Sudán del Sur: La escalada de la violencia denota fracaso de la acción regional e internacional

Nuevas investigaciones realizadas por Amnistía Internacional sobre el aumento de la actividad militar en Sudán del Sur durante las últimas semanas revelan claramente que los esfuerzos regionales e internacionales por poner fin al sufrimiento humano que causa el conflicto armado del país han fracasado.

Los investigadores de la organización acaban de regresar de Bentiu, estado de Unity, donde han documentado violaciones de derechos humanos, como homicidios, secuestros y violencia sexual contra civiles.

“El repunte de los combates entre las partes en el conflicto es una indicación clara de que los líderes de Sudán del Sur tienen poco interés en que cesen las hostilidades, mientras que la región y el resto de la comunidad internacional son reacios a tomar medidas decididas para abordar las reiteradas atrocidades”, ha señalado Michelle Kagari, directora adjunta de Amnistía Internacional.

El repunte de los combates entre las partes en el conflicto es una indicación clara de que los líderes de Sudán del Sur tienen poco interés en que cesen las hostilidades, mientras que la región y el resto de la comunidad internacional son reacios a tomar medidas decididas para abordar las reiteradas atrocidades.
Michelle Kagari, directora adjunta de Amnistía Internacional

Millares de personas han huido a la base de la ONU en Bentiu debido a la intensificación de los combates en el Estado de Unity entre el Ejército/Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición y las fuerzas de gobierno y sus grupos de jóvenes y milicias aliados.

Quienes huyen de la violencia en los condados de Rubkona, Guit, Koch y Leer hablan constantemente de elementos de las fuerzas del gobierno, unos con uniforme del SPLA y otros vestidos de civil, en su mayoría de la rama bul del grupo étnico nuer, que atacan sus poblados blandiendo hachas, machetes y armas de fuego.

Las personas entrevistadas hicieron estremecedores relatos sobre elementos de las fuerzas del gobierno que incendiaban poblados enteros, mataban y golpeaban a sus habitantes, robaban el ganado y otros bienes, cometían actos de violencia sexual y secuestraban a las mujeres y los niños.

Una mujer de 45 años contó a Amnistía Internacional que el 8 de mayo por la mañana llegaron a Panthap, condado de Rubkona, las fuerzas del gobierno y, tras ordenar a los habitantes sacar todos sus bienes, se llevaron todo lo de valor. Explicó que a ella la golpearon con un palo, pero que no mataron a nadie. Huyo con alrededor de 200 personas más y llegó al campo de la ONU para desplazados de Bentiu el 12 de mayo.

Una mujer de Chatchara, condado de Rubkona, describió así el ataque que un grupo de jóvenes, aliados, creía, con el gobierno, había llevado a cabo contra su pueblo el 7 de mayo:

“Vinieron y dijeron: ‘sacad vuestras cosas’. Luego quemaron nuestro tukul [estructura de barro y techo de paja]. Nos golpearon con palos y barras de metal, mientras decían: ‘¿dónde están los niños y los jóvenes?’. Se llevaron nuestras cosas, el maíz y la ropa, y nos obligaron a llevarlos a Mayom. Íbamos muchas mujeres del poblado. Una mujer estaba muy cansada y la mataron. Dispararon también contra su hija de dos años”.

Al final, la mujer quedó libre. También ella consiguió llegar al campo de la ONU de Bentiu.

Un hombre de 70 años, también de Chatchara, describió similares palizas, incendios y saqueos de las fuerzas del gobierno:

“Cuando llegó el SPLA, me golpearon y quemaron mis tres tukuls y todos los tukuls del poblado. Se llevaron las vacas y las cabras. Dispararon a algunos niños en el tiroteo. Mataron a muchas mujeres y niños. Vi llevarse a mujeres y niños pequeños para obligarlos a cuidar de las vacas y las cabras. Se llevaron a mi nieta, una niña de 13 o 14 años.”

Una mujer de 20 años del condado de Guit contó que un grupo de soldados del SPLA y jóvenes armados atacaron su poblado el 7 de mayo:

“Mataron incluso a los niños de corta edad y a los ancianos. Prendieron fuego a los graneros, donde teníamos el maíz. Fueron a mi casa y dispararon a mi sobrino, que tenía alrededor de 20 años. Azotaron a mi madre con una cuerda de atar a la vacas. Le decían: ‘¿dónde están los jóvenes? Queremos matarlos. Se han unido a la oposición’. Me marché corriendo con mis tres hijos y mis dos hermanos. Corrimos hasta el río, mientras nos disparaban. Desde el río, los vi quemar la casa. También se llevaron nuestras vacas y nuestras cabras; teníamos 15 vacas y 30 cabras”.

