Yemen: Un análisis sobre los ataques aéreos y el uso de armas muestra que las fuerzas encabezadas por Arabia Saudí han matado a decenas de civiles

Una nueva investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional en Yemen, con un análisis sobre el uso de armas, pone de claro relieve el elevado precio que la población civil sigue pagando en los ataques aéreos lanzados por la coalición encabezada por Arabia Saudí sobre todo el país, y demuestra el incumplimiento de las disposiciones del derecho internacional humanitario.

Los investigadores de Amnistía Internacional examinaron ocho ataques aéreos lanzados en distintas partes del país, entre ellos ataques múltiples en la capital, Saná, el 12 y 13 de junio, y en Taiz el 16 de junio. En total, en los ocho ataques murieron 54 civiles (27 niños y niñas, 16 mujeres y 11 hombres), entre ellos un bebé de un día, y 55 resultaron heridos (19 niños y niñas, 19 mujeres y 17 hombres).

“El derecho internacional humanitario establece claramente que las partes enfrentadas deben tomar todas las medidas posibles para prevenir o reducir al mínimo las bajas civiles. Sin embargo, los casos que hemos analizado señalan un patrón de ataques que han destruido casas civiles y se han saldado con decenas de civiles muertos y heridos. No hay ningún indicio de que la coalición encabezada por Arabia Saudí haya hecho nada para prevenir y reparar esas violaciones de derechos humanos", ha manifestado Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.

No hay ningún indicio de que la coalición encabezada por Arabia Saudí haya hecho nada para prevenir y reparar esas violaciones de derechos humanos.
Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis

“Estos ocho casos investigados por Amnistía Internacional deben ser objeto de una investigación independiente e imparcial, ya que pueden haber sido ataques desproporcionados o indiscriminados. Las conclusiones de cualquier investigación que se lleve a cabo deben hacerse públicas, y los sospechosos de ser responsables de violaciones graves de las leyes de la guerra deben comparecer ante la justicia en juicios justos. Todas las víctimas de ataques ilegítimos y sus familias deben recibir reparación completa."

Un triple ataque lanzado el 13 de junio por la coalición contra Beit Meyad, barrio residencial de la capital, Saná, mató a 10 civiles –entre ellos tres niños y cinco mujeres–, e hirió a 28 –entre ellos 11 niños y 10 mujeres– que vivían cerca de los objetivos previstos en los ataques.

En uno de esos ataques, una bomba de 900 kg mató a un niño de 11 años, a dos de sus hermanas, a su hermano y a su primo de 10 años, e hirió a otros cinco miembros de la familia Al Amiri. La bomba, identificada a partir de las marcas de los fragmentos hallados en el lugar por Amnistía Internacional, pulverizó la casa de Yahya Mohamed Abdullah Saleh, sobrino del ex presidente Ali Abdullah Saleh que lleva años viviendo en el extranjero, y causó grandes daños en las casas circundantes.

La mayoría de los vecinos habían huido minutos antes del ataque –el tercero lanzado contra el barrio en menos de 10 minutos–, pero la familia Al Amiri no consiguió escapar a tiempo. “No nos movimos lo bastante rápido", dijo a Amnistía Internacional Mohamed al Amiri, que perdió a cuatro de sus hijos en el ataque.
Un doble ataque lanzado minutos antes a unas calles de distancia destruyó la casa de la familia Al Akwa y mató a Fatma, de 40 años, a sus dos hijos, Malek y Reem, y a dos familiares, e hirió a otros 18 miembros de la familia y a 5 vecinos.

Amnistía Internacional habló con una niña de 12 años que había sufrido quemaduras de tercer grado y heridas de metralla en todo el cuerpo, además de un profundo corte en la cara. Se retorcía de dolor en su cama del hospital mientras contaba a Amnistía Internacional: “Estábamos todos en una habitación, mi madre y mis hermanos, y entonces llegó la explosión y nos hirió a todos. Ahora mi madre, mi hermano pequeño y mi hermana están en otro hospital.” El personal del hospital dijo a Amnistía Internacional que, en realidad, la familia de la niña había muerto en el ataque, y que se lo iban a decir en breve.

El ataque falló su objetivo aparente: Tareq Mohamed Abdullah Saleh, otro sobrino del ex presidente, que posee –aunque no vive en ella– una casa cercana que fue bombardeada más tarde, esa misma noche. La información publicada en los medios de comunicación, que citaba una declaración del gobierno yemení con sede en Arabia Saudí según la cual el ataque había ido dirigido contra Tareq Mohamed Abdullah Saleh y lo había matado, resultó ser infundada.

Estábamos todos en una habitación, mi madre y mis hermanos, y entonces llegó la explosión y nos hirió a todos. Ahora mi madre, mi hermano pequeño y mi hermana están en otro hospital.
Superviviente de un ataque aéreo, de 12 años de edad

El 12 de junio, cinco miembros de la familia Abdelqader murieron en otro bombardeo que destruyó cuatro casas adyacentes en la parte antigua de Saná. El ataque podría haber causado muchas más víctimas si muchos de los vecinos no hubieran abandonado la zona tras un fuerte ataque aéreo dirigido dos días antes contra el recinto cercano del Ministerio de Defensa (200 metros al sur).

El portavoz de la coalición encabezada por Arabia Saudí, el general de brigada Ahmed al Assiri, negó la responsabilidad del ataque, pero un fragmento de la bomba recuperado de los escombros de las casas muestra que procedía de una bomba de 900 kg, el mismo tipo ampliamente utilizado por la coalición en diversas partes de Yemen.

