Las autoridades iraníes deben conmutar con urgencia la condena de muerte a Ehsan Shah Ghasemi, joven de 24 años que corre riesgo inminente de ejecución tras un juicio con irregularidades que suscitó serias dudas acerca de su culpabilidad, ha manifestado Amnistía Internacional.
Ehsan Shah Ghasemi fue condenado a muerte por haber apuñalado a Ali Khalili en el cuello en julio de 2011, causándole lesiones que, presuntamente, le provocaron la muerte tres años más tarde, en abril de 2014. El Tribunal Supremo aprobó la condena pese a la falta de pruebas concluyentes de que el apuñalamiento fuera la causa de la muerte. Se espera que en los próximos días la ratifique el presidente de la Magistratura de Irán.
“Ehsan Shah Ghasemi está viviendo una angustiosa pesadilla que conduce a la horca. Su vida está ahora en manos del presidente de la Magistratura, que debe decidir si el joven debe ser ejecutado tras un juicio con graves irregularidades”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Ehsan Shah Ghasemi está viviendo una angustiosa pesadilla que conduce a la horca. Su vida está ahora en manos del presidente de la Magistratura, que debe decidir si el joven debe ser ejecutado tras un juicio con graves irregularidades.
Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
“La pena de muerte es siempre un castigo cruel e inhumano, pero el caso de Ehsan Shah Ghasemi suscita tan serias dudas que la posibilidad de que sea ejecutado resulta más horrible aún.”
Ehsan Shah Ghasemi fue detenido en julio de 2011 por apuñalar a Ali Khalili durante una pelea callejera, cuando éste intentó impedirle poner música “ilegal” a un volumen muy alto en el automóvil donde viajaba junto con unos amigos.
Tras ser detenido, lo recluyeron durante dos semanas en el centro de detención de Kahrizak, donde afirma que sufrió tortura y otros malos tratos. Estando bajo custodia, intentó ahorcarse con las sábanas de la cama. Según otros reclusos, los guardias de la prisión lo golpearon con porras por todo el cuerpo al encontrarlo inconsciente en la celda.
Posteriormente, en 2012, un tribunal penal de Teherán lo condenó a tres años de prisión y al pago de una indemnización (diyah). Ese mismo año, Ali Khalili y su padre le concedieron un indulto, por lo que se sobreseyó la causa.
Sin embargo, Ehsan Shah Ghasemi fue detenido de nuevo al fallecer Ali Khalili en marzo de 2014. En octubre de 2014, tras un rápido juicio, lo condenaron a muerte en virtud del principio de “castigo equivalente al delito” (qesas).
No se le permitió contratar los servicios de un abogado de su elección, y no tuvo asistencia letrada hasta que el fiscal llevó el asunto a juicio. Se cree, además, que, tras sufrir intimidaciones, su abogado se retiró de la causa antes de la primera sesión judicial. Se le asignó entonces uno de oficio, al que vio por primera vez en el juicio.
“Si el presidente de la Magistratura de Irán no garantiza la conmutación de esta condena, se cometerá un error irreparable, como consecuencia del cual se ahorcará a un joven pese a haber múltiples explicaciones alternativas y no existir pruebas claras ni convincentes. El ayatolá Sadegh Larijani debe garantizar que se celebra un nuevo juicio, que cumpla estrictamente las normas internacionales sobre juicios justos y en el que no se recurra a la pena de muerte”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.
Un dato significativo es que Ehsan Shah Ghasemi fue detenido de nuevo en 2014, más o menos a vez que el Parlamento de Irán estaba examinando la Ley de Protección de Quienes Promueven la Virtud y Previenen el Vicio, que autoriza a los ciudadanos a oponerse a las conductas o comportamientos considerados “anti-islámicos”. Desde entonces, las autoridades han calificado públicamente a Ali Khalili de “mártir”, muerto por promover los dogmas del islam.
“Se teme que las autoridades iraníes hayan manipulado esta tragedia personal con fines políticos”, ha explicado Hassiba Hadj Sahraoui.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de quién sea la persona juzgada, el delito del que se la acuse, su culpabilidad o inocencia y el método de ejecución. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida.