La decisión de Indonesia, Malaisia y Tailandia de modificar su atroz política de obligar a dar la vuelta a embarcaciones que transportan a refugiados y migrantes vulnerables es un paso en la dirección correcta, pero dista mucho de abarcar las medidas que se necesitan urgentemente para salvar a miles de personas que siguen en peligro en el mar, o para abordar las causas fundamentales de la crisis. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
“No cabe duda de que se trata de una buena noticia para las personas que van a bordo de las embarcaciones que consiguen llegar a la seguridad de la costa, pero no hace nada por las miles de personas que siguen a la deriva en el mar, con una provisión de comida y agua cada vez más escasa, o por las que puedan seguirlas”, ha manifestado Richard Bennett, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Indonesia, Tailandia y Malaisia no pueden eludir su deber, como Estados Partes en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, de realizar operaciones de búsqueda y salvamento marítimo para salvar vidas.”
En una declaración conjunta, Indonesia y Malaisia han declarado que proporcionarán cobijo temporal a hasta 7.000 personas que continúan en el mar, de las que se cree que son principalmente refugiados rohingyas que huyen de la persecución en Myanmar, y también bangladeshíes. Ese cobijo se proporcionará únicamente por un periodo de hasta un año, y a condición de que la comunidad internacional ayude a la repatriación o el reasentamiento.
El cobijo temporal es un primer paso, y es mejor que nada. Sin embargo, dista mucho de ser adecuado, y amenaza con minar el sistema de protección internacional.
Richard Bennett, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional
“El cobijo temporal es un primer paso, y es mejor que nada”, ha declarado Richard Bennett. “Sin embargo, dista mucho de ser adecuado, y amenaza con minar el sistema de protección internacional. Las personas que piden asilo deben poder acceder a procedimientos de determinación de la condición de refugiado, de manera segura y digna. Los refugiados y los migrantes vulnerables no deben ser criminalizados por entrar irregularmente en un país, y tampoco pueden ser devueltos a países en los que su vida o sus derechos corran peligro.”
Esta declaración vino precedida por las conversaciones de emergencia sobre la crisis regional que tuvieron lugar el miércoles y a las que asistieron los ministros de Asuntos Exteriores de Indonesia, Malaisia y Tailandia. Había habido fuertes críticas a raíz de la información que indicaba que se había devuelto al mar, con el consiguiente peligro de muerte para quienes viajaban en ellas, a embarcaciones que trataban de alcanzar sus costas.
Tailandia no se sumó al compromiso de proporcionar cobijo temporal, alegando limitaciones derivadas de la legislación nacional, pero se ha comprometido a no devolver a las embarcaciones que se encuentren en sus aguas, y a proporcionar ayuda humanitaria a quienes viajan a bordo.
“Las personas a bordo de esas embarcaciones están atrapadas por una crisis humanitaria. El obligarlas a dar la vuelta no sólo constituía una afrenta a la integridad humana, sino que violaba el principio de no devolución (non-refoulement), consagrado en el derecho internacional consuetudinario”, ha manifestado Richard Bennett.