La detención de un destacado líder de las protestas contra el golpe de Estado y la citación ante tribunales militares de siete manifestantes pacíficos son las muestras más recientes de la represión sistemática y creciente de derechos humanos clave que ejercen los militares en Tailandia, ha manifestado Amnistía Internacional.
Anoche fue detenido, en Chonburi, Sombat Boonngamanong, destacado activista social, que se había negado públicamente a acatar la orden de presentarse ante las autoridades militares y a retirar convocatorias de manifestaciones publicadas en Internet.
“Sombat Boonngamanong tiene que ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones si no está acusado de ningún delito común reconocible ni ningún tribunal civil e independiente ha dispuesto su reclusión preventiva –ha explicado Richard Bennett, director de Amnistía Internacional para Asia–. Esta es la última de una preocupante oleada de detenciones de personas que no hacían más que expresar su malestar con el régimen militar.”
Otra preocupante medida es el hecho de que el tribunal militar de Chiang Rai haya citado hoy a siete personas que participaron en protestas simbólicas contra el golpe. El ex ministro de Educación Chaturon Chaisaeng, detenido la semana pasada, ha sido puesto en libertad bajo fianza por orden del tribunal militar de Bangkok, pero todavía se enfrenta a juicio por expresar pacíficamente oposición al golpe.
“Deben retirarse de inmediato los cargos formulados contra estos siete manifestantes pacíficos, Chaturon Chaiseng y toda otra persona detenida únicamente por actos pacíficos de disidencia –ha añadido Richard Bennett–. En vez de intensificar la represión, las autoridades deben revocar de inmediato la orden que han dictado en aplicación de la ley marcial, que restringe gravemente derechos básicos.”
“Juzgar a civiles ante tribunales militares constituye una burla del derecho internacional de los derechos humanos. Los tribunales militares violan el derecho a un juicio justo y no permiten interponer ninguna apelación.”
Desde el golpe del 22 de mayo, el régimen militar ha adoptado medidas cada vez más opresoras para reprimir y, en la práctica, silenciar a políticos, intelectuales y activistas, incumpliendo con ello las obligaciones contraídas por Tailandia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Más de 300 personas han recibido órdenes de presentarse ante las autoridades militares, y la gran mayoría han pasado hasta una semana detenidas arbitrariamente.
Las detenciones arbitrarias han ido dirigidas específicamente contra personas críticas con ley de lesa majestad o contra las que se han presentado cargos en virtud de ella, muchas de las cuales podrían ser sometidas a un juicio sin garantías ante un tribunal militar y condenadas a años de prisión. Amnistía Internacional teme que, a medida que intensifica la presión, el régimen militar se sirva aún más de esta ley para penalizar la disidencia pacífica.
Las autoridades han ampliado también de manera espectacular la competencia de los tribunales militares, que pueden conocer incluso de algunos delitos cometidos presuntamente antes de la llegada del gobierno militar.
“Los militares deben poner fin de inmediato a la represión de la disidencia pacífica –ha afirmado Richard Bennett–.Tienen que acabar con las detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación y con las amenazas de encarcelamiento por disentir pacíficamente. También deben revocar toda otra medida adoptada para silenciar el diálogo y el debate políticos e impedir la participación en la vida pública.”
Los militares están ejerciendo también una censura generalizada de los medios de comunicación, incluidas la televisión, la prensa y las redes sociales y de noticias. Hay soldados vigilando en todos los grandes medios informativos, y centenares de emisoras de radio y diversas cadenas de televisión han sido obligadas a dejar de emitir. Entre las personas citadas y detenidas por los militares hay periodistas.