La condena, por una serie de asesinatos, del ex director de la Policía Nacional Civil de Guatemala supone un importantísimo paso adelante en la lucha contra la impunidad que ha asolado Guatemala en el pasado. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Un tribunal suizo ha declarado hoy a Erwin Sperisen culpable del asesinato de siete hombres, y lo ha condenado a cadena perpetua. La condena puede ser recurrida.
El tribunal ha concluido que Sperisen había participado en el asesinato de siete reclusos muertos durante una operación policial en la prisión de El Pavón en 2006. Según el tribunal, en seis de los casos la participación de Sperisen fue indirecta, mientras que en un caso se ha concluido que él fue el autor directo del asesinato.
“El resultado de hoy es un paso positivo en la lucha contra la cultura de la impunidad en Guatemala. Esta sentencia fortalece el Estado de derecho y envía un aviso a quienes intentan ocultar sus crímenes tras puestos de autoridad”, ha manifestado Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Guatemala.
Erwin Sperisen ocupó el cargo de jefe de policía en Guatemala desde 2004 hasta 2007, año en que, aprovechando su doble ciudadanía suiza y guatemalteca, huyó del país y viajó a Suiza. Dada su ciudadanía suiza, no podía ser extraditado a Guatemala, pero la legislación suiza permite juzgar delitos cometidos por sus ciudadanos en otros países, en lo que constituye una forma de jurisdicción extraterritorial.
En 2010, las autoridades guatemaltecas dictaron una orden de detención contra Sperisen, que en agosto de 2012 fue detenido por las autoridades suizas. Su juicio comenzó el pasado 15 de mayo en Ginebra.
En ese mismo juicio, Sperisen fue absuelto del homicidio de tres presos fugados de la prisión guatemalteca de Infiernito, quienes al parecer habían sido capturados por las autoridades y asesinados fuera de la prisión en 2005. El tribunal resolvió que existía una duda razonable sobre la implicación de Sperisen en esas muertes.
Continúan pendientes las causas contra otros importantes ex altos cargos relacionados con el delito. El ex ministro del Gobernación, Carlos Vielman, jefe de Erwin Sperisen en el momento de los asesinatos, huyó a España, y en la actualidad está en espera de juicio. Javier Figueroa, ex subdirector de investigaciones de la policía, presuntamente implicado en los asesinatos, huyó a Austria y fue absuelto de esas muertes por un tribunal de Viena en octubre de 2013.
El año pasado, tres ex altos cargos fueron condenados por su papel en los dos sucesos. Fueron condenados por tribunales guatemaltecos pero, en febrero de 2014, sus condenas fueron anuladas y se ordenó la celebración de nuevos juicios. Sus casos aún están siendo procesados.
“Las denuncias de implicación en violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales deben ser investigadas a fondo, y aquellos de quienes se determine que fueron responsables deben rendir cuentas”, ha manifestado Sebastián Elgueta.
Información complementaria:
Las ejecuciones extrajudiciales han suscitado una preocupación honda y generalizada en materia de derechos humanos en Guatemala. Una investigación patrocinada por la ONU concluyó que las fuerzas gubernamentales habían cometido ejecuciones extrajudiciales de manera habitual durante el conflicto armado interno (1960-1996), y calculó que habían muerto unas 200.000 personas, entre ellas unas 40.000 que habían sido víctimas de desaparición forzada.
Aunque la mayor parte de la violencia perpetrada por el Estado durante el conflicto interno tuvo como objetivo a los presuntos simpatizantes de los grupos armados de oposición, las investigaciones también han documentado ejecuciones extrajudiciales de personas a las que la policía consideraba implicadas en delitos. En 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Guatemala responsable de la ejecución extrajudicial, en 1990, de cinco niños que vivían en la calle, y señaló que existía “un patrón común de acciones al margen de la ley, perpetradas por agentes de seguridad estatales, en contra de los ‘niños de la calle’”.
En 2007, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales publicó un condenatorio informe sobre Guatemala, en el que se incluía la conclusión de que las denuncias de que había agentes de policía implicados en ejecuciones extrajudiciales eran sumamente creíbles.