La pena de muerte sigue utilizándose como herramienta en la denominada “guerra contra las drogas”, mientras un alarmante número de Estados de todo el mundo, en claro incumplimiento del derecho internacional, ejecuta a personas condenadas por cargos relacionados con las drogas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre).
Al menos 11 países del mundo –entre ellos Arabia Saudí, China, Indonesia, Irán y Malasia– han dictado condenas de muerte o han ejecutado a personas por delitos de drogas en los últimos dos años, mientras que decenas de Estados mantienen la pena capital para delitos relacionados con las drogas.
Resulta descorazonador que tantos países sigan aferrándose a la falsa idea de que matando a personas conseguirán de algún modo terminar con la adicción o reducir la delincuencia.
Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte
“Resulta descorazonador que tantos países sigan aferrándose a la falsa idea de que matando a personas conseguirán de algún modo terminar con la adicción o reducir la delincuencia. La pena de muerte no sirve para hacer frente a la criminalidad o para proporcionar a quienes necesitan ayuda acceso al tratamiento para superar la drogadicción”, ha manifestado Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.
El derecho internacional limita el uso de la pena de muerte a “los más graves delitos”, definidos en general para incluir únicamente el homicidio intencional. Los delitos de drogas no entran dentro de esta categoría. El derecho internacional también fija como meta que los Estados avancen hacia la abolición de la pena de muerte.
Sin embargo, muchos Estados justifican el uso de la pena de muerte como manera de hacer frente al narcotráfico o a los problemas causados por el consumo de drogas. Estos Estados hacen caso omiso de las pruebas que demuestran que, para poner fin a las muertes relacionadas con las drogas y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, la respuesta que ha resultado efectiva ha sido la basada en los derechos humanos y la salud pública, incluidos la prevención del consumo de sustancias y el acceso a tratamiento. Incluso respecto a la delincuencia violenta, no hay nada que demuestre que la amenaza de la ejecución tiene un efecto más disuasorio que cualquier otra forma de castigo.
En Indonesia, por ejemplo, el gobierno del presidente Joko Widodo se comprometió a utilizar la pena de muerte para combatir una “emergencia nacional en materia de drogas”. Catorce personas declaradas culpables de delitos relacionados con las drogas han sido ejecutadas en lo que va de 2015, y el gobierno ha declarado que denegará las peticiones de indulto presentadas por personas condenadas por cargos de drogas.
“El uso de la pena de muerte para los delitos de drogas no es ni mucho menos el único motivo de preocupación. Shahrul Izani Suparman, por ejemplo, tenía sólo 19 años cuando fue hallado en posesión de más de 200 gr de cannabis, por lo que automáticamente se le consideró culpable de tráfico de drogas y más tarde fue condenado a una pena preceptiva de muerte en Malasia”, ha manifestado Chiara Sangiorgio.
En muchos de los países en los que se impone la pena de muerte por delitos de drogas, la injusticia se ve agravada por el hecho de que las condenas a muerte se dictan tras juicios manifiestamente injustos. En países como Arabia Saudí, Indonesia o Irán, a los acusados se les niega de forma habitual el acceso a abogados, o se los coacciona, mediante tortura y otros malos tratos, para que realicen “confesiones” que se admiten como prueba.
En abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas, principal órgano deliberante de la ONU, se reunirá en un periodo especial de sesiones sobre las drogas para debatir las prioridades sobre el control mundial de drogas, incluido el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas. El último periodo especial de sesiones en torno a este tema tuvo lugar en 1998.
“El periodo especial de sesiones que celebrará la Asamblea General de las Naciones Unidas el año que viene brindará a los Estados una oportunidad crucial de garantizar que las políticas de drogas tanto nacionales como internacionales cumplen el derecho internacional de los derechos humanos. Como primer paso hacia su abolición total, los Estados deben terminar de una vez por todas con el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas”, ha manifestado Chiara Sangiorgio.
Ejemplos de países
- China llevó a cabo más ejecuciones que todo el resto del mundo junto pero, puesto que las cifras sobre la pena de muerte se tratan como secreto de Estado en el país, resulta imposible determinar el número exacto. Basándonos en los datos que se han podido confirmar, se concluye que los casos de personas condenadas por delitos de drogas constituyen una proporción considerable de las ejecuciones llevadas a cabo. En los últimos años, China ha hecho algunos intentos de reducir su uso de la pena capital, por ejemplo reduciendo el número de delitos punibles con la muerte. Sin embargo, los delitos de drogas siguen castigándose con la muerte.
- Indonesia ha ejecutado este año a 14 personas, todas ellas acusadas de tráfico de drogas. Esto ha supuesto un retroceso para un país que, hace tan sólo unos años, contemplaba poner fin a las ejecuciones, y que se ha esforzado con éxito por conseguir la conmutación de las condenas a muerte impuestas a ciudadanos indonesios en otros países. El uso de la pena de muerte en Indonesia está plagado de errores, ya que los sospechosos son torturados de forma habitual para que “confiesen” o son sometidos a juicios injustos.
- Irán es el segundo verdugo más prolífico del mundo, superado sólo por China, y en las últimas décadas ha ejecutado a miles de personas por delitos relacionados con las drogas. Sus draconianas leyes respecto a las drogas significan que una persona puede ser condenada a muerte por estar en posesión de 30 gr de heroína o cocaína. Tan sólo en 2015 se han llevado a cabo más de 700 ejecuciones, muchas de ellas de extranjeros y de personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos.
- El tráfico de drogas se castiga en Malasia con la pena de muerte preceptiva, y las personas halladas en posesión de ciertas cantidades de sustancias ilegales son automáticamente consideradas narcotraficantes. Malasia no hace pública la información sobre las ejecuciones, pero la labor de observación llevada a a cabo por Amnistía Internacional sugiere que la mitad de las penas de muerte impuestas en los últimos años lo han sido por narcotráfico.
- Las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas han experimentado un espectacular aumento en Arabia Saudí en los últimos tres años. En 2014, casi la mitad de las 92 personas de cuya ejecución se tuvo noticia habían sido condenadas por delitos de drogas. El sistema de justicia saudí carece además de las salvaguardias más básicas para garantizar que se protege el derecho a un juicio justo. En muchos casos, las condenas se imponen después de procedimientos injustos y sumarios que en ocasiones se celebran en secreto.
Información complementaria
En 2014 y 2015, Amnistía Internacional registró ejecuciones o condenas a muerte por delitos de drogas en los siguientes países: Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Kuwait, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam.
A día de hoy, los delitos de drogas, que pueden incluir diferentes cargos que van desde el tráfico hasta la posesión, se castigan con la muerte en más de 30 países.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado, y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena capital viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.