El anuncio del gobierno de Bolivia de retomar un proyecto para la creación de una Comisión de la Verdad sobre los
crímenes cometidos durante los gobiernos militares en el país (1964-82) debe ser un primer paso en el largo camino para garantizar justicia y reparaciones a todas las víctimas, dijo hoy Amnistía Internacional.
Este compromiso con la verdad representa un avance ante la gran deuda que Bolivia tiene con las cientos de víctimas de torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante los años más oscuros del país. Para que haya justicia tiene que haber verdad.
María José Eva, investigadora para América del Sur de Amnistía Internacional.
“Ahora, las autoridades deben asegurar que quienes ordenaron y cometieron estas violaciones a los derechos humanos sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparaciones integrales. Ni ellas ni la sociedad en su conjunto merecen nada menos.”
Tras una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington el pasado 19 de marzo, el Subprocurador de Defensa y Representación Legal de Bolivia, anunció la formación de una comisión interinstitucional con el fin de desarrollar un proyecto de ley que cree una comisión de la verdad, con la participación de la sociedad civil.
Según datos de organizaciones de derechos humanos locales, miles de personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas durante los sucesivos gobiernos militares en Bolivia entre 1964 y 1982.
Se calcula, además, que al menos 150 personas fueron víctimas de desaparición forzada.
Otras 40 personas habrían sido detenidas en otros países de la región y posteriormente desaparecidas en el contexto del Plan Cóndor, un plan coordinado por las cúpulas de varios regímenes dictatoriales de Sudamérica con el fin de eliminar opositores y disidentes durante la década de los setenta.