La mujer dijo que cuatro hombres habían violado a su prima, de 23 años y madre de dos hijos. “La vi cuando eché a correr. Estaba gritando”, explicó. Dijo también que los atacantes habían secuestrado a su hermana de 13 años y a su hermano de 15. No sabía qué había sido de su esposo, su madre y un familiar discapacitado, que se habían quedado en la casa. “Toda mi familia está perdida”, dijo a los investigadores de Amnistía Internacional.

Nyanaath, madre de tres hijos, contó que las fuerzas del gobierno habían atacado su poblado, en el condado de Guit, el 10 de mayo a mediodía. Dijo que los atacantes, algunos de los cuales llevaban uniforme, robaron las vacas y otros bienes e incendiaron todos los tukuls.

Nyanaath dijo que los atacantes habían violado luego a tres mujeres, incluida ella. Explicó que los soldados se la llevaron, la empujaron por la espalda y le bajaron la ropa interior. Uno comenzó a violarla, mientras el otro le apuntaba con su arma. Dijo también que había visto a los soldados secuestrar a 10 niños y niñas de entre 10 y 13 años.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU afirma que unas 100.00o personas se han visto desplazadas como consecuencia de los recientes combates en el estado de Unity. Alrededor de 2.300 civiles, en su mayoría mujeres y niños y niñas de corta edad, han buscado refugio en la base de la ONU en Bentiu desde el 20 de abril, sumándose a los más de 50.000 que han huido también allí desde el comienzo del conflicto en diciembre de 2013. Siguen llegando más.

Las fuerzas de gobierno han cortado el paso a otros en puestos de control, impidiéndoles alcanzar la seguridad de la base. Millones de personas han huido a zonas agrestes o pantanosas.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha informado de que en el curso de dos semanas, entre el 29 de abril y el 12 de mayo, fueron atacadas al menos 28 localidades del estado de Unity. Las víctimas eran civiles, a quienes robaron sus bienes.

“Estos ataques contra civiles perpetrados en el estado de Unity y el desplazamiento consiguiente reproducen los documentados por Amnistía Internacional a principios de 2014. El hecho de que algunas de esas mismas localidades estén siendo sometidas a una reiterada sucesión de atrocidades pone de relieve la necesidad de que la Unión Africana, la ONU y otros organismos internacionales traduzcan su sonora retórica en medidas concretas para reducir el coste humano del conflicto”, ha afirmado Michelle Kagari.

“Tiene que haber una amenaza creíble de rendición de cuentas para disuadir a quienes continúan cometiendo atrocidades con total impunidad, un embargo exhaustivo para detener el flujo de armas que agravan el conflicto y sanciones específicas que tengan un efecto disuasorio sobre quienes siguen violando el derecho internacional”, ha añadido Michelle Kagari.

Amnistía Internacional pide lo siguiente:

El Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer un embargo exhaustivo de armas a todas las partes en el conflicto de Sudán del Sur.

El Consejo de Seguridad de la ONU debe proceder de inmediato a imponer congelaciones de activos y prohibiciones de viaje a las personas y entidades que hayan participado en violaciones del derecho internacional humanitario y en abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.

El Consejo de Seguridad debe publicar un documento donde se expongan las opciones de rendición de cuentas que sus miembros examinaron, según informes, el 12 de mayo y actuar en consecuencia.

El Consejo de Paz y Seguridad de la UA debe retractarse de su decisión de posponer el informe de la Comisión de Investigación sobre Sudán del Sur en espera de la firma de un acuerdo de paz, a fin de examinar el informe durante la cumbre de la UA de junio y hacerlo público.

La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) debe reunir de nuevo a las partes en el conflicto y recalcarles que tienen el compromiso de cumplir el derecho internacional humanitario, incorporado al acuerdo de cesación de las hostilidades del 23 de enero y contraído en numerosas ocasiones durante los últimos 12 meses, y poner en prácticas sus reiteradas amenazas de imponer sanciones específicas y un embargo de armas.