Chile: “No sabía que existían dos tipos de justicia hasta que nos ocurrió esto”

El día que Manuel Eliseo Gutiérrez, de 16 años, murió a causa de un disparo de la policía durante una manifestación en la capital chilena la noche del 25 de agosto de 2011, nadie imaginó que tres años más tarde, ese trágico hecho volvería a abrir el debate sobre la justicia militar en el país. La familia de “Mane”, como lo llamaba su hermano Gerson, recuerda aquella trágica noche casi como si entonces los relojes se hubieran detenido para siempre. Había sido un día lleno de tensión porque había tenido lugar una huelga general convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en protesta por la falta de respuesta a un número de demandas sociales. La manifestación en Santiago se había extendido hasta la noche con algunos episodios de violencia por parte de un grupo demanifestantes.   Casi llegada la madrugada, Gerson, Manuel y otro amigo estaban observando los disturbios que tenían lugar en la zona sur de Santiago, parados en la intersección de las calles Américo Vespucio Sur y Amanda Labarca, cuando escucharon tres disparos. “De repente, Manuel, que iba caminando a un metro de distancia de mí, cayó al suelo. Vi que tenía un orificio de aproximadamente un centímetro de diámetro en el centro del pecho del que obviamente salía mucha sangre,” dijo Gerson.   Con la ayuda de vecinos, Manuel fue trasladado a un centro médico, donde murió, consecuencia de un paro cardiorrespiratorio por herida de bala torácica. El joven estudiante no fue la única víctima de los disparos. Esa misma noche, otro joven, Carlos Andrés Burgos Toledo, también recibió un disparo en su hombro derecho que le causó una lesión. Manuel era hijo de un pescador artesanal y su madre se hacía cargo de la casa. Era el menor de cuatro hermanos. “Era una persona muy alegre. Para todo tenía un chiste. Quería estudiar, sacar una carrera. En algún momento incluso quería ser carabinero para poder sacar a su familia adelante,” explicó Gerson. Justicia militar La primera reacción de las autoridades fue negar que la policía estaba detrás de los disparos, argumentando que se había tratado de un posible ajuste de cuentas entre jóvenes. Sin embargo, las primeras investigaciones concluyeron que agentes de policía habían estado involucrados en los hechos.   Desde el momento en que se constató la supuesta participaron de la policía, el caso estuvo a cargo de la justicia militar, que en Chile se encarga de investigar y sancionar los crímenes cometidos por carabineros y miembros de las fuerzas armadas en acto del servicio militar o con ocasión de él. En otras palabras, conforme a la normativa chilena, conductas que podrían constituir una violación a derechos humanos, son investigados por tribunales militares. Esto pone en riesgo el derecho a un juicio justo y al debido proceso, dada la falta de independencia e imparcialidad de esta clase de tribunales. Esto es porque los mismos están conformados principalmente por jueces no letrados y miembros de la propia institución militar, y por la falta de transparencia del proceso. “Nunca había escuchado hablar de la justicia militar. No tenía idea de que existían dos tipos de justicia hasta que nos ocurrió esto,” señaló Gerson.La investigación sobre la muerte de Manuel fue llevada adelante por el Segundo Juzgado Militar de Santiago. El 6 de mayo de 2014, después de casi tres años, el tribunal condenó al ex sargento Miguel Ricardo Millacura Cárcamo, autor de los disparos, a tres años y un día por el delito de violencias innecesarias con resultado de muerte del menor Manuel Gutiérrez, y a 60 días por el delito de violencias innecesarias causando lesiones menos graves al otro joven que fue herido. El tribunal resolvió sustituir las penas privativas de libertad y establecer un régimen de libertad vigilada por tres años y 61 días. Por su parte, una subteniente que fue procesada como encubridora por los delitos, fue absuelta. Para la familia de Manuel y para sus abogados la sentencia del tribunal militar muestra un sesgo de protección hacia los uniformados. Para ellos, una condena de poco más de tres años con el beneficio de la libertad vigilada y la absolución de quien habría actuado como encubridora de los hechos, no guardan proporción con la entidad del crimen y envía un mensaje débil acerca de cómo Chile responde a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública. “La pena podría haber sido de hasta 20 años, acorde las características y circunstancias. Si bien el tribunal ha desestimado la legítima defensa, como alegaba el acusado, ha aplicado la circunstancia atenuante de colaboración eficaz con la investigación, lo que es falso y sólo buscaría favorecer al principal inculpado. Además lo favorecieron al no aplicar ninguna de las agravantes contempladas en la ley, por eso estamos apelando. ¿Cómo puede el tribunal haber considerado como atenuante el haber colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos cuando el sargento inicialmente negó a sus superiores la utilización del armamento durante la noche de los hechos, limpió el arma y le repuso municiones para impedir que se descubriera que él la había usado?,” dijo Cristián Cruz, abogado de la familia de Manuel. Actualmente el caso de Manuel Gutiérrez está siendo apelado en una corte marcial. La familia no ha sentido que a la fecha haya recibido una reparación adecuada por el crimen. Para ellos ha habido falta de apoyo efectivo por parte de las autoridades, falta de atención psicológica, ausencia de asistencia económica y, menos aún, justicia. El Estado chileno tiene la obligación, bajo el derecho internacional, de reparar el daño causado por sus agentes. “No queremos que vuelva a ocurrir lo mismo. No queremos otro Manuel. Sabemos lo que se siente perder un ser querido, perder un hijo, un hermano, un nieto, perder un tío en el caso de mi sobrino. Es el dolor más grande que se puede sentir,” afirmó Gerson.