El gobernador de Texas, Rick Perry, debe detener la ejecución el miércoles de Ramiro Hernández Llanas, ciudadano mexicano que padece una discapacidad mental, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El estado se ha basado en estereotipos raciales y en las opiniones de un “perito” desprestigiado para obtener la condena a muerte. Ésta deberá ejecutarse poco después de las 6 de la tarde, hora local, del 9 de abril.
Después de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas negara el lunes el indulto a Ramiro Hernández Llanas, la última esperanza de clemencia de éste es que el gobernador del estado conceda un aplazamiento.
“Este caso exige que el gobernador Perry haga uso de su facultad para conceder un aplazamiento. El gobernador debe reconocer que el estado se ha basado en el testimonio deficiente de un ‘perito’ para condenarlo a la pena máxima”, afirmó Rob Freer, investigador sobre Estados Unidos de Amnistía Internacional.
En el juicio celebrado en 2000, el fiscal recurrió al testimonio de un psiquiatra desprestigiado, el doctor James Grigson, para rebatir las opiniones de los expertos en salud mental que declararon para la defensa. Grigson, que nunca había examinado al procesado, declaró que era probable que Ramiro Hernández Llanas cometiera en el futuro actos de violencia delictiva porque era un sociópata que carecía de conciencia. En Texas, convencer al jurado de que el encausado será un “peligro futuro” para la sociedad, incluso en prisión, es un requisito para imponer la pena de muerte.
“Los testimonios como el del doctor Grigson han sido desacreditados con los años como ‘ciencia basura’ y el propio Grigson fue amonestado y posteriormente expulsado de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense por recurrir a testimonios tan poco científicos en juicios donde cabía la imposición de la pena capital”, dijo Rob Freer.
“Teniendo en cuenta lo que sucedió a continuación —testimonio psiquiátrico viciado por estereotipos raciales—, este caso destaca claramente como otra injusticia que se comete en Texas que está a punto de desembocar en una inyección letal.”
El estado presentó el testimonio de otro psiquiatra, el doctor Richard Coons, en una vista celebrada en 2008 para rebatir la conclusión de un perito de la defensa de que Ramiro Hernández Llanas tenía “retraso mental”, lo que haría que su ejecución fuera ilegal en virtud de una sentencia de la Corte Suprema de 2002.
El doctor Coons nunca se entrevistó con el preso ni con nadie que le conociera, no habla español y dijo que la conducta delictiva del preso era adecuada para su “grupo cultural”.
“Un principio fundamental del derecho internacional es que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a un juicio penal sin discriminación racial ni de otro tipo”, prosiguió Rob Freer.
“Aunque creemos que la pena de muerte nunca equivale a la justicia, no hay duda de que incluso quienes defienden el homicidio judicial deben ver la injusticia de una pena capital obtenida tras la presentación de un testimonio tan viciado.”
El gobierno mexicano presentó en enero un escrito ante la Corte Suprema estadounidense en el que condena el “uso de estereotipos difamatorios de las capacidades funcionales de las personas educadas en la cultura mexicana de bajo estatus socioeconómico del señor Hernández.”
La Asociación Estadounidense sobre Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo, fundada en 1876 y The Arc, la mayor organización comunitaria de Estados Unidos que trabaja con personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo, instaron asimismo a la Corte a que interviniera. Ésta se ha negado a hacerlo.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó unas “medidas cautelares” en las que pidió a Estados Unidos que no siguiera adelante con la ejecución a fin de que la Comisión tuviera tiempo para estudiar una petición presentada ante ella. Hoy, la Comisión ha subrayado que si Estados Unidos permite que se lleve a cabo la ejecución en estas circunstancias, “contravendría gravemente sus obligaciones legales internacionales”.
“Texas sabe lo que es la injusticia en lo que se refiere a la pena de muerte”, concluyó Rob Freer.
“Y aquí está otra vez, a punto de ejecutar una condena a muerte obtenida con un testimonio muy cuestionable contra alguien cuya discapacidad mental pone seriamente en duda la constitucionalidad de su ejecución. El gobernador Perry debe actuar con carácter urgente.”
Información complementaria
Ramiro Hernández Llanas fue condenado a muerte en febrero de 2000 por el asesinato de su empleador, Glen Lich, que murió de una paliza en su rancho del condado de Kerr el 14 de octubre de 1997.
Ramiro Hernández Llanas tuvo una infancia de abusos y pobreza severa en México, donde su familia vivía en una casa precaria de cartón cerca de un vertedero donde se dedicaba a la busca. Según los tests a que ha sido sometido en los últimos diez años, Ramiro Hernández Llanas tiene un CI de más de 50 e inferior a 70. Sufre deficiencias graves en cuanto a capacidad de adaptación en todo un abanico de competencias, incluidas la lingüística, la académica, la conceptual, la social, la laboral y la doméstica
En lo que va de año se han llevado a cabo 15 ejecuciones en Estados Unidos, cinco de ellas en Texas. Desde que se reanudaron los homicidios judiciales en Estados Unidos en 1977 en virtud de los estatutos revisados sobre pena capital, ha habido 1.374 ejecuciones en todo el país. Texas ha sido responsable de 513 de estas ejecuciones, de las que 274 se han realizado durante el mandato del gobernador Perry.
Si desean más información sobre el caso de Ramiro Hernández, consulten la acción urgente de Amnistía Internacional sobre el caso.