Raif Badawi: Secreto, arbitrariedad e incertidumbre, los atributos de la 'justicia' en Arabia Saudí

De Sevag Kechichian, investigador sobre Arabia Saudí de Amnistía Internacional

Hoy, como tantas otras personas en todo el mundo, quería saber si volverían a sacar a Raif Badawi de la celda para darle sin piedad otros 50 latigazos en una plaza pública de Yidda.

Es la misma incertidumbre que ha mantenido a la gente en vilo a durante 23 semanas, desde que el 9 de enero de este año se infligió por primera vez este acto de crueldad al bloguero encarcelado. Ese día, un público numeroso se reunió en la plaza tras la oración del viernes para presenciar el odioso espectáculo.

Aunque la flagelación y otros castigos crueles, inhumanos y degradantes son moneda corriente en Arabia Saudí, no tienen por qué realizarse los viernes y de forma pública. A menudo, un halo de secretismo rodea las numerosas decapitaciones y otras ejecuciones que se realizan en el país, y que han experimentado un macabro aumento desde principios de este año.

Amnistía Internacional ha hecho campaña a favor de la liberación de Raif desde su detención en 2012. Tras su flagelación, la organización se unió a más de un millón de activistas, periodistas y líderes políticos para pedir que se ponga fin a este horror y su liberación inmediata.

Sin embargo, estas peticiones han ido a parar a oídos sordos. De hecho, han provocado una actitud incluso más desafiante por parte de los gobernantes del reino saudí.

Este desafío público volvió a quedar patente ayer, cuando un funcionario anónimo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí rechazó la "injerencia" internacional en el poder judicial del país y desestimó con indiferencia el clamor internacional en contra de que Raif pueda ser flagelado, basándose en que ni el tribunal ni las autoridades habían emitido ningún comunicado oficial al respecto.

Es surrealista que una fuente ministerial no identificada menosprecie la preocupación internacional por una sentencia que representa una flagrante violación del derecho internacional. ¿Es posible que las autoridades realmente piensen que este tipo de castigos son tan cotidianos que no merecen protestas a favor de la dignidad humana?

Asimismo, el hecho de que la Corte Suprema filtrara su decisión a última hora de la noche a un periódico controlado por el gobierno y de que se permitiera que ese medio volviese a tratar a Raif de forma degradante dice bastante sobre el tipo de justicia y dignidad humana que apoyan las autoridades.

El Tribunal Supremo debería haber procurado a Raif y a sus abogados una copia de la decisión judicial. Por supuesto, su abogado principal, Waleed Abu al Khair, también está cumpliendo una pena de cárcel, siendo así el primer abogado de derechos humanos que es condenado en virtud de una draconiana ley antiterrorista de 2014, a la que claramente se han acogido en este caso para entorpecer su trabajo.

Tal vez las autoridades pensaban que sus aliados occidentales no iban tan siquiera a pestañear por que estuvieran tratando a un defensor de los derechos humanos como Waleed Abu al Khair como si fuera un miembro del grupo autodenominado Estado Islámico (EI).

Pero, ¿quién sabe?

Las autoridades parecen olvidar que el caso de Raif había llegado de forma misteriosa al Tribunal Supremo en diciembre de 2014, después de que ni Waleed ni Raif hubieran podido recurrir la resolución previa. Resulta que el caso lo había enviado alguien del Tribunal Real, muy distinto de los tribunales de justicia, del que se ocupa prácticamente el rey en persona.

Semejantes secreto y sigilo no se limitan al caso de Raif Badawi.

Efectivamente, las autoridades de Arabia Saudí parecen pensar que está bien prohibir que los abogados hablen de los casos de sus clientes. Obligan a los abogados a firmar un compromiso de no compartir con nadie los documentos del tribunal y, al mismo tiempo, de proporcionar a los medios de comunicación controlados por el Estado una visión parcial de la evolución de los casos.

Esto es hipocresía pura y dura. En Arabia Saudí, el poder judicial no es independiente por ley del poder ejecutivo, algo que queda muy patente en su labor de perseguir de forma sistemática e incesante a activistas de derechos humanos humanos y disidentes pacíficos del país. Al igual que Waleed Abu al Khair, muchos de ellos están recluidos en una celda solamente por defender los derechos humanos de sus compatriotas.

Es el caso de Suliaman al Rashudi, un ex juez de 80 años que fue detenido en diciembre de 2012, dos días después de haber dado una charla privada sobre la legalidad de las protestas pacíficas en el marco de la ley islámica (sharia). Se lo llevaron sin orden de detención a cumplir una pena de 15 años que había sido confirmada por un tribunal de apelación sin su conocimiento. Para alguien de su edad, esto equivale a la pena de muerte.

Y no es el único. Otros diez miembros fundadores del grupo de derechos humanos de al Rashudi, la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, han sido enviados uno tras otro a distintas cárceles del país, tras unos juicios manifiestamente injustos y con penas más severas que las que imponen a los combatientes saudíes que se unen al EI.

Así que dejémonos de tonterías. El poder judicial saudí no es independiente. El rey dirige en persona los distintos poderes del Estado y gobierna por decreto. Y nadie se toma en serio los comentarios repentinos procedentes de fuentes formales anónimas.

Lo que amenaza la independencia judicial no son las críticas internacionales, sino la legislación nacional y la injerencia del poder ejecutivo, que se han burlado de este baluarte fundamental del Estado de derecho y de los derechos humanos. ¿Quién sabe a qué tipo de amenazas para sus vidas y sus medios de subsistencia se han enfrentado otros jueces tan respetables como Suliaman al Rashudi cuando han tratado de mantener su independencia?

Para abordar las flagrantes deficiencias de la justicia saudí es necesario llevar a cabo reformas fundamentales. Pero no podemos dejar que Raif Badawi y otros presos de conciencia se pudran entre rejas mientras esperan estas reformas. Instamos al rey Salman a que haga lo correcto y garantice que Raif Badawi queda en libertad inmediata e incondicional. El mes santo de ramadán, que está a punto de empezar, suele ser una ocasión en que las autoridades ponen en libertad a presos. Consecuentemente, el rey debería aprovechar este momento para poner en libertad a Raif Badawi, retirar la amenaza de más latigazos y permitir que se reúna con su familia, que también ha sufrido cada una de las etapas brutales de este juicio y castigo injustos.

Ya es hora de que termine esta parodia de la justicia cruel y vengativa.

Este artículo también se ha publicado en Newsweek.