Según un informe de Amnistía Internacional publicado hoy, a las comunidades rurales de las zonas mineras de Senegal el gobierno les está privando de los derechos a las tierras que habitan al otorgar concesiones a empresas mineras sin salvaguardar los derechos humanos, en violación flagrante de su obligación en virtud del derecho internacional.
El informe, titulado Mining and Human Rights in Senegal, revela que se está reubicando a comunidades enteras sin considerar debidamente el impacto que esto tiene en sus vidas y en su acceso a la comida y al agua, para dejar paso a empresas mineras internacionales, deseosas de explotar las ricas reservas de oro y otros minerales del país.
“El gobierno de Senegal tenía la ambición de convertirse en líder de la minería sostenible en África Occidental, pero este informe demuestra que está muy lejos de conseguir este objetivo”, ha dicho Seydi Gassama, director de Amnistía Internacional Senegal.
“A medida que se otorguen más concesiones mineras y se intensifique la actividad extractiva, el perjudicial impacto que esto tiene sobre las comunidades locales no hará más que agravarse. Es fundamental que esta fiebre del oro no pisotee los derechos de las comunidades locales y que se aprueben con urgencia nuevas leyes que garanticen que el Estado puede proteger adecuadamente los derechos humanos y que las empresas los respetan.”
La industria minera de Senegal es aún relativamente incipiente. La investigación de Amnistía Internacional revela las malas prácticas de las empresas mineras y los errores del gobierno, que hacen temer que las comunidades senegalesas puedan ser víctimas del mismo tipo de abusos contra los derechos humanos típicos de las industrias extractivas en otras partes de África Occidental.
La Ley de Minas de Senegal (2003) ofrecía varios incentivos de inversión a las empresas internacionales para la prospección y explotación de depósitos de oro y otros minerales. Esta ley, unida a las subidas del precio del oro, propició una rápida expansión de la minería industrial, especialmente en la región de Kédougou. La mayoría de los proyectos están en sus primeras fases de desarrollo, pero la huella del sector crecerá rápidamente en los próximos años.
A pesar del derecho internacional de los derechos humanos y de la Directiva Minera, aprobada en 2009 por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (que está previsto esté en vigor en toda la región para julio de 2014), Senegal está permitiendo que las empresas mineras adquieran los derechos sobre el uso de la tierra sin proporcionar las salvaguardias adecuadas a las comunidades que la pueblan y subsisten de ella.
Según las actuales leyes sobre tierras y explotaciones mineras de Senegal, se puede desalojar a la fuerza de sus tierras a quienes viven en ellas sin una notificación previa adecuada, sin una verdadera consulta y sin considerar debidamente el impacto que el desalojo tendrá sobre sus medios de vida, su acceso a los alimentos y otros derechos económicos, sociales y culturales.
En la región de Kédougou, Amnistía Internacional siguió la experiencia del primer grupo de familias que fueron reasentadas para dar cabida a una operación de extracción minera en Senegal. La organización volvió a visitar la comunidad casi dos años después de su reubicación. En ese momento, Amnistía Internacional halló que el reasentamiento no se había ajustado a las normas internacionales y que en la nueva ubicación las familias tenían un alojamiento inadecuado, sin suficiente tierra ni agua para llevar a cabo su habitual agricultura de subsistencia.
“La experiencia de estas familias, desarraigadas de sus hogares y reubicadas en una zona donde tienen que luchar para sobrevivir, es sumamente preocupante”, ha dicho Seydi Gassama. “Los derechos humanos nunca deben ponerse por detrás de los intereses comerciales, y a los habitantes de Senegal no debe privárseles de sus derechos a usar la tierra que habitan en la búsqueda del oro que hay en el subsuelo del país. El gobierno debe respetar el derecho internacional y tomar medidas adecuadas para garantizar que no se cometen abusos contra los derechos humanos.”
Si desean más información o recibir un ejemplar del informe en inglés o francés, pónganse en contacto con Stefan Simanowitz + 44 (0) 20 7413 5729 o 07721398984 [email protected].
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La Ley de Minas de Senegal (2003) ofrece varios incentivos de inversión a las empresas internacionales para la prospección y explotación de los depósitos de minerales. Esta ley, unida a las subidas del precio del oro, propició una rápida expansión de la minería industrial, especialmente en la región de Kédougou.
Amnistía Internacional hizo entrevistas a comunidades locales de Kédougou en 2011 y 2013. Los investigadores visitaron a seis familias de la aldea de Dambankhoto, que habían sido reubicadas en 2011 para dejar libre el terreno para la construcción de un lavadero de residuos de Sabodala Gold Operations (SGO). SGO es una filial de la multinacional Teranga Gold Corporation, registrada en Canadá .
Amnistía Internacional también analizó las leyes de Senegal, sacando a la luz brechas importantes entre las actuales salvaguardias que ofrece la ley en Senegal y las obligaciones del país en materia de derechos humanos. Las leyes senegalesas tampoco cumplen los requisitos de la Directiva Minera de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental en materia social y de derechos humanos. En concreto, los requisitos de Senegal en lo que se refiere a la consulta y la participación de las comunidades afectadas por las actividades mineras en las decisiones que influyen en sus derechos humanos distan mucho de cumplir las normas internacionales de derechos humanos.