La condena hoy de Mohamed Morsi a 20 años de prisión es una burla a la justicia y demuestra, una vez más, que el sistema de justicia penal egipcio parece totalmente incapaz de someter a juicios justos a los miembros o simpatizantes del gobierno del ex presidente y de la Hermandad Musulmana, ha declarado Amnistía Internacional.
La organización ha pedido que Mohamed Morsi sea sometido a un nuevo juicio imparcial ante un tribunal civil, con arreglo a las normas internacionales, o puesto en libertad.
Esta sentencia destruye cualquier ilusión que quedaba de independencia e imparcialidad en el sistema de justicia penal de Egipto.
Hassiba Hadj Sahraoui
“Esta sentencia destruye cualquier ilusión que quedaba de independencia e imparcialidad en el sistema de justicia penal de Egipto”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Cualquier apariencia de juicio imparcial quedó amenazada desde el principio por una serie de irregularidades en el proceso judicial y su detención arbitraria en régimen de incomunicación. Su condena debe anularse y las autoridades deben ordenar un nuevo juicio completo ante un tribunal civil o ponerlo en libertad.”
Mohamed Morsi fue declarado culpable de “incitar a la violencia” y de detener y torturar a manifestantes de la oposición durante los enfrentamientos entre sus seguidores y sus detractores frente al Palacio Federal de El Cairo en diciembre de 2012.
Junto con otras 14 personas, muchas de ellas miembros o líderes de la Hermandad Musulmana o de su rama política, el Partido de la Libertad y la Justicia, Morsi había sido acusado de varios delitos, como “asesinato”, “incitación al asesinato” y “violencia”, así como de “brutalidad”, “difusión de rumores para perturbar la labor de las instituciones judiciales” y “amenazar a civiles”.
Morsi está acusado también de varios delitos más en otros cuatro juicios.
Declarar culpable a Mohamed Morsi, pese a los defectos fundamentales en las actuaciones judiciales y lo que parecen, en el mejor de los casos, unas pruebas endebles presentadas ante el tribunal en virtud de una cláusula de silencio, debilita totalmente esta sentencia.
Hassiba Hadj Sahraoui
“Declarar culpable a Mohamed Morsi, pese a los defectos fundamentales en las actuaciones judiciales y lo que parecen, en el mejor de los casos, unas pruebas endebles presentadas ante el tribunal en virtud de una cláusula de silencio, debilita totalmente esta sentencia”, dijo Hassiba Hadj Sahraoui.
Antes incluso de que compareciera ante el tribunal, las perspectivas de Mohamed Morsi de recibir un juicio justo eran escasas. Tras ser depuesto el 3 de julio de 2013, las fuerzas de seguridad mantuvieron a Mohamed Morsi y a sus ayudantes detenidos en régimen de incomunicación durante meses, en condiciones equivalentes a desaparición forzada. Durante este periodo, funcionarios de la fiscalía lo interrogaron sin que estuviera presente un abogado, conculcando así sus derechos, consagrados en la Constitución egipcia y el derecho internacional, a impugnar la legalidad de su detención y tener una defensa adecuada. Su equipo jurídico no logró obtener una copia del expediente de 7.000 páginas hasta que no abonó una importante suma, apenas unos días antes de que comenzara el juicio el 4 de noviembre de 2013.
Amnistía Internacional ha documentado asimismo varias irregularidades cometidas durante el propio juicio.
En la primera vista, celebrada el 4 de noviembre de 2013, las autoridades prohibieron la asistencia de varios miembros del autoproclamado equipo de defensa de Mohamed Morsi. El principal abogado defensor sólo pudo reunirse con su cliente una vez comenzado el juicio.
Además, las investigaciones de la fiscalía sobre los enfrentamientos de diciembre de 2012 entre seguidores y detractores de Mohamed Morsi frente al Palacio Federal de El Cairo no fueron independientes ni imparciales. La fiscalía se centró totalmente en los abusos cometidos por los seguidores de Morsi al mismo tiempo que ignoraba la violencia de sus detractores.
Las investigaciones de Amnistía Internacional sobre los actos de violencia indican que aunque los seguidores de la Hermandad Musulmana sí cometieron abusos contra los derechos humanos, la mayoría de quienes perdieron la vida durante los enfrentamientos eran en realidad seguidores del entonces presidente.
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