La presentación hoy del informe final de la Comisión Nacional de la Verdad (Comissão Nacional da Verdade, CNV) brasileña marca un hito histórico en los esfuerzos del país por obtener justicia para los crímenes de lesa humanidad y otros abusos cometidos durante la dictadura militar que se hizo con el poder hace cinco décadas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
La Comisión pasó dos años investigando los miles de casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y otros abusos cometidos durante el periodo de gobierno militar en Brasil, de 1964 a 1985.
Desde 1979 se ha venido utilizando una Ley de Amnistía que abarca los delitos políticos para proteger a los miembros del antiguo gobierno militar de ser juzgados por violaciones graves de derechos humanos.
“Al mostrar el carácter generalizado de las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales durante la dictadura militar y reconocerlas como crímenes de lesa humanidad, el informe de la Comisión Nacional de la Verdad prepara el camino para garantizar que la Ley de Amnistía no será un obstáculo a la investigación de estos delitos”, ha manifestado Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.
Al contrario que muchos de sus vecinos de América del Sur, Brasil no ha llevado a juicio a los acusados de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante periodos pasados de gobierno militar. El informe de la CNV, realizado casi tres decenios después del final de la dictadura, es una de las iniciativas de justicia de transición más importantes del país hasta el momento.
“Cincuenta años después del golpe de Estado que dio lugar al régimen autoritario, es fundamental que Brasil lleve ante la justicia a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Debemos romper el círculo pasado de impunidad que alimenta la continuación de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas en el presente”, ha manifestado Atila Roque.
“Las fuerzas armadas de Brasil deben reconocer su responsabilidad por los abusos cometidos durante la dictadura militar. Las investigaciones de la CNV han determinado claramente que, como parte de la política estatal, existía un aparato de represión que abarcó varios gobiernos y que se concibió en los más altos niveles de las fuerzas armadas y el poder ejecutivo. La decisión de la Comisión de hacer responsables a los dirigentes del régimen autoritario supone un importante hito para la obtención de justicia por lo sucedido durante ese periodo.”
Las conclusiones de la CNV refuerzan una sentencia dictada en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y arrojan luz sobre el incumplimiento, por parte de Brasil, de sus obligaciones. La Comisión formula recomendaciones importantes sobre la desmilitarización de la policía militar brasileña, la independencia de las instituciones jurídicas y médicas utilizadas para la seguridad pública, el fortalecimiento de las defensorías del pueblo y mejoras en el sistema penitenciario para garantizar los derechos de la población reclusa. El informe recomienda asimismo el desarrollo ulterior de la legislación brasileña para tipificar como delito los crímenes de lesa humanidad y la desaparición forzada, importantes hitos del derecho internacional para proteger los derechos humanos.
“El informe de la Comisión Nacional de la Verdad muestra claramente hasta qué punto la impunidad por los abusos cometidos en el pasado ha alimentado el círculo de violencia hoy día, y amplifica la respuesta colectiva de ‘Nunca Más’ lanzada por el país a las violaciones masivas de derechos humanos cometidas durante el régimen autoritario”, ha manifestado Atila Roque.