Actualización: 24 de marzo de 2020

El conflicto de Yemen no muestra indicios reales de remitir al entrar en su sexto año, y civiles de todo el país y de todas las generaciones continúan sufriendo las peores consecuencias de las hostilidades militares y de las prácticas ilegítimas que grupos armados estatales y no estatales utilizan por igual.

Se están cometiendo violaciones graves de derechos humanos en todo el país, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de crímenes de guerra. Se calcula que, a finales de 2019, más de 233.000 yemeníes habrán perdido la vida por culpa de los combates o de la crisis humanitaria. Mientras, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado más de 20.000 civiles muertos y heridos por los combates desde marzo de 2015. Una crisis humanitaria creada por el ser humano ha crecido de manera vertiginosa, con alrededor de 16 millones de personas que se levantan hambrientas cada día.

Un conflicto cada vez más intenso

Las revueltas populares que estallaron en Yemen en 2011 obligaron al entonces presidente Alí Abdalá Salé a abandonar el poder tras haberlo ejercido durante 33 años, entre acusaciones de corrupción y gobernanza fallida, y en el contexto de un prolongado conflicto no resuelto con los huzíes, grupo armado del norte del país cuyos miembros siguen una rama del islam chií llamada zaidismo.

Salé fue sustituido por su vicepresidente, Abd Rabu Mansur Hadi, lo que permitió organizar la Conferencia de Diálogo Nacional. Después dos años de consultas, la Conferencia presentó un proyecto de nuevo mapa federal que dividía Yemen en regiones sin tener en cuenta factores socioeconómicos o regionales. El mapa recibió un apoyo popular mínimo y se encontró con la firme oposición de diferentes facciones, entre ellas los huzíes.

Los huzíes aprovecharon entonces el descontento popular para consolidar su control de la gobernación de Saada y zonas circundantes en las regiones septentrionales de Yemen. En septiembre de 2014, los huzíes lograron extender su control territorial tomando varias posiciones del ejército y las fuerzas de seguridad en la capital, Saná, gracias en parte a su recién forjada alianza de conveniencia con el expresidente Salé, contra el cual habían luchado durante decenios. Tras la toma de Saná por los huzíes a principios de 2015, el presidente Hadi y los miembros de su gobierno se vieron obligados a huir.

El 25 de marzo de 2015, una coalición de Estados encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos intervino a petición del presidente Hadi, con el objetivo de instalar de nuevo en el poder al gobierno internacionalmente reconocido.

Esta intervención marcó el comienzo de un conflicto armado declarado, con una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas huzíes por parte de la coalición. En los cuatro años siguientes, el conflicto se extendió hasta afectar a todo el país y se multiplicaron las partes en el conflicto, entre ellas algunos grupos armados respaldados por la coalición. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que afirmó que se había retirado de Yemen en octubre de 2019, viene adiestrando, financiando y armando activamente a diferentes grupos armados desde mediados o finales de 2015, favoreciendo así la proliferación de innumerables milicias como el Cinturón de Seguridad, los Gigantes y las Fuerzas de Élite.

En diciembre de 2017, los huzíes consolidaron aún más su dominio tras asesinar a su aliado y expresidente Alí Abdalá Salé, y en la actualidad siguen controlando la mayoría de los centros de población, incluido Saná.

Las conversaciones auspiciadas por la ONU en Suecia, que habían concluido a finales de 2018, dieron lugar a una sucesión de treguas irregulares e inestables a lo largo de 2019, pero no a canjes de prisioneros como se esperaba en un principio. No obstante, el 16 de febrero de 2020, las partes del conflicto acordaron un detallado plan de canjes que se convertiría en el primer intercambio oficial en gran escala de personas detenidas en relación con el conflicto desde 2015.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

Todas las partes del conflicto han reprimido la libertad de expresión y asociación mediante la detención arbitraria, la desaparición forzada, el acoso, la tortura y otros malos tratos bajo custodia, y los juicios injustos.

