Dos vallas de gran altura cercan el tribunal militar en la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, donde una multitud de periodistas, diplomáticos y activistas de derechos humanos se apiñaban hace poco bajo un calor de 40 grados, intentando entrar.
Yo era uno de ellos, tras haber viajado desde la vecina Ucrania como observador de un momento clave como el interrogatorio de los testigos en el juicio de Oleg Sentsov, famoso director de cine ucraniano, y el ecologista Aleksandr Kolchenko.
Los dos acusados son de Crimea, y están entre rejas desde que los servicios de seguridad rusos (FSB) los detuvieron poco después de la ocupación de esta península del mar Negro por Rusia en marzo de 2014.
Los argumentos del fiscal militar en su contra parecen una fantasía de un agente de los servicios secretos, ideada para apoyar la guerra de propaganda rusa contra Ucrania.
Su error fue manifestar abiertamente su oposición a la ocupación, lo que dio lugar a una virulenta reacción de las autoridades rusas. Sentsov está acusado de dirigir una organización “terrorista” –la célula local de Sector de Derecha, grupo derechista ucraniano–, y tanto él como Kolchenko están sometidos a juicio por ataques incendiarios contra las oficinas de grupos prorrusos en la capital de Crimea, Simferopol, que las autoridades calificaron de “actos terroristas”. Los dos acusados niegan los cargos y cualquier vinculación con Sector de Derecha.
Hace ya más de un año que están entre rejas, pero podrían continuar en esta situación mucho más tiempo: Sentsov podría ser condenado a cadena perpetua, y Kolchenko a un máximo de 20 años de prisión.
Juicio espectáculo
Además de ser trasladados fuera de Crimea y ser juzgados en virtud de la legislación rusa, el marco de este juicio ha sido incorrecto en su totalidad. Los civiles no deben ser juzgados en tribunales militares por delitos sobre los cuales los tribunales civiles tienen jurisdicción.
La semana pasada, en el tribunal militar los acusados permanecieron en una jaula de hierro dentro de una sala de reducidas dimensiones, aunque se trataba de una audiencia pública. Se comportaron con circunspección, respondiendo escuetamente a las preguntas de los jueces militares.
“Me declaro declaro inocente. […] Creo que esta causa es política y falsa”, dijo Sentsov al comienzo del juicio.
Las actuaciones que se siguen contra Sentsov y Kolchenko han suscitado graves motivos de preocupación en cuanto a la imparcialidad del juicio, además de observarse claros indicios de que la causa incoada en su contra obedece a motivos políticos. No sólo han sido trasladados al territorio continental de Rusia para ser juzgados a kilómetros de distancia de su hogar, sino que Sentsov ha afirmado que fue torturado por agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso –denuncias que no se han investigado realmente– y se impidió a los dos acusados entrevistarse con sus abogados durante cuatro días tras su traslado desde Crimea.
Los argumentos de la fiscalía dependen de tres testigos principales, y hay razones fundadas para sospechar que algunos de ellos también fueron sometidos a tortura y otros malos tratos. Dos testigos fueron acusados junto con Sentsov y Kolchenko, y han sido ya declarados culpables y encarcelados en la misma causa.
La policía escoltó esposado al primer testigo, el activista Aleksei Chirniy, a la sala donde se celebraba el juicio. Chirniy parecía abatido y nunca miró a los otros activistas durante la audiencia. Chirniy está cumpliendo una condena de siete años tras declararse culpable de cargos de incendio intencionado en la misma causa. Sin embargo, su abogado denunció que había confesado bajo tortura.
“Confirmo mis declaraciones anteriores, pero no diré nada más”, dijo Chirniy, mirando hacia el suelo. El fiscal leyó entonces sus “confesiones” anteriores, lo que demoró más de media jornada.
Al día siguiente el fiscal presentó a otro testigo, el abogado Gennadiy Afanasiev. Era la segunda persona declarada culpable en la causa, y también cumple una condena de siete años. Para sorpresa de todos, se retractó de sus testimonios, que según afirmó se obtuvieron mediante coacción. Esta audaz actuación ha causado una considerable preocupación por su seguridad.
“El sistema ruso no perdona este tipo de acciones”, dijo una de las personas presentes en el juicio. Afanasiev ha dicho a observadores penitenciarios locales que miembros de los servicios secretos rusos lo visitaron y lo amenazaron en su celda tras negarse a testificar.
El último testigo era miembro de los servicios de seguridad. Había llevado a cabo una operación encubierta para proporcionar a Chirniy bombas falsas, que es lo que llevó a la detención del activista.
También se mostró material videográfico que presuntamente demostraba la intención de Chirniy de volar una estatua de Lenin y el monumento de la Llama Eterna en Simferopol. El material no incluía mención alguna a Oleg Sentsov, y mucho menos algo que lo señalara como el líder de este presunto “grupo terrorista”.
Otros aspectos del caso son simplemente absurdos. En opinión del fiscal, entre las “pruebas” claras de dirigir un grupo “terrorista” y de planear un enfrentamiento armado con la policía se contaban cosas tan triviales como estar en posesión de envases de medicamentos antidiarreicos y analgésicos en sus domicilios, o tener tarjetas de visita del ministro de deportes ucraniano y del alcalde de Kiev.
Una sentencia del Tribunal Supremo de Rusia, de noviembre de 2014, que prohíbe tres organizaciones derechistas ucranianas, entre ellas Sector de Derecha, cita los argumentos de la fiscalía contra Sentsov y Kolchenko como prueba de que la organización está activa en Rusia. El fiscal parece estar ahora sometido a presiones para probar ese vínculo a toda costa.
Solidaridad de activistas rusos
El juicio sumamente politizado de Sentsov y Kolchenko ha tenido eco no sólo entre sus compatriotas en Ucrania, sino también entre activistas rusos.
Después de una de las vistas, acudí a un parque en Rostov, donde activistas locales organizaban piquetes unipersonales en apoyo de Sentsov y Kolchenko. Esta es la única forma de protesta en Rusia que no requiere autorización previa de las autoridades.
“Creo que es injusto que se juzgue a esta gente por algo que no cometió. Las acusaciones de terrorismo y desestabilización son falsas. Acusar [a alguien] de terrorismo por prender fuego a una puerta –aun en el caso de que lo hubiera hecho– no tiene sentido”, me dijo uno de los piquetes.
Cuando la sentencia se dictará en breve, la estrategia del fiscal casi se ha desmoronado, hasta el punto de que en Rusia hay gente que no está convencida y se siente lo bastante fuerte para hablar sobre este asunto en público.
Amnistía Internacional sigue pidiendo a las autoridades rusas que retiren los cargos absurdos relacionados con el “terrorismo” en esta causa, y que garanticen la protección tanto de los acusados como de los testigos frente a tortura y otros malos tratos.
Una versión de este artículo apareció originalmente en Newsweek