La propuesta de nueva ley antiterrorista en China sería un ataque selectivo contra la libertad de religión y de expresión, así como contra los derechos de las minorías étnicas, ha advertido Amnistía Internacional.
Pese a las recientes revisiones, el proyecto de ley carece prácticamente de salvaguardias para impedir que quienes practican pacíficamente su religión o simplemente critican las políticas del gobierno sean perseguidos con la imputación de cargos generales relacionados con el “terrorismo” o el “extremismo”. Se prevé que la Asamblea Nacional Popular (Parlamento) dé el visto bueno al último borrador de la ley en el periodo de sesiones anual que comienza el jueves.
“China tiene la obligación de proteger a las personas de los ataques violentos, pero esta draconiana ley no es la respuesta. Se está utilizando la seguridad nacional como pretexto para atacar más la libertad religiosa y silenciar a quienes critican al gobierno”, dijo por su parte William Nee, investigador sobre China de Amnistía Internacional.
También se podrá restringir gravemente la libertad de circulación de cualquier persona sospechosa de actividades “terroristas”, que podrá ser sometida a medidas denominadas de “educación” u a otras formas de detención arbitraria.
“Las revisiones no son suficientes; las autoridades chinas deben abandonar este borrador, de formulación imprecisa, y comenzar de nuevo. Hacen falta salvaguardias adecuadas para equilibrar la seguridad con los derechos de las personas”, declaró Nee.
Las normas internacionales exigen que en cualquier legislación de seguridad nacional estén protegidos los derechos humanos, como la libertad de expresión.
“La libertad de expresión, incluidas las críticas pacíficas a las políticas del gobierno o al propio gobierno, debe estar expresamente protegida en cualquier ley”, añadió Nee.
La libertad religiosa en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang El proyecto de ley representa un ataque específico a la libertad religiosa: cualquier persona que facilite un lugar para celebrar actos religiosos podría ser penalizada y calificada de “terrorista” o “extremista”, incluso si dichas prácticas son totalmente pacíficas.
El año pasado las autoridades chinas endurecieron sus ya onerosas restricciones al islam en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, con el objetivo declarado de combatir el “terrorismo violento y el extremismo religioso”.
Las autoridades han elevado al máximo las restricciones a las exhibiciones públicas del islam: se han prohibido las barbas largas, así como los velos, los hiyabs y las camisetas con la media luna y la estrella islámicas. Durante el mes del Ramadán, las autoridades prohibieron el ayuno a algunos grupos.
En mayo de 2014 se lanzó una campaña de “mano dura” en la Región Autónoma y las autoridades dieron prioridad a las detenciones rápidas, los juicios rápidos y las condenas multitudinarias. El gobierno pidió más “cooperación” entre fiscales y tribunales, lo que suscitó preocupación adicional por la posibilidad de que los acusados no recibieran juicios justos.
Los medios de comunicación del Estado han informado de que, seis meses después de iniciarse la campaña de “mano dura”, en el otoño de 2014 se había detenido al menos a 238 presuntos “predicadores religiosos ilegales” y personas que habían facilitado lugares para celebrar actos religiosos, y “eliminado” 171 lugares para “actividades religiosas ilegales”. Además, se confiscaron un total de 23.000 “artículos religiosos ilegales”, incluidos más de 18.000 libros y 2.600 CD y DVD.
En enero, el Comité del Partido Comunista de la Región Autónoma declaró 2015 “año de mano dura” y anunció que la campaña se ampliaría hasta finales de año.
“Es aterrador que el gobierno considere la campaña de ‘mano dura’ en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang como un ensayo de futuras medidas antiterroristas a nivel nacional”, dijo William Nee.
En un peligroso precedente, Ilham Tohti, destacado estudioso uigur y fundador del sitio web Uighur Online, fue condenado a cadena perpetua en septiembre de 2014 tras ser declarado culpable de “separatismo” en un juicio en el que las principales pruebas contra él fueron artículos publicados en el sitio web. Su caso se considera un modelo de la campaña de “mano dura”.
Amnistía Internacional pide su libertad inmediata e incondicional como preso de conciencia encarcelado sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.