El gobierno yemení internacionalmente reconocido ha hostigado, amenazado y detenido arbitrariamente a activistas tanto de derechos humanos como de otros ámbitos. Las fuerzas yemeníes respaldadas por Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen llevaron a cabo una campaña de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas que permanecían recluidas en una red de cárceles secretas, en condiciones que podían constituir crímenes de guerra.

Las fuerzas huzíes han detenido y recluido arbitrariamente a personas que habían expresado críticas u oposición, así como a periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí. Amnistía Internacional ha documentado los casos de 66 personas (hombres en su inmensa mayoría) a las que se hizo comparecer, en relación con sus actividades pacíficas, ante el Tribunal Penal Especializado con sede en Saná (un tribunal tradicionalmente reservado a los casos de terrorismo). En todos los casos documentados, los huzíes y sus fuerzas aliadas perpetraron decenas de violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos.

Las condiciones en las prisiones y los centros de detención, incluidos el enorme hacinamiento en las celdas y el inadecuado acceso a atención médica, comida suficiente, agua limpia y saneamiento, provocó que la COVID-19 se propagara en las prisiones gestionadas por los huzíes, y expusiera a las personas allí recluidas a importantes riesgos para la salud. Ninguna de las partes tomó medidas para proteger a las personas detenidas y frenar la propagación del virus en las prisiones y los centros de detención mediante la provisión de mascarillas u otros productos de higiene.

A continuación se exponen los casos de algunas de las personas detenidas por las autoridades huzíes de facto, y por las que Amnistía Internacional ha estado haciendo campaña.

HAMID HAYDARA

Hamid Haydara es un yemení de la comunidad religiosa bahaí que, como otros miembros de su comunidad, ha tenido que sacrificar años de su vida simplemente por su filiación religiosa. Detenido desde diciembre de 2013, fue sometido a un proceso judicial fundamentalmente defectuoso que incluyó denuncias de que había sido sometido a tortura y malos tratos bajo custodia. En enero de 2018 el Tribunal Penal Especializado lo condenó a muerte.

En marzo de 2020, las autoridades huzíes de facto anunciaron la decisión de liberar a Hamid Haydara y revocaron su condena a muerte. Hamid fue puesto en libertad el 5 de julio de 2020, pero se vio obligado a exiliarse.

Hamid Haydara, preso de conciencia bahaí

LOS 10 PERIODISTAS

En el verano de 2015, los huzíes detuvieron a un grupo de 10 periodistas: Abdelkhaleq Amran, Hisham Tarmoom, Tawfiq al Mansouri, Hareth Hamid, Hasan Annab, Akram al Walidi, Haytham al Shihab, Hisham al Yousefi, Essam Balgheeth y Salah al Qaedi.

Los 10 permanecieron recluidos sin cargos ni juicio desde su detención en 2015. Finalmente comparecieron a juicio ante el Tribunal Penal Especializado en diciembre de 2019. A lo largo de su detención, estos hombres sufrieron desaparición forzada, régimen de aislamiento y de incomunicación intermitente y privación de acceso a asistencia médica, y al menos tres de ellos sufrieron tortura y otros malos tratos.

En abril de 2020, el Tribunal Penal Especializado ordenó la liberación de seis de ellos, y condenó a muerte a los cuatro restantes: Akram al Walidi, Abdelkhaleq Amran, Tawfiq al Mansouri y Hareth Hamid.

De los seis periodistas absueltos por el Tribunal Penal Especializado, las autoridades huzíes de facto liberaron a Salah al Qaedi el 26 de abril de 2020, y a los cinco restantes el 15 de octubre de 2020 (cinco meses y medio después de su absolución) como parte de un intercambio de prisioneros.

