La Cumbre UE-África de La Valeta no debe disfrazar el control fronterizo de “cooperación”

Mientras los líderes de la Unión Europea (UE) y los jefes de Estado africanos se preparan para reunirse en Malta los días 11 y 12 de noviembre en una “Cumbre sobre Migración”, Amnistía Internacional  quiere hacer una seria advertencia a todos los líderes asistentes sobre el peligro que representan los acuerdos de control de fronteras y de la migración que no incluyen salvaguardias para los derechos humanos.

Se espera que en la Cumbre los líderes de la UE y de África acuerden una declaración conjunta aparentemente dedicada a salvar vidas y a la protección de las personas refugiadas, el desarrollo y la migración legal y la movilidad. Sin embargo, hasta ahora la respuesta de la UE y de sus Estados miembros a la llegada de personas refugiadas y migrantes viene centrándose en mantenerlas fuera, impidiendo su llegada y facilitando su devolución, sin que se hayan tomado medidas significativas para aumentar la movilidad ni las rutas seguras y legales para los refugiados. Pocos cambios se esperan en la Cumbre de La Valeta y en la posterior Cumbre Europea del 12 de noviembre.

“Los compromisos declarados con los derechos humanos en La Valeta no serán más que palabras vacías si la Cumbre no desemboca concretamente en un aumento de la disponibilidad de plazas de reasentamiento y en garantías inequívocas para los derechos humanos en los acuerdos que se hagan sobre control de fronteras y de la migración”, afirmó Iverna McGowan, directora en funciones de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.

“En el orden del día y la declaración de La Valeta brillan por su ausencia unas propuestas claras y concretas sobre rutas seguras y legales, y los acuerdos bilaterales entre bastidores podrían tener graves consecuencias negativas para los derechos humanos. La falta de transparencia en torno a muchos de estos acuerdos ya es una señal de aviso.”

En el orden del día y la declaración de La Valeta brillan por su ausencia unas propuestas claras y concretas sobre rutas seguras y legales.
Iverna McGowan, directora en funciones de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas

En los últimos diez años, la UE y sus Estados miembros han suscrito diversos acuerdos de cooperación con los países vecinos y los países africanos para reforzar los sistemas de control de fronteras y facilitar la devolución de personas migrantes. Algunos de ellos han expuesto a los solicitantes de asilo y migrantes que están en los países colaboradores a detenciones arbitrarias, devoluciones y malos tratos.

Además, las negociaciones para alcanzar acuerdos de cooperación con terceros países son en gran medida muy poco transparentes, y rara vez se hacen públicos los detalles sobre disposiciones prácticas de cooperación, como por ejemplo, la cooperación entre España y Marruecos durante las expulsiones sumarias de los enclaves españoles en este país. Tampoco hay ningún mecanismo con el que evaluar el impacto de la cooperación de la UE o de sus Estados miembros con terceros países en la capacidad de acceder a procedimientos de asilo.

Las personas que consiguen llegar a Europa son a menudo objeto de devoluciones en virtud de acuerdos de readmisión de la UE o bilaterales que establecen procedimientos para la expulsión de personas que no son ciudadanas de la UE y que están en la Unión sin autorización, devolviéndolas a su país de origen o a países colaboradores de tránsito. Aunque los acuerdos de readmisión deberían afectar sólo a los migrantes en situación irregular, se teme que se esté enviando de regreso también a solicitantes de asilo sin permitirles el acceso a los debidos procedimientos. El problema es especialmente preocupante en la zonas fronterizas, donde se aplican procedimientos acelerados y hay menos posibilidades de apelar contra la expulsión. Cuando son devueltas a países de tránsito, estas personas corren el riesgo de quedar abandonadas a su suerte sin estatuto jurídico reconocido y expuestas a sufrir violaciones de derechos como el derecho de asilo, el derecho a la libertad y el derecho al trabajo.

“Dado que la UE parece dispuesta a reclutar a los países africanos como guardianes por poderes, es probable que la Cumbre de La Valeta derive en un contrato de control fronterizo unilateral disfrazado de acuerdo de cooperación. Las personas refugiadas y migrantes merecen y tienen derecho a algo mejor”, concluyó Iverna McGowan.

Dado que la UE parece dispuesta a reclutar a los países africanos como guardianes por poderes, es probable que la Cumbre de La Valeta derive en un contrato de control fronterizo unilateral disfrazado de acuerdo de cooperación.
Iverna McGowan

Amnistía Internacional pide a los líderes de la UE que aumenten las rutas seguras y legales a Europa, incluso por medio del reasentamiento, la reunificación familiar y las admisiones humanitarias. Esto es especialmente pertinente en el contexto de la Cumbre de La Valeta, dado que casi el 50 por ciento de las personas que llegan a Italia desde el norte de África proceden de los primeros 10 países productores de refugiados, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Las rutas seguras y legales deben figurar en el orden del día de la próxima Cumbre Europea de La Valeta y en la respuesta de la UE a la crisis global de refugiados sin demora.

Información complementaria

Aunque los derechos humanos de los migrantes, incluida la necesidad de protección de los solicitantes de asilo, se consideran parte esencial de la política exterior de migración de la UE, muchos convenios de cooperación tienen principalmente por objeto impedir la migración irregular y devolver a personas por medio de acuerdos de readmisión, en vez de, por ejemplo, abrir más cauces legales para la migración o promover los derechos humanos de migrantes y refugiados.

Los convenios de cooperación adoptan distintas formas, como diálogos bilaterales o regionales sobre políticas, acuerdos sobre concesión de visados y readmisión, y financiación y apoyo operativo de organismos de la UE como Frontex. Abarcan la financiación de material de vigilancia fronteriza, la formación de guardias de fronteras y guardacostas, y el establecimiento de redes de intercambio de información para que terceros países puedan cortar el paso a los migrantes y refugiados antes de que lleguen a Europa.

In 2011, la Comisión Europea presentó una evaluación de los acuerdos de readmisión que había firmado la UE y formuló recomendaciones concretas para excluir a los nacionales de terceros países de este tipo de acuerdos y para aplicar cláusulas de suspensión en caso de riesgo grave y persistente de violación de derechos humanos para las personas readmitidas. La Comisión recomendó también la participación de organizaciones internacionales y no gubernamentales en los “comités mixtos de readmisión” que vigilan la ejecución de los acuerdos de readmisión de la UE. No se siguió ninguna de estas recomendaciones en, por ejemplo, el acuerdo de readmisión que la UE firmó con Turquía en diciembre de 2013.