El negocio de los derechos humanos en las Américas: No hay dinero, no hay justicia

De Salil Shetty

Por Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional.

Los pasillos llenos de acción durante el Foro Económico Mundial pueden ser excepcionalmente reveladores.

Por un lado, uno se puede cruzar con algunas de las mentes más agudas de negocios del mundo, deseosas de encontrar nuevas formas de expandir sus empresas y, al mismo tiempo,contribuir al desarrollo de las jóvenes democracias . Por otro lado, se llega a conocer a los líderes de la sociedad civil que ven, de primera mano, las consecuencias de las acciones de gobiernos y las corporaciones cuando pisotean los derechos humanos de las mujeres, de las comunidades indígenas y de los grupos socialmente excluidos que pocas personas toman en cuenta.

Mientras me preparo para asistir a la edición de las Américas del Foro Económico Mundial en Cancún no puedo dejar de pensar en el gran progreso que se ha hecho en esta región en los últimos años.

Millones de personas han salido de la pobreza en la última década. Han sido capaces de acceder a puestos de trabajo, poner comida en la mesa, ver a un médico cuando lo necesitaron y enviar a sus hijos e hijas a la escuela.

En muchos aspectos, el "desarrollo" ha sido bueno, pero cuando se trata, como es el caso en las Américas, sin un plan sostenido a largo plazo que beneficie a todo el mundo, los problemas no tardan en mostrarse.

En las Américas, junto a los rascacielos brillantes y crecientes industrias, las escuelas y hospitales cuentan otra historia muy diferente.

La región sigue siendo el hogar de 10 de los 15 países más desiguales del mundo.

La enorme desigualdad de ingresos significa que en todos los rincones de esta vasta región, vibrante y rica en recursos, millones siguen enfrentándose a una realidad terrible.

Esta masa relativamente invisible de gente lucha por sobrevivir en medio de la pobreza, la violencia, la brutalidad policial y los altos niveles de discriminación y viven a merced de un sistema de justicia corrupto que no cuenta con los recursos necesarios para funcionar eficazmente y que en el mejor caso los ignora y en el peor les culpa de todos los problemas de la sociedad.

Las historias detrás de los números son reveladoras.

Máxima Acuña de Chaupe y su familia, agricultores en el norte de Perú, mantienen una disputa con la Compañía Minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven en la región de Cajamarca. Tanto la empresa como la familia de Máxima reclaman la posesión de la tierra. En diciembre de 2014, un tribunal resolvió que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como alegaba la empresa. La empresa está apelando la decisión.

Máxima y su familia han denunciado haber sufrido ataques y acoso reiterado por parte de la policía y recibido amenazas de muerte. Creen que los actos de acoso e intimidación de la policía son un intento de obligarlos a marcharse de las tierras donde viven. En el mes de febrero, la abogada de Máxima denunció cómo al menos y 200 agentes de policía entraron en la tierra donde vive la familia y demolieron una extensión que estaban construyendo para su casa.

La familina no tiene información de que se haya realizado una investigación sobre el ataque.


Esta historia de terror está lejos de ser inusual.

De Brasil a Colombia, desde Nicaragua hasta Bolivia, millones de personas sufren las terribles consecuencias de la desigualdad perpetuada por los sistemas de justicia corruptos y faltos de recursos.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes son violentamente expulsadas de sus tierras cuando los negocios poderosos deciden que el "desarrollo" y las ganancias deben imperar. Miles de hombres, mujeres, niñas y niños viven a merced de las terribles bandas criminales, que no quieren nada más que controlarles. Muchas personas están condenadas al ostracismo y son tratadas como ciudadanas de segunda clase debido a su orientación sexual. Valientes activistas de derechos humanos y periodistas son castigados por la entrega de un mensaje de pocas personas quieren oír. Estos son sólo algunos ejemplos.

Con demasiada frecuencia el mensaje parece ser: si eres pobre, la justicia está fuera de tu alcance. Sin dinero, no hay justicia.

Los gobiernos son responsables de gran parte de estos problemas. Pero ellos no están solos. En todo el continente americano las empresas, grandes y pequeñas, han sido responsables por acción u omisión de muchos de los abusos que hacen que vivir sea casi imposible para millones de personas.

Una vez que los abusos ocurren, a menudo los tribunales parecen estar disponibles solamente para quienes pueden pagarlos y millones de personas se ven obligadas a convertirse en ciudadanas de segunda clase. El imperio de la ley, un requisito esencial para que cualquier país funcione correctamente, se debilita, haciendo sociedades inseguras para todas las personas.

Se podría argumentar que son los gobiernos los que tienen el deber fundamental de garantizar a sus ciudadanía el vivir en paz y disfrutar de sus derechos.

Pero la verdad es que las empresas no operan en el vacío, sus ganancias provienen de las sociedades en las que optan por ser parte de y, como tales, tienen el deber de garantizar que sus acciones no afecten la vida de la gente que se encuentra viviendo allí.

Cada día, las empresas deciden entre el respeto a los derechos de las comunidades en las que operan - mediante la consulta y la protección de sus intereses - o quitarles poder, a menudo hasta el punto de amenazar su existencia. Cuando deciden lo primero, todo el mundo gana. Porque cuando los derechos humanos son respetados y la justicia está lejos de ser una ilusión, las comunidades son seguras y las empresas prosperan.

Y sí, bien podría ser el caso de que unas cuantas manzanas podridas (compañías) están llevando a que las sociedades pierdan la confianza en el mundo corporativo, pero es responsabilidad de los gobiernos y empresas hacer frente a esto antes de que sea demasiado tarde.

La lucha contra la desigualdad con medidas concretas sostenidas es la única manera para que la región se mueva realmente hacia adelante.

No hay una solución rápida para la desigualdad, pero hay algunos pasos que los gobiernos y empresas en las Américas podrían, y deberían, tomar.

El fortalecimiento del sistema de justicia penal de la región que aborde los vínculos entre políticos y las redes criminales y la implementación de controles con la debida diligencia sería un buen comienzo.

Irónicamente, la inestabilidad y el conflicto que la discriminación, la desigualdad y el fallido sistema de justicia causan ponen en riesgo la misma prosperidad que los gobiernos y el sector privado están buscando. El precio por no tomar medidas urgentes es uno que las Américas ya no pueden darse el lujo de ignorar.