YOUSSEF AL BAWAB

Youssef al Bawab, padre de cinco hijos, es catedrático de lingüística y una personalidad política. En octubre de 2016 fue detenido arbitrariamente a la salida de la mezquita de su barrio en Saná. Esa misma noche, las autoridades huzíes de facto irrumpieron en su casa y confiscaron sus pertenencias. Sus familiares tardaron tres meses en localizarlo y visitarlo. Las circunstancias de su detención, seguida de la negativa de las autoridades a revelar su suerte y paradero, constituyen desaparición forzada. En abril de 2017 fue acusado de varios delitos, punibles en su mayoría con la muerte, entre ellos ayudar a la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos con información de inteligencia sobre objetivos militares y organización de magnicidios. Durante toda su detención, las actuaciones judiciales contra Youssef al Bawab presentaron graves irregularidades.

El 9 de julio de 2019, el Tribunal Penal Especializado lo condenó a muerte junto a 29 hombres más —figuras políticas y profesores universitarios en su mayoría— por cargos de espionaje para la coalición dirigida por Arabia Saudí, tras un juicio manifiestamente injusto enturbiado por violaciones del debido proceso. Los 30, todos detenidos en 2015 y 2016, están en proceso de recurrir la sentencia.

ASMAA AL OMEISSY

En 2016, Asmaa al Omeissy, madre de dos hijos, se dirigía a Saná cuando los huzíes le dieron el alto en un puesto de control y la detuvieron. A continuación fue sometida a un terrible suplicio que la ha convertido en la primera mujer yemení de la que se sabe que ha sido condenada a muerte por delitos “contra la seguridad del Estado”.

Durante su detención, Asmaa al Omeissy fue brutalmente golpeada, y obligada a mirar cómo propinaban patadas y puñetazos a otros dos detenidos que estaban colgados del techo por las muñecas. Finalmente, en mayo de 2017 fue acusada y remitida al Tribunal Penal Especializado, que habitualmente se ocupa de los casos de “terrorismo” y “seguridad del Estado”. Mientras que los tres hombres detenidos en relación con el mismo caso quedaron en libertad bajo fianza, ella continuó bajo custodia y, el 30 de enero de 2017, el tribunal la condenó a muerte. El 9 de julio de 2019, el tribunal anuló su condena a muerte y la condenó a 15 años de cárcel.