En un ataque anterior investigado por Amnistía Internacional, el mismo tipo de bomba lanzada por la coalición destruyó un grupo de tres casas en el pueblo de Al Akma (gobernación de Taiz) el 14 de abril. Aquel ataque mató a 10 miembros de la familia Al Hujairi, entre ellos siete niños, una mujer y un anciano, e hirió a otros 14 familiares, en su mayoría mujeres y niños.

Rabi Mohamed al Haddadi, un vecino que ayudó a rescatar a los muertos y heridos, dijo a Amnistía Internacional: “Tuvimos que recoger los trozos de cadáver, los cuerpos estaban hechos pedazos."

La bomba, identificada por las marcas en los fragmentos hallados en el lugar por Amnistía Internacional como una bomba de propósito general Mark 84 (MK84, también conocida como BLU-117), diseñada por Estados Unidos, había sido fabricada en 1983 y contenía más de 400 kg de alto explosivo. Las investigaciones sobre el terreno mostraron que la bomba no había detonado al impactar, lo que había limitado la destrucción, potencialmente mayor, y también el número de víctimas civiles.

Ese mismo tipo de bomba mató a 17 civiles e hirió a otros 17 en un ataque aéreo en el noreste de la capital el 1 de mayo. Según el análisis experto de los fragmentos y cráteres hallados en el lugar de otros dos ataques aéreos que alcanzaron los pueblos de Hajr Ukaish y Al Erra, en los alrededores de Saná, allí se utilizaron tipos similares de bombas de entre 225 y 450 kg.

Los testimonios de testigos presenciales recogidos después de estos y otros ataques proporcionan aún más pruebas condenatorias de que las fuerzas de la coalición no están tomando las precauciones necesarias para reducir al mínimo las muertes y heridas de civiles cuando atacan instalaciones militares en zonas controladas por los rebeldes huthis y fuerzas leales al ex presidente. De hecho, algunos de los objetivos aparentes, como las casas propiedad de familiares del ex presidente Ali Abdullah Saleh, no parecen ser objetivos militares, o al menos no parecen ser lo suficientemente importantes como para justificar el riesgo que el atacarlas supone para las personas y los bienes civiles en sus inmediaciones.

Los lugares que han sido objeto de la mayoría de estos ataques tienen un rasgo en común: están cerca –entre varios cientos de metros y unos pocos kilómetros– de bases militares controladas por huthis o por fuerzas leales a Saleh o de otros objetivos militares contra los que la coalición ha lanzado repetidos ataques aéreos.

Por ejemplo, los residentes del pueblo de Al Akma dijeron a Amnistía Internacional que un aeropuerto y base de la fuerza aérea de los huthis o fuerzas leales a Saleh situado a 1,5 km al oeste del pueblo había sido objeto de varios ataques aéreos poco antes y después del ataque del 14 de abril contra su pueblo. La bomba que alcanzó el pueblo destruyó por completo la casa de la familia Al Hujairi y destruyó parcialmente dos casas adyacentes, viviendas pobres hechas de chapa metálica y cartón. Wadhha, vecino de las víctimas, dijo a Amnistía Internacional: “Oí la explosión. Creí que la casa se me iba a derrumbar sobre la cabeza.”

Oí la explosión. Creí que la casa se me iba a derrumbar sobre la cabeza.
Residente de Al Akma.

En el caso del pueblo de Hajr Ukaish, a más de tres kilómetros al norte de la base militar de Jabal Nabi Shuaib, controlada por los huthis y fuerzas leales a Saleh, las fuerzas de coalición alegaron, al parecer, que tres casas adyacentes reducidas a escombros en un ataque aéreo, en el que murieron 11 miembros de la familia Al Ukaishi y 6 resultaron heridos, se habían utilizado para almacenar armas. Los familiares que sobrevivieron niegan esta afirmación, y aseguran que son agricultores. Un investigador de Amnistía Internacional que visitó el lugar no encontró indicios que respalden la afirmación de que el objetivo era un almacén de armas. Las fuerzas de la coalición no han proporcionado hasta el momento prueba alguna que fundamente su afirmación.

“Incluso aunque el objetivo previsto hubiera sido de hecho un escondite de armas, no justificaría un ataque tan mortífero contra hogares de civiles sin previo aviso. Quienes planificaron el ataque aéreo tenían que haber sabido que probablemente causaría un elevado número de bajas civiles, y no tomaron las medidas necesarias establecidas por el derecho internacional humanitario", ha manifestado Donatella Rovera.

Incluso aunque el objetivo previsto hubiera sido de hecho un escondite de armas, no justificaría un ataque tan mortífero contra hogares de civiles sin previo aviso.
Donatella Rovera

Desde que comenzó la intervención militar encabezada por Arabia Saudí el 25 de marzo de 2015, Amnistía Internacional ha investigado 17 ataques aéreos diferentes en cinco zonas de Yemen (Sada, Saná, Taiz, Al Hudayda, Hajjah e Ibb). En ellos han muerto al menos 223 personas, de las que al menos 197 eran civiles (32 mujeres y 68 niños y niñas), y 419 han resultado heridas, entre ellas al menos 259 civiles.

Según datos recientes de la ONU, en tres meses de conflicto armado han muerto más de 1.400 civiles y 3.400 han resultado heridos.