La decisión hoy del Tribunal Municipal de San Petersburgo de desestimar la apelación de una destacada organización no gubernamental (ONG) rusa contra la orden judicial de inscribirse como “agente extranjero” es una agresión legal contra toda la sociedad civil rusa, ha declarado Amnistía Internacional.
El Centro contra la Discriminación Memorial, importante ONG de derechos humanos que trabaja por las víctimas del racismo y la xenofobia en Rusia, decidió abandonar sus actividades en Rusia en lugar de llevar la etiqueta de “agente extranjero” o de correr el riesgo de que su directora fuera juzgada por lo penal por no inscribir la asociación.
“El tribunal tenía dos opciones y su no decidió a favor de la justicia y los derechos humanos. Su desalentadora resolución sigue la tendencia predominante que promueve el gobierno ruso de imponer su sello sobre cualquier actividad de la sociedad civil. Sienta un peligroso precedente que podría emplearse contra otras ONG”, afirmó Sergei Nikitin, director de la oficina de Moscú de Amnistía Internacional.
“Las autoridades rusas están privando deliberadamente a la sociedad rusa de una voz alternativa, de mecanismos de control de los actos del gobierno. Atacan a cualquiera que se atreva a criticarlos.”
La persecución de ADC Memorial se inició hace más de un año, cuando la Fiscalía se refirió a su informe Romaníes, migrantes y activistas: víctimas de abusos policiales, presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2012, como prueba de que la organización estaba implicada en “actividades políticas” y, por tanto, vulneraba la recién promulgada ley rusa al no inscribirse como “agente extranjero”.
La ONG logró resistir a dos procesos judiciales iniciados contra ella por la Fiscalía, en mayo y julio de 2013. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2013, un tribunal de San Petersburgo resolvió a favor de la nueva solicitud de la Fiscalía de reconocer todas las actividades de ADC Memorial como “políticas” y obligarla a inscribirse como “agente extranjero”.
Tras la resolución de hoy, la directora de ADC Memorial, Stefania Kulaeva, expresó su decepción a Amnistía Internacional:
“Las actuaciones judiciales no fueron objetivas. No se tuvieron en cuenta nuestros argumentos. Nuestros abogados fueron interrumpidos una y otra vez mientras que la fiscalía tuvo vía libre.”
La ley sobre “agentes extranjeros”, promulgada hace más de un año, confiere a las autoridades rusas la facultad de imponer cuantiosas multas y severas penas administrativas a las organizaciones que reciban financiación del extranjero y participen en unas “actividades políticas” definidas de forma laxa, pero no se inscriban como “organización que desempeña las funciones de un agente extranjero”.
La decisión judicial contra ADC Memorial se conoce el mismo día que el Tribunal Constitucional de Rusia ha resuelto que la “ley sobre agentes extranjeros” es compatible con la Constitución del país. Varias ONG y el defensor de los derechos humanos, Vladimir Lukin, habían cuestionado la ley alegando que violaba los derechos a la libertad de expresión y de asociación, supuestamente protegidos por la Constitución rusa.
“Es cada vez más evidente que las autoridades rusas están empeñadas en aplastar a la sociedad civil a toda costa”, concluyó Sergei Nikitin.