Yemen del Norte y Yemen del Sur se unen y se convierten en la República de Yemen, bajo la presidencia de Ali Abdullah Saleh. Saleh llevaba 12 años siendo presidente de Yemen del Norte. Continúan las tensiones entre el norte y el sur con combates esporádicos.
El vicepresidente Ali Salem Al Beidh abandona el gobierno de Saleh y regresa a Adén, en el sur de Yemen, exigiendo el fin de la marginación económica del sur y la violencia política. En mayo de 1994 estalla una guerra civil que dura tres meses y acaba con la victoria de Saleh.
El asesinato de Hussain Badr al Din al Huthi, fundador del movimiento huzí, desencadena la primera de seis guerras entre el gobierno del presidente Saleh y los rebeldes huzíes en el bastión septentrional del grupo, Saada.
Durante el sexto conflicto, los combates se extienden a Arabia Saudí, que lanza ataques aéreos contra el grupo armado de los huzíes en Saada.
Cientos de personas mueren en la represión de las protestas masivas que piden la destitución del presidente Saleh, el fin de la corrupción y la represión y que se exijan responsabilidades por las violaciones de derechos humanos. El presidente Saleh se ve obligado a dimitir y firmar un pacto de transmisión de poderes.
Con la elección de Abd Rabu Mansur Hadi como presidente se inicia un periodo de transición de dos años. Sin embargo, las fuerzas gubernamentales siguen cometiendo violaciones de derechos humanos —incluidos homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas— contra las fuerzas secesionistas del sur, y se reaviva el conflicto con el grupo armado de los huzíes en el norte.
Los huzíes convocan protestas masivas tras el recorte gubernamental de las subvenciones de los combustibles. El grupo avanza hacia el sur y toma la capital del país, Saná. En febrero de 2015, el grupo disuelve el Parlamento y anuncia planes para un gobierno de transición.
Los enfrentamientos entre partidarios y detractores de los huzíes se intensifican. Luego de que el presidente Hadi solicitase la intervención militar de los estados árabes y del Golfo, una coalición militar dirigida por Arabia Saudí lanza ataques aéreos contra posiciones del grupo armado de los huzíes en Saná y Saada. El presidente Hadi huye a Arabia Saudí. Durante los seis meses siguientes, el conflicto se extiende por todo Yemen.
El conflicto continúa sin remitir durante todo el año. En abril se inician en Kuwait conversaciones de paz auspiciadas por la ONU que, no obstante, se interrumpen a principios de agosto. El 8 de octubre, cuando una multitud acudía en Saná a un funeral, un ataque aéreo efectuado por la coalición dirigida por Arabia Saudí mata a más de 100 personas y deja heridas a más de 500, en uno de los actos con mayor número de víctimas mortales desde el comienzo de los bombardeos de la coalición. Entre 2015 y 2016, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido juntos transfirieron armas por un valor superior a 5.000 millones de dólares estadounidenses a Arabia Saudí, que dirige la coalición militar en Yemen.
La población civil yemení continúa sufriendo a manos de todas las partes en el conflicto. En noviembre, la coalición liderada por Arabia Saudí endureció su bloqueo parcial por mar y aire a Yemen, lo que agravó la crisis humanitaria provocada por el conflicto.
La batalla intermitente por el control de Hudaida causó miles de víctimas; la ONU informó de la huida de casi un millón de personas de la gobernación durante el año. En diciembre, las conversaciones de paz respaldadas por la ONU que se celebraron en Suecia dieron lugar a un acuerdo que incluía el intercambio de prisioneros y un alto el fuego en la gobernación de Hudaida. El año se caracterizó también por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el interior del consulado de Arabia Saudí en Estambul, hecho que impulsó a varios países de la Unión Europea a suspender total o parcialmente sus acuerdos comerciales sobre armas con la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
En agosto, el Consejo de Transición del Sur, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, asumió en la práctica el control de zonas de las gobernaciones de Adén, Abyan y Shabwa tras el estallido de enfrentamientos en Adén y sus alrededores entre su brazo militar, el Cinturón de Seguridad, y fuerzas afines al gobierno yemení internacionalmente reconocido. En octubre, ambas partes firmaron un acuerdo político auspiciado por Arabia Saudí en el que se estipulaba la formación de un nuevo gabinete con representación paritaria del norte y el sur, el regreso del gobierno de Yemen a Adén, con vistas a la reanudación de sus funciones, y la integración de todas las fuerzas militares y de seguridad bajo los ministerios de Defensa e Interior, respectivamente.
Photo by BANDAR ALGALOUD / SAUDI KINGDOM COUNCIL / HANDOUT/Anadolu Agency via Getty Images

La lucha de la población civil por la supervivencia

Además de su responsabilidad por los miles de civiles muertos y heridos, las partes del conflicto han empeorado una crisis humanitaria que ya era grave, desatada por años de pobreza y mala gobernanza, y han causado un sufrimiento humano inmenso.

Debido al alargamiento del conflicto, los mecanismos de afrontamiento de la población civil se han resentido y están al límite. Hoy, 24,1 millones de yemeníes necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. Según UNICEF, el conflicto ha dejado sin sueldo durante tres años a al menos 500.000 personas que trabajan en el sector público, y la organización calcula que hay 12,24 millones de niños y niñas en situación de necesidad.

Las terribles condiciones económicas han agravado la crisis humanitaria ya catastrófica en el país. Ante la inflación del rial yemení y la incapacidad del gobierno para pagar los salarios del sector público, en septiembre de 2018 hubo una ola de manifestaciones que se extendió por todo el sur de Yemen, en las que la población protestaba contra la corrupción y culpaba al gobierno del deterioro de la economía, que ha dejado sin poder comprar productos básicos a la inmensa mayoría de la población yemení.

