Bangladesh: Dos líderes de la oposición podrían ser ejecutados de forma inminente tras graves defectos en sus juicios y apelaciones

Dos políticos de la oposición podrían ser ahorcados de forma inminente por delitos cometidos durante la guerra de independencia de 1971 tras los graves defectos observados en la tramitación de sus juicios y apelaciones, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En 2013, Ali Ahsan Mohammad Mojaheed y Salauddin Quader Chowdhury fueron condenados a muerte por el Tribunal de Crímenes Internacionales del país por crímenes de guerra y genocidio en juicios en los que no se respetaron las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.

En junio y julio de este año, respectivamente, se confirmaron en apelación sus declaraciones de culpabilidad y sus condenas, y ahora, en el apresuramiento del gobierno por ejecutar a más condenados por crímenes de guerra, se ha acelerado la tramitación de sus recursos. La ONU ha declarado que los procedimientos ante el Tribunal de Crímenes Internacionales no cumplían las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.

El 2 de noviembre se celebrarán las vistas de sus recursos de revisión, que son de hecho sus últimas apelaciones. Si se confirman sus declaraciones de culpabilidad no quedan más vías judiciales para revocar sus condenas a muerte.

Tanto los juicios como los recursos fueron claramente defectuosos y dado que podrían ser condenados a muerte, el error de la justicia por excelencia podría producirse en apenas unos días.
David Griffiths, director de Investigación de Amnistía Internacional para el sur de Asia.

“Tanto los juicios como los recursos fueron claramente defectuosos y dado que podrían ser condenados a muerte, el error de la justicia por excelencia podría producirse en apenas unos días”, declaró David Griffiths, director de Investigación de Amnistía Internacional para el sur de Asia.

“Los delitos cometidos durante la guerra de independencia fueron atroces, pero las condenas a muerte sólo perpetúan la violencia. La ausencia de juicios justos hace que el uso de la pena de muerte sea aún más inquietante.”

El equipo de defensa de Salauddin Quader Chowdhury subrayó la existencia de graves defectos en la vista de su recurso. Por ejemplo, el Tribunal Supremo no rechazó la declaración de un testigo conocido como “PW-6”. Este testigo declaró que una persona que podría corroborar su testimonio había fallecido, cuando en realidad dicha persona estaba viva e incluso había presentado una declaración jurada ante el tribunal para demostrarlo.

En la apelación de Ali Ahsan Mohammad Mojaheed ante el Tribunal Supremo, éste no rechazó la afirmación de la acusación de que había instigado a sus subordinados a cometer abusos contra los derechos humanos a pesar de que no sólo no se había identificado a ninguno de dichos subordinados, sino que ninguno de ellos había declarado en el procedimiento.

Casi todas las sentencias del Tribunal de Crímenes Internacionales creado en 2010 se han dictado contra miembros de partidos de la oposición, sobre todo personas relacionadas con el partido Jamaat-e-Islami.

Las fuerzas partidarias de la independencia también cometieron crímenes graves, pero nadie ha sido investigado ni ha comparecido ante la justicia por ellos.
En la actualidad, 140 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.

Información complementaria:

El Tribunal de Crímenes Internacionales fue creado por el gobierno en 2010 para juzgar a las personas implicadas en crímenes cometidos durante la guerra de independencia de Bangladesh de 1971. En aquella época el ejército paquistaní y sus colaboradores, que luchaban contra las fuerzas partidarias de la independencia, cometieron homicidios masivos, violaciones y migración forzada.

Amnistía Internacional acogió con beneplácito la iniciativa del gobierno de investigar las violaciones masivas y hacer que los responsables respondieran ante la justicia, aunque insistió en que los acusados debían ser sometidos a juicios justos sin recurso a la pena de muerte.

Hasta la fecha, algunos de los juicios se han basado en pruebas defectuosas, se está imponiendo la pena de muerte y algunas de las personas declaradas culpables han sido ejecutadas.