Chile: Urge avanzar en el derecho a decidir después del arresto de una joven tras un aborto clandestino

El arresto de una joven de 22 años en Temuco por el delito de aborto consentido demuestra una vez más que las autoridades chilenas no tienen tiempo que perder para avanzar con legislación pendiente para despenalizar el aborto, dijo Amnistía Internacional hoy.

La joven fue arrestada el martes 10 de noviembre y está siendo investigada debido a una denuncia de personal de la salud del hospital donde ella habría llegado con una hemorragia tras el uso de Misoprostol, un medicamento a veces usado para interrumpir el embarazo.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, a la joven se la ha impuesto un arresto domiciliario parcial y firma mensual en Carabineros como medidas cautelares.

“Criminalizar el aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas”, señaló Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

“Es imperativo que a esta joven se le levante el arresto domiciliario y se le dé la atención médica que pueda necesitar en el futuro”.

Criminalizar el aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres y niñas. Es imperativo que a esta joven se le levante el arresto domiciliario y se le dé la atención médica que pueda necesitar en el futuro.
Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile

El Código Procesal Penal, que data del año 2000, establece que los profesionales de la salud que notaran en una persona señales de un delito, tienen la obligación de denunciar dicho delito. Esto incluye el delito de aborto consentido. Para contrarrestar esto, en 2009 el Ministerio de Salud dictó una normativa que establece que no debe pedirse a las mujeres y niñas que “confiesen” haberse sometido a un aborto clandestino para poder recibir atención médica de urgencia a consecuencia de la intervención. Sin embargo, no todos los profesionales de la salud interpretan esta normativa de la misma forma, y algunos priorizan la obligación de denunciar por temor a ser ellos/as mismos/as criminalizados/as.

Este caso demuestra una vez más la urgencia en avanzar lo más rápidamente posible en la tramitación del proyecto de ley que regulará el aborto en tres causales y que se encuentra en el congreso desde enero de 2015. Dentro de dicho proyecto de ley, es fundamental la aprobación de la norma de excepción propuesta, en el sentido que el deber de confidencialidad médica prime por sobre el deber de denunciar tratándose de un delito de aborto.

La confidencialidad médica es un deber ético de las y los profesionales de la salud que es a la vez una garantía de los derechos humanos de todas las personas a la intimidad y a la privacidad y adquiere especial relevancia cuando las mujeres acuden al personal de salud en busca de apoyo ante complicaciones por un aborto.

Es claro que si las mujeres carecen de la certeza suficiente acerca de que su privacidad será respetada y la confidencialidad garantizada como ocurre en Chile hoy, se reducen las posibilidades de que acudan oportunamente a los servicios de salud que necesitan poniendo su salud o vida en riesgo. Así lo ha reconocido el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Organización Mundial de la Salud.

“Instamos a las autoridades al más alto nivel a que envíen una señal clara para que a esta joven se le levanten las medidas cautelares y reciba atención médica y sicológica si lo necesita, y se aseguren que los y las profesionales de salud no sufrirán represalias por cumplir con su deber de confidencialidad médica al atender a una mujer con complicaciones de aborto clandestino tal y como lo manifiesta la normativa de 2009 y las normas internacionales de derechos humanos”, señaló Ana Piquer.

“El día de hoy hemos visto con preocupación en las noticias que en la Comuna de San Ramón en Santiago, al parecer se ha detenido a una joven de 27 años por haberse inducido un aborto, también tras una denuncia por el profesional de la salud que la atendió. Estaremos verificando esta información y pidiendo su liberación si fuera el caso. En el Chile del siglo XXI el derecho a decidir tiene que ser ya una realidad para todas.”