Mientras, la batalla intermitente por Hudaida que había comenzado a finales de 2017 causó cientos de víctimas civiles; la ONU ha informado de que casi un millón de personas huyeron de la gobernación durante el año. Según el testimonio de gente que había huido entonces, las carreteras minadas, los controles huzíes y los peligros del camino hicieron que, para algunas personas, el trayecto desde Hudaida hasta Adén, que normalmente habría sido de unas seis horas por carretera, se convirtiera en un terrible suplicio de hasta tres días de duración.

El coste humano del conflicto

+20.000
civiles muertos y heridos desde 2015
16 mill.
personas que a diario se despiertan con hambre
3,65 mill.
personas obligadas a huir de sus hogares desde 2015
24,1 mill.
personas que necesitan ayuda humanitaria
Algunas personas transportan el cadáver de Muhammad Mansour, sacado de los escombros de una casa destruida por un ataque aéreo dirigido por Arabia Saudí en Saná (Yemen) el 25 de agosto de 2017. Su hija, Buthaina Muhammad Mansour, sobrevivió al ataque, pero ocho miembros de la familia —entre ellos cinco niños y niñas— perdieron la vida, según contaron otros familiares.
© REUTERS / Khaled Abdullah
Buthaina al Raymi, de cinco años, en el hospital, algunos días después del ataque aéreo que causó la muerte de toda su familia. El ataque aéreo efectuado por la coalición dirigida por Arabia Saudí el 25 de agosto alcanzó un grupo de casas en Saná, causó graves daños en tres de ellas y mató a siete niños y niñas, entre ellos los cinco hermanos y hermanas de Buthaina. La bomba que destruyó un edificio residencial en la capital de Yemen el mes pasado, y mató a 16 civiles e hirió a otros 17 —entre ellos Buthaina, de cinco años, que perdió a toda su familia en el ataque—, estaba fabricada en Estados Unidos.
Essa Bakri, padre de Ayman Bakri, conductor de ambulancias de 16/17 años de edad, que murió en agosto de 2016 durante el bombardeo aéreo lanzado contra un hospital de Médicos sin Fronteras en Abs (gobernación de Hajjah). “Estaba en casa, comiendo con nosotros, cuando le llamaron para que llevara a una paciente al hospital”. En cuanto lanzaron el ataque, su padre sintió que se le partía el corazón. “Lo buscamos por todas partes”. Cuando encontraron a Ayman, seguía sosteniendo a la paciente en sus brazos. Estaba carbonizado. Destrozado por el dolor y consternado, Essa afirma: “mi esposa no volverá a ser la misma, ahora que se han llevado a nuestro hijo”.
© Rawan Shaif
20 de febrero de 2016: Um Abdulrahman lleva en brazos a su hijo de 10 meses. A causa de los bombardeos aéreos de la coalición, han tenido que huir de su hogar en la gobernación de Sada —bastión huzí en el norte del país—, y ahora viven en la vecina gobernación de Amran, un campo para personas internamente desplazadas.
© Rawan Shaif
Complejo Educativo para Niñas de Al Shaymeh (Al Hudayda), alcanzado por misiles de la coalición liderada por Arabia Saudí, 9 de noviembre de 2015.
© Amnesty International
A principios de enero de 2016, un ilegítimo bombardeo aéreo de “par controlado” alcanzó el domicilio de Abdulhaseeb en Saná cuando él y su familia dormían. Consiguieron salvar por poco la vida, gracias a que lograron salir a la calle antes de que dispararan contra su casa por segunda vez. “Lo único que recuerdo es el peso del polvo en mis pulmones […]. Tuvimos suerte. Si no hubiéramos salido de la casa tras el primer ataque, estaríamos todos muertos. Al cabo de unos minutos, oímos el misil, y el fuego envolvió la casa.”
© Rawan Shaif
Hindi Ibrahim, de 25 años y padre de dos hijos, resultó herido por una explosión cuando, en compañía de otros lugareños, intentaba retirar cientos de submuniciones de bombas de racimo de su localidad, en la gobernación de Saada, al norte de Yemen. “[…] nos vimos obligados a retirarlas nosotros mismos por [el peligro para] los niños. En ese momento entré en la casa, puse 10 [submuniciones] en una bandeja y las saqué fuera. Las bombas comenzaron a chocar unas contras, y una explotó. Solté la bandeja, y explotó el resto.”
© Amnesty International
Un niño yemení comprueba los daños tras un ataque con granadas de mortero contra la meridional ciudad de Taiz, lanzado el 3 de febrero de 2016, en el contexto de los persistentes enfrentamientos entre los Comités de Resistencia Popular, leales al presidente Hadi, y el grupo armado de los huzíes.
© AHMAD AL-BASHA/AFP/Getty Images

