La condena de una abogada de derechos humanos encarcelada por tomar parte en una protesta pacífica debe ser anulada, ha dicho Amnistía Internacional ante la celebración el sábado 28 de junio de una vista de apelación sobre el caso.
Mahinour El-Masry, muy conocida en Egipto por su activismo político y su trabajo en el ámbito de los derechos humanos, fue condenada a dos años de cárcel tras participar en una manifestación de protesta el pasado mes de diciembre. La protesta fue pacífica, pero algunos de los manifestantes recurrieron a la violencia cuando la policía la dispersó por la fuerza.
“No hay absolutamente ninguna prueba que indique que Mahinour El-Masry estuviera implicada en los actos de violencia contra las fuerzas de seguridad. Su caso es un ejemplo más de los sistemáticos intentos de las autoridades egipcias de reprimir la disidencia, como el uso de la represiva ley de manifestación que entró en vigor el pasado noviembre”, ha dicho Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Mahinour El-Masry es presa de conciencia. Ha sido declarada culpable y condenada únicamente por protestar pacíficamente y debe ser puesta en libertad incondicional de inmediato.”
Mahinour El-Masry fue condenada in absentia a dos años de cárcel por el Tribunal de Faltas de Alejandría en enero. La sentencia fue confirmada en apelación en febrero, pero posteriormente fue anulada tras alegar la activista que había sido dictada en su ausencia. Se ordenó un nuevo juicio y el 20 de mayo de 2014 el Tribunal de Faltas de Alejandría condenó a Mahinour El-Masry a dos años de cárcel y pago de una multa de 50.000 libras egipcias (unos 7.000 dólares estadounidenses) por participar en una manifestación no autorizada y agredir a las fuerzas de seguridad.
Amnistía Internacional ha analizado los vídeos y las fotos de la protesta y ha hablado con otras personas que participaron en ella y con una organización de derechos humanos local. Su conclusión es que Mahinour El-Masry no participó en los actos de violencia.
El 2 de diciembre de 2013 se celebró una protesta ante del Tribunal de lo Penal de Alejandría, que estaba volviendo a juzgar a dos policías acusados de matar a Khaled Said, un joven que murió en junio de 2010 tras ser golpeado públicamente por unos agentes. Las fuerzas de seguridad dispersaron la manifestación con un cañón de agua y gas lacrimógeno, y detuvieron a varios manifestantes y al menos a un transeúnte. Un agente de las fuerzas de seguridad también fue fotografiado golpeando a uno de los manifestantes con una porra. Algunas de las personas que se encontraban en el lugar de los acontecimientos se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, lanzándoles piedras y otros objetos.
El pasado enero, el Tribunal de Faltas de Alejandría condenó a dos años de cárcel a otros cuatro manifestantes que estaban detenidos desde la protesta por manifestarse sin autorización y agredir a las fuerzas de seguridad. Entre ellos figuraba el poeta Omar Hazek y el estudiante Islam Hasanien, que, según aseguran sus abogados y otros manifestantes, no habían participado en la manifestación. Como en el caso de Mahinour El-Masry, se dictó sentencia en su ausencia en la vista del recurso en febrero.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades de Egipto la derogación de la ley de manifestación. Desde que entró en vigor, en noviembre de 2013, las fuerzas de seguridad han detenido a decenas de manifestantes por participar en manifestaciones no autorizadas. Muchos han sido procesados penalmente.
“La ley de manifestación permite a las autoridades egipcias prohibir manifestaciones a discreción, y da a las fuerzas de seguridad carta blanca para emplear la fuerza, incluidas armas de fuego, contra manifestantes pacíficos, lo que constituye una clara violación del derecho internacional y transmite un mensaje claro: en el Egipto de hoy no hay sitio para el activismo que no cuenta con la aprobación del Estado”, ha dicho Phil Luther.
El 21 de junio, 23 personas fueron detenidas en El Cairo tras una marcha contra la ley de manifestación. Entre ellas se encontraba Yara Sallam, activista en favor de los derechos de las mujeres y defensora de los derechos humanos, que trabaja para Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. Sanaa Seif, activista y hermana de la activista encarcelada Alaa Abdel Fattah, también fue detenida. Ambas mujeres son presas de conciencia y por consiguiente deben ser puestas inmediatamente en libertad incondicional.