Los presos políticos y presos de conciencia de la sección 350 de la prisión iraní de Evin fueron objeto de agresiones, palizas y otros malos tratos, y a algunos de los heridos se les negó el acceso a atención médica adecuada, según un nuevo documento publicado por Amnistía Internacional sobre los sucesos del 17 de abril, que los activistas locales han bautizado como “Jueves negro”.
En el documento, titulado “Justice is an Alien Word”: Ill-treatment of political prisoners in Evin prison, se expone cómo decenas de reclusos fueron sometidos al uso injustificado de la fuerza por parte de funcionarios de seguridad tras exigir estar presentes durante un registro mensual de sus celdas. Los funcionarios taparon los ojos y esposaron a los presos, a los que después obligaron a pasar por un “túnel” formado por funcionarios de seguridad armados de porras que les pegaron repetidamente con ellas en la espalda, la cabeza y la cara.
“Los funcionarios de seguridad respondieron con un grado terrible de brutalidad a la protesta en la prisión de Evin, golpeando a los reclusos, arrastrándolos por el suelo e insultándolos. Someter a los presos a estos malos tratos es un abuso flagrante de la autoridad por parte de los funcionarios de prisiones”, declaró Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Hasta el momento no se tienen noticias de que se haya abierto una investigación independiente sobre los hechos. Una semana después, y tras la indignación de la opinión pública, Golamhossein Esmaili, director de la Organización Penitenciaria de Irán, fue destituido de su cargo. Sin embargo, se le dio otro alto cargo en la Magistratura del país, en lo que un portavoz del organismo calificó de ascenso. En una declaración realizada unos días después del incidente, el presidente de la Magistratura rechazó las acusaciones de que se hubieran cometido violaciones durante el registro realizado el 17 de abril en la prisión de Evin y lanzó una advertencia a quienes “difunden mentiras”.
Las afirmaciones iniciales según las cuales el gobierno había creado un equipo para investigar el incidente fueron desmentidas posteriormente por el ministro de Justicia, Mostafa Pourmohammadi.
“Hasta ahora las autoridades han intentado en gran medida barrer los sucesos del ‘Jueves negro’ bajo la alfombra. La falta de voluntad que han demostrado las autoridades para investigar y exigir cuentas es inaceptable. La impunidad es un problema desde hace tiempo en Irán. Las autoridades deben romper con sus hábitos del pasado y abrir una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los incidentes inmediatamente”, prosiguió Said Boumedouha.
La violencia comenzó cuando, según informes, los funcionarios de prisiones y unos hombres vestidos de civil —algunos de los cuales llevaban la cara tapada con máscaras y gafas de sol— realizaron un registro de las celdas, lo que desencadenó una protesta de los reclusos, que exigieron estar presentes durante el registro. La protesta de los presos fue respondida con una fuerza brutal. Según la información obtenida por Amnistía Internacional, los funcionarios propinaron puntapiés, puñetazos y golpes con porras a los reclusos, y algunos guardias los arrastraron por el suelo, desgarrándoles la ropa y golpeándolos.
Al menos 32 internos fueron recluidos en celdas de aislamiento en la sección 240 de la prisión de Evin poco después del incidente. Algunos fueron obligados a desnudarse antes de ser encerrados en la celda. Muchos de ellos comenzaron una huelga de hambre como protesta.
La esposa del preso de conciencia Mohammad Sadiq Kabudvand, periodista kurdo que cumple una condena de 11 años de prisión, dijo a Amnistía Internacional que los guardias le dieron tantos puntapiés y puñetazos a su marido que éste perdió el conocimiento. Cuando despertó en la enfermería de la prisión no podía hablar y estaba junto a una máquina que parecía un desfibrilador, lo que indica que pudo haber sufrido una parada cardiaca.
Algunos familiares que pudieron visitar a sus parientes en la prisión el 21 de abril calificaron lo que vieron de “estremecedor” y “doloroso”. Dijeron haber visto a presos con numerosos hematomas y señales de golpes. Un padre declaró que su hijo llevaba un collarín cervical y tenía un corte abierto en la cabeza que necesitó puntos de sutura; al parecer, también perdió la audición en el oído derecho, posiblemente por un golpe en la cabeza.
Los informes indican que hasta cinco presos fueron trasladados a un hospital, aunque posteriormente los devolvieron a la prisión sin haber recibido tratamiento médico adecuado.
“Las autoridades han mostrado una actitud espeluznante e inhumana hacia los heridos por las palizas. A muchos se les negó la debida atención médica, lo que representa una violación flagrante del derecho internacional. Todo preso enfermo o herido debe recibir el tratamiento médico necesario”, dijo Said Boumedouha.
Los familiares que preguntaron por sus seres queridos tras conocerse el incidente dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades de la prisión les dieron muy poca información sobre el estado de los reclusos. Algunos familiares han sufrido acoso e intimidación por parte de las autoridades por hablar de sus familiares heridos. Muchos han recibido mensajes de texto de un número desconocido en los que se les advertía de que “sufrirían las consecuencias” si asistían a una concentración prevista frente a la Fiscalía de Teherán. Al menos dos hombres, Kaveh Darolshafa y Ahmad Reza Haeri, que hacían campaña a favor de sus familiares en prisión, fueron detenidos, aparentemente para impedir que denunciaran los hechos.
“En lugar de acosar a estas familias, las autoridades deberían demostrar que se toman en serio estas acusaciones abriendo una sólida investigación y llevando ante la justicia a todos los funcionarios a los que se halle responsables”, concluyó Said Boumedouha.
Amnistía Internacional ha pedido también que todos los presos tengan acceso periódico a sus familias y a sus abogados.