Todos los bandos cometen abusos y violaciones de derechos humanos

Todas las partes del conflicto de Yemen han cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario. Las fuerzas huzíes, que controlan grandes extensiones del país, han bombardeado zonas residenciales en Yemen y lanzado misiles indiscriminadamente contra Arabia Saudí. La coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos —que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente— continuó bombardeando infraestructuras civiles y lanzando ataques indiscriminados, con el resultado de cientos de civiles muertos y heridos.

Desde 2015, la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ha llevado a cabo decenas de ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles y bienes civiles, que han afectado a viviendas, escuelas, hospitales, mercados, mezquitas, bodas y entierros. Amnistía Internacional ha documentado 42 ataques aéreos de la coalición que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Estos ataques han causado 518 muertos y 433 heridos entre la población civil.

El 28 de junio se utilizó munición guiada de precisión fabricada en Estados Unidos en un ataque aéreo de la coalición contra una vivienda situada en la gobernación de Taiz que causó la muerte de seis civiles, tres de ellos menores de edad. El 1 de septiembre, un ataque aéreo contra un centro de detención controlado por huzíes en la ciudad suroccidental de Dhamar mató a 130 personas detenidas e hirió a 40 más.

Amnistía Internacional ha documentado el uso por la coalición de seis tipos distintos de municiones de racimo, incluidos modelos fabricados en Brasil, Estados Unidos y Reino Unido, en las gobernaciones de Saná, Hayya, Amran y Saada.

A diario se usan armas imprecisas en zonas residenciales, que causan víctimas civiles; este tipo de ataques indiscriminados violan las leyes de la guerra.

Los enterramos el mismo día porque habían quedado completamente destrozados. No había cadáveres que examinar. La carne de uno estaba mezclada con la de otro. Los envolvieron [en mantas] y se los llevaron.

Testimonio recogido por Amnistía Internacional en agosto de 2019 de un familiar de víctimas de un ataque aéreo contra una vivienda en Warzan (gobernación de Taiz) desde Hudaida.

Sobre los grupos armados también pesan acusaciones de abusos muy diversos contra los derechos humanos, incluido el uso de armas imprecisas en zonas residenciales. Desde 2015, Amnistía Internacional ha documentado el impacto del prolongado conflicto armado en Taiz, incluidos los bombardeos indiscriminados de las fuerzas huzíes y otras milicias que han causado cientos de víctimas.

Asimismo, en mayo de 2018, Amnistía Internacional entrevistó a 34 civiles que habían llegado a Adén tras verse desplazados de varios pueblos y ciudades de la gobernación de Hudaida por los enfrentamientos armados. Estas personas hablaron de terribles ataques con morteros, ataques aéreos, minas terrestres y otros peligros en medio de la nueva ofensiva de Hudaida. Las fuerzas huzíes también han militarizado hospitales deliberadamente: emplazaron combatientes en el tejado de un hospital en pleno funcionamiento en Hudaida, poniendo en peligro a numerosos civiles en el interior del edificio.

