Las autoridades de Tailandia deben garantizar que se protegen y respetan los derechos humanos tras la imposición hoy de la Ley Marcial, que confiere al ejército amplios poderes e impone severas restricciones a derechos humanos clave, y ya ha provocado el cierre de varios medios de comunicación, ha declarado Amnistía Internacional.
“La promulgación del decreto de la Ley Marcial no debe ser un modelo para violaciones de derechos humanos. Es crucial que el ejército muestre la máxima moderación y respete todas las obligaciones contraídas por Tailandia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, ha afirmado Richard Bennett, director del Programa Regional para Asia de Amnistía Internacional.
La Ley Marcial, que ha sido declarada unilateralmente hoy por el ejército tailandés, suspende o limita varios derechos humanos.
El ejército tiene ahora facultades para detener a personas sin mandamiento judicial durante un máximo de una semana, incautar bienes y registrar a personas o propiedades sin orden judicial. La Ley concede asimismo al ejército impunidad frente a las reclamaciones de indemnización.
A Amnistía Internacional le preocupa enormemente que el ejército ya haya utilizado las facultades conferidas por el decreto para imponer amplias restricciones a la libertad de expresión, lo que vulnera las obligaciones contraídas por Tailandia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
El ejército ha prohibido hoy a los medios de comunicación que publiquen informaciones “perjudiciales para la seguridad nacional” y ha cerrado por lo menos diez emisoras de televisión, la mayoría de ellas vinculadas a grupos favorables o contrarios al gobierno.
“Las medidas adoptadas por el ejército para imponer severas restricciones a los medios de comunicación independientes son muy preocupantes. No debe emplearse la seguridad nacional como pretexto para silenciar el ejercicio pacífico de la libertad de expresión, e instamos al ejército que den a los medios tailandeses el espacio necesario para que desempeñen su legítima labor”, prosiguió Richard Bennett.
“La situación en Tailandia es tensa e inestable, y los intentos del ejército de limitar el derecho a la protesta pacífica y otros derechos humanos podrían empeorar aún más la situación. Es fundamental que los líderes políticos de ambas partes dejen totalmente claro a sus seguidores que no es aceptable ningún abuso contra los derechos humanos.”
Amnistía Internacional pide también al ejército que deje claro que el personal militar, incluidos los mandos, no quedarán exentos de enjuiciamiento por las violaciones de derechos humanos que cometan en el cumplimiento de sus obligaciones.