Amnistía Internacional ha pedido a los delegados y delegadas que van a participar en las conversaciones de reconciliación nacional de la República Centroafricana en Brazzaville (República del Congo) del 21 al 23 de julio que garanticen debates que no den lugar a impunidad por los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de derechos humanos que se han cometido en la República Centroafricana. No hay que permitir que las personas sospechosas de participar en tales delitos de derecho internacional utilicen este foro para perpetuar la cultura de impunidad en el país.
Al parecer, varios dirigentes de grupos antibalaka y Seleka, entre otros, han sido invitados a participar en las conversaciones de reconciliación nacional de la República Centroafricana. Amnistía Internacional ha recibido pruebas verosímiles de la participación de varios de estos dirigentes en crímenes de derecho internacional.
Las conversaciones de paz en Brazzaville deben garantizar que todo debate para traer la paz a la República Centroafricana se centra en la rendición de cuentas por los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos de derecho internacional cometidos en el país. No se puede permitir que los presuntos autores de estos delitos utilicen las conversaciones de paz para asegurarse un puesto en el gobierno que podrían usar para disfrutar de impunidad”, ha dicho Netsanet Belay, director de Investigación y Relaciones Institucionales para África de Amnistía Internacional.
En su informe Central African Republic: Time for Accountability, publicado el 10 de julio, Amnistía Internacional cita a miembros y asociados de los grupos armados antibalaka y Seleka que presuntamente han participado en graves abusos contra los derechos humanos. Entre ellos están los ex presidentes François Bozizé y Michel Djotodia, varios coordinadores de milicias antibalaka, entre ellos Levy Yakété, y varios jefes militares de Seleka, incluido Nourredine Adam. La organización pide en su informe que estas personas sean investigadas y enjuiciadas si hay pruebas suficientes para emprender acciones judiciales contra ellas.
El 11 de julio de 2014, en una asamblea de Seleka celebrada en Birao (norte de la República Centroafricana), el ex presidente Michel Djotodia y ex jefe militar y ministro Nourredine Adam fueron nombrados presidente y vicepresidente del grupo armado, respectivamente. Ambos aparecen citados en el informe de Amnistía Internacional y han sido objeto de sanciones tanto de la ONU como de Estados Unidos por su implicación en la crisis en curso y en las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en la República Centroafricana.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de transición centroafricanas, los miembros de la comunidad internacional –incluida la Comunidad Económica de Estados de África Central–, las Naciones Unidas y la Unión Africana que garanticen que la rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional y otras violaciones y abusos graves contra los derechos humanos cometidos en la República Centroafricana ocupa un lugar central en todas las conversaciones de paz. Amnistía Internacional considera que no puede haber una paz duradera en la República Centroafricana si persiste la impunidad.
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Sadibou Marong, encargado de prensa regional de Amnistía Internacional
Oficina de África Occidental y Central, + 221 77 658 62 27, [email protected].
Información complementaria
La conferencia de Brazzaville sucede a una decisión adoptada en la 5º sesión del Grupo de Contacto Internacional sobre la República Centroafricana, celebrada en Addis Abeba (Etiopía) el 7 de julio de 2014. Está previsto que se celebre del 21 al 23 de julio y que asistan representantes de los grupos antibalaka y Seleka.
El 17 de julio, la presidenta interina, Catherine Samba-Panza, inauguró un foro en Bangui para preparar las conversaciones de Brazzaville. Amnistía Internacional supo en los debates de Bangui que unas 150 personas iban a participar en las conversaciones de Brazzaville. Asistirán representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, grupos armados –incluidos grupos antibalaka, Seleka, Renovación y Justicia (RJ), el Ejército Popular para el Restablecimiento de la Democracia (APRD), el Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC) y la Unión de Fuerzas Democráticas para la Integración (UFDR)–, la diáspora, “comunidades en riesgo” y personas refugiadas y desplazadas.
Aunque la capital, Bangui, es relativamente tranquila, la situación sigue siendo tensa en muchas partes del país. La violencia se ha recrudecido en el centro, este y norte del país. El 7 de julio se perpetró un ataque contra la iglesia de San José y el asentamiento para desplazados internos de Bambari que causó la muerte a 26 personas y heridas de gravedad a 35. Más de 10.000 personas que se alojaban allí se vieron obligadas a huir. Días antes del ataque, el 4 de julio, una mezquita fue atacada en Paoua, en el norte del país. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre mayo y junio de 2014 se documentaron 184 episodios violentos y hubo un 14 por ciento más de casos en junio que en mayo.