Vi también a un hombre caminando lo más rápido que podía mientras llevaba una bolsa con su propia orina. Iba todavía conectado a una sonda urinaria mientras huía. No olvidaré esta escena mientras viva. También había muchos niños y niñas. Algunos padres los llevaban en brazos. Vi a 10 o 12 entre la gente que trataba de huir.

Trabajador médico del hospital de Al Thawra

Aparte de las operaciones militares, todas las partes en el conflicto también han contribuido activamente a la crisis humanitaria en Yemen. La coalición ha impuesto restricciones a la entrada de ayuda y artículos esenciales como alimentos, combustible y suministros médicos en Yemen, mientras que las autoridades huzíes de facto han obstaculizado la circulación de ayuda humanitaria dentro del país. Estas restricciones han afectado negativamente al acceso de la población civil yemení a servicios básicos y necesarios, como alimentos y agua potable. Han tenido graves repercusiones para la prestación de asistencia médica, en parte como consecuencia de la falta de disponibilidad de combustible para que los hospitales funcionen.

El prolongado conflicto ha dado lugar a un vacío político y de seguridad y al establecimiento de un lugar seguro para grupos armados y milicias, con la ayuda de otros Estados. Una investigación de Amnistía Internacional reveló que se ha violado a niños de sólo ocho años en la ciudad yemení de Taiz. Todavía no se ha obligado a rendir cuentas a los presuntos perpetradores, entre los cuales hay miembros de milicias respaldadas por la coalición.

Me golpeó con la culata de su fusil y dijo: Te voy a violar. Yo empecé a llorar. Me agarró por el cuello y me empujó al suelo. Yo comencé a gritar. Me golpeó de nuevo y me violó.

Muchacho de 16 años, que afirma haber sido violado a finales de diciembre de 2018 por un miliciano afín a los islahistas en una zona de la ciudad de Taiz controlada por ellos

Armas que alimentan la crisis

Desde que estalló el conflicto, un consorcio de Estados ha suministrado a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos material militar por valor de más de 15.000 millones de dólares de EE. UU. Aunque el principal receptor ha sido Arabia Saudí, Estados occidentales también han suministrado a Emiratos Árabes Unidos buques de guerra, aviones de combate, tanques, vehículos acorazados, armas pequeñas, armas ligeras y repuestos y munición asociados por valor de más de 3.500 millones de dólares.

A pesar de los abrumadores indicios que señalan que estas armas se están usando para cometer crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos en Yemen, Estados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países europeos siguen suministrando armas a los miembros de la coalición, vulnerando obligaciones como las que establece el Tratado sobre el Comercio de Armas de ámbito global para los Estados partes, así como la normativa de la Unión Europea y la legislación nacional.

Una investigación basada en fuentes de acceso público llevada a cabo por Amnistía Internacional puso de relieve el peligro creciente en el conflicto de Yemen debido a que Emiratos Árabes Unidos está armando a las milicias de manera irresponsable con una diversidad de armas avanzadas. La investigación pone de manifiesto cómo Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un importante canal de distribución de vehículos acorazados, sistemas de mortero, fusiles, pistolas y ametralladoras, que se están desviando ilegalmente a incontables milicias acusadas de crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos.

Sólo un reducido número de países, como Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suiza, han dejado de vender y transferir armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros miembros de la coalición.

Amnistía Internacional insta a todos los Estados a que garanticen que no se suministra a ninguna de las partes en conflicto en Yemen —directa o indirectamente— armas, municiones, equipos militares o tecnología que se puedan utilizar en el conflicto hasta que cesen estas graves violaciones. Esto abarca también el apoyo logístico y económico a estas transferencias.

CUANDO LAS ARMAS SE EXTRAVÍAN

La nueva y mortífera amenaza de desvío de armas a las milicias en Yemen.