que la Asamblea estuviera peligrosamente cerca de ceder a las amenazas de Kenia es una seria advertencia para el futuro.
“Es deplorable que se realizara este esfuerzo para proteger a un solo individuo, el actual vicepresidente de Kenia. El intento de Kenia de interferir con causas que están ante la CPI es sorprendente” ha dicho Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia en África de Amnistía Internacional.
“Los Estados Partes en la CPI deben defender la independencia de la Corte. A ninguno se le debe permitir jamás utilizar la amenaza de retirarse de la CPI para socavar su independencia ni tratar de influir en las actuaciones de un juicio concreto.”
El vicepresidente Ruto está acusado ante la CPI de crímenes contra la humanidad, tales como responsabilidad penal por asesinato, deportación o traslado forzoso de población y persecución.
En la reunión de la Asamblea de los Estados Partes celebrada en La Haya, el gobierno de Kenia utilizó toda su maquinaria diplomática para atacar la independencia de la CPI. Su acción concertada de captación de apoyos iba encaminada a desvirtuar el juicio del vicepresidente keniano utilizando la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para que presionara a los jueces en su interpretación del artículo 68 sobre la admisión de testimonios registrados con anterioridad de algunos testigos que posteriormente se retractaron.
Sin embargo, los esfuerzos del gobierno keniano fueron rechazados por la mayoría de los Estados Partes. Aunque la Asamblea cedió ligeramente ante las exigencias de Kenia al hacer constar la postura de este país sobre el uso del artículo 68 en un informe de los procedimientos, no llegó a decir directamente a los jueces cómo interpretar el artículo.
“Algo así habría supuesto un nivel de injerencia sobre la Corte totalmente inaceptable, pero por suerte los Estados Partes demostraron que la independencia de la CPI era más importante que ceder a las indignantes demandas del gobierno de Kenia”, ha dicho Netsanet Belay.
Amnistía Internacional advierte que la Asamblea de los Estados Partes debe seguir en guardia contra intentos de interferir en la independencia de la Corte. Aunque en esta reunión se ha evitado el peor resultado, los Estados estuvieron peligrosamente cerca de sentar un precedente permitiendo una injerencia política en las funciones judiciales de la Corte. Sin embargo, Amnistía Internacional cree que los jueces serán capaces de resistir cualquier intento aparente o real de interferir en su independencia.
“El que las autoridades de Kenia no hayan sido capaces de garantizar la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de los terribles crímenes cometidos durante los actos de violencia postelectoral demuestra la vital necesidad de que Kenia siga siendo Estado Parte en el Estatuto de Roma bajo la competencia de la CPI”, ha dicho Netsanet Belay.
Información complementaria
Unas 1.100 personas perdieron la vida en los actos de violencia postelectoral, y aproximadamente 600.000 se vieron obligadas a huir de sus hogares. Muchas de las personas heridas o de las familias de los fallecidos aún no han recibido justicia ni reparación. Mientras, la mayoría de los perpetradores aún no han sido procesados.
Los cargos por crímenes contra la humanidad presentados contra Uhuru Kenyatta, actual presidente de Kenia, se retiraron en diciembre de 2014. La fiscalía afirmó que el gobierno keniano se había negado a entregar pruebas fundamentales para el caso y que los testigos habían sido sobornados e intimidados.
El juicio de Ruto, actual vicepresidente, y de Sang, continúa. Ambos están acusados de crímenes contra la humanidad, tales como responsabilidad penal por asesinato, deportación o traslado forzoso de población y persecución.