La oleada de atentados recientemente perpetrados por los talibanes y otros grupos armados de Afganistán contra la población civil constituyen actos condenables que subrayan la apremiante responsabilidad del nuevo gobierno afgano de proteger el derecho a la vida, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
El más reciente, el atentado suicida con explosivos del jueves por la tarde en el salón de actos del centro de enseñanza secundaria de Isteqlal, en Kabul, donde murió una persona y resultaron heridas aproximadamente diez más, todas civiles, que asistían a una representación teatral, se añade a la creciente cifra de vidas perdidas y a los cientos de heridos en ataques armados en diferentes partes del país en las últimas semanas.
“Dirigir los atentados contra la población civil es una práctica condenable y supone una clara violación del derecho internacional humanitario que constituye un crimen de guerra. Es fundamental que los responsables comparezcan ante la justicia”, ha dicho Horia Mosadiq, investigadora sobre Afganistán de Amnistía Internacional.
“Una de las responsabilidades básicas de las autoridades afganas es proteger a la población civil contra esos ataques violentos. Corresponde ahora al nuevo gobierno reforzar la respuesta de seguridad y recuperar la confianza del pueblo afgano.”
La frecuencia de los atentados se ha incrementado al disminuir la actividad de la mayoría de las tropas internacionales estacionadas en Afganistán, que se preparan para retirarse del país a fin de mes.
“Los talibanes y otros grupos armados se acogen al derecho internacional humanitario siempre que les conviene. Pero los objetivos de la última serie de atentados muestran un claro y constante desprecio por normas fundamentales del derecho internacional humanitario que son vinculantes para estos grupos”.
Amnistía Internacional ha pedido a la Corte Penal Internacional que investigue la situación en Afganistán respecto a los posibles crímenes de guerra perpetrados por todas las partes en el conflicto.
La organización también ha pedido a la ONU que se asegure de que la protección de la población civil y el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos ocupan los primeros puestos de la agenda de cualquier conversación de paz que se entable en el futuro con los talibanes, entre otras prioridades en materia de derechos humanos.