Un tribunal de Moscú ha dado un paso más en el ataque del gobierno ruso contra la sociedad civil independiente al negarse a anular una orden que obliga a una importante organización de derechos humanos a inscribirse como “agente extranjero”.
En la primavera de 2013, la fiscalía ordenó a varias organizaciones no gubernamentales rusas, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Memorial, Golos, Veredicto Público y Jurix, presentes hoy en la sala, que se inscribieran como “agentes extranjeros” en virtud de la nueva ley draconiana aprobada el año pasado.
Hoy, Memorial perdió el juicio. Las vistas de los casos de las otras tres ONG, Veredicto Público, Golos y Jurix, se han aplazado.
“La vista fue una desoladora farsa. El tribunal tuvo ocasión de defender el derecho a la libertad de asociación, pero en lugar de eso, ayudó a las autoridades a enterrarlo aún más”, ha dicho Sergei Nikitin, director de la oficina en Moscú de Amnistía Internacional.
La ley sobre “agentes extranjeros”, promulgada hace más de un año, obliga a las organizaciones que reciban financiación del extranjero y realicen “actividades políticas” definidas en términos muy generales, a inscribirse como “organizaciones que realizan las funciones de agentes extranjeros”. La ley permite a las autoridades rusas imponer fuertes multas y duras sanciones administrativas a las ONG que incumplan este requisito.
El fallo coincide con la aprobación por el Parlamento ruso de medidas que facultarán al gobierno para inscribir directamente a las ONG como “agentes extranjeros” contra su voluntad sin tener que solicitarlo en los tribunales como ahora sucede.
La ONG Centro de Derechos Humanos Memorial, radicada en Moscú, recibió orden de inscribirse con arreglo a la nueva ley sobre “agentes extranjeros” en marzo de 2013. El motivo, según la fiscalía, era que su publicación en Internet de material de derechos humanos “puede interpretarse como actividad política” que “crea opinión sobre la política estatal” y “pretende influir en las decisiones de las instituciones del Estado”.
“Hoy el tribunal apoyó de hecho la postura de la fiscalía según la cual el trabajo legítimo en materia de derechos humanos es una ‘actividad política’ y quienes lo realizan deben ser calificados de ‘agentes extranjeros’”, ha declarado Sergei Nikitin.
Las cuatro organizaciones insisten en que no se inscribirán como “agentes extranjeros” y piensan llevar sus casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.