Personal de Amnistía Internacional, expulsado de Marruecos

La expulsión de Marruecos de dos expertos de Amnistía Internacional es un intento flagrante de impedir la investigación legítima sobre los derechos humanos y amordazar la crítica en el país, ha afirmado la organización.

La policía marroquí ha retenido hoy, por separado, a John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía para Europa y Asia Central, y a Irem Arf, investigadora sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes.  Les han confiscado el pasaporte y los han sometido a preguntas en sendas comisarías de policía de Rabat y Ujda, respectivamente, antes de ponerlos en dos vuelos con destino a Londres y París.

“Con sus acciones de hoy, Marruecos ha puesto en evidencia que su digno discurso acerca de que es un país abierto no es más que palabrería”, ha manifestado Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.

La decisión de expulsar de Marruecos a nuestro personal cuando había iniciado sus investigaciones sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas suscita seriamente la sospecha de que las autoridades tengan algo que ocultar.
Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional

“La decisión de expulsar de Marruecos a nuestro personal cuando había iniciado sus investigaciones sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas suscita seriamente la sospecha de que las autoridades tengan algo que ocultar.”

El equipo de Amnistía Internacional ha sido expulsado pese a haber informado previamente a la autoridades de su visita. La organización había recibido garantías de palabra y por escrito, la última vez en mayo, en una reunión con funcionarios marroquíes, de que podía visitar el país sin autorización previa. Su personal llegó a Marruecos el lunes, para realizar una visita de investigación sobre la situación de las personas refugiadas y migrantes al norte del país, en las fronteras con España.

La policía marroquí ha abordado a Irem Arf y a su traductor en Ujda en torno a las doce menos veinte de la mañana. Le ha confiscado el pasaporte y la ha retenido durante horas para hacerle preguntas acerca de con quién pensaba reunirse, entre otras cosas. Luego la ha informado de que tiene que abandonar el país. Alrededor de las dos de la tarde, la han llevado en un vehículo al aeropuerto, donde ha estado bajo vigilancia policial hasta que, esta misma noche, la han puesto en un vuelo con destino a París.

A John Dalhuisen se lo ha llevado hoy la policía de su hotel, en Rabat, hacia mediodía. Ha estado recluido en una comisaría, donde le han hecho preguntas en tono cortés durante más de cuatro horas. Le han entregado una orden de expulsión donde se alude a “una amenaza para el orden público” como motivo oficial de ello, y  le han prohibido volver a entrar en el país.

No es la primera vez que se obstaculiza el trabajo de Amnistía Internacional en Marruecos en los últimos meses. En septiembre de 2014, las autoridades marroquíes prohibieron un campamento juvenil de la organización, y al mes siguiente denegaron el permiso de entrada a una delegación de investigación. Asimismo, Amnistía Internacional canceló una segunda visita de investigación prevista para noviembre de 2014 tras imponer las autoridades marroquíes condiciones relativas a cómo debía realizarse.

Anteriormente se había negado el acceso de Amnistía Internacional a Marruecos durante tres años, entre 1990 y 1993. Desde entonces la organización no había sufrido restricciones para visitar el país hasta octubre del año pasado.

La relación entre Amnistía Internacional y las autoridades marroquíes se ha deteriorado acusadamente desde que la organización lanzó, en 2014, la campaña Stop Tortura, en la que se ha denunciado detalladamente el uso continuo de tortura en Marruecos.

“Los intentos de las autoridades marroquíes de frustrar el trabajo de la organización en el país y nuestra capacidad para investigar presuntos abusos contra los derechos humanos tienen lugar contra un fondo de crecientes restricciones impuestas a los grupos locales de derechos humanos”, ha añadido Anna Neistat.

“En vez de expulsarnos, la autoridades marroquíes deben mostrar que no tienen nada que ocultar, permitiendo a quienes investigan los abusos contra los derechos humanos el acceso irrestricto a las personas más expuestas a sufrirlos.”