Las fuerzas armadas de Egipto deben poner fin al juicio militar de dos periodistas, ponerlos en libertad inmediata e incondicionalmente y retirar todos los cargos formulados contra ellos, ha afirmado Amnistía Internacional al declarar a ambos presos de conciencia.
Amr Al Qazaz e Islam Farahat comparecerán ante el Tribunal Militar de Delitos Menores del Norte de El Cairo el 26 de febrero de 2014, acusados de obtención ilegal y publicación de documentos y vídeos militares clasificados, que incluyen entrevistas con el ministro de Defensa egipcio Abdel Fattah Al Sisi. De ser declarados culpables, podrían ser condenados a una pena de hasta tres años de prisión.
“Los dos periodistas son presos de conciencia, detenidos únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión en el desempeño de su trabajo”, declaró Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las autoridades egipcias deben ponerles en libertad inmediata e incondicionalmente, y retirar todos los cargos formulados contra ellos. El periodismo no es un delito, y los civiles, periodistas incluidos, nunca deben ser juzgados por un tribunal militar.”
Las autoridades militares egipcias sostienen que los vídeos y documentos —que los periodistas presuntamente publicaron en Internet— podrían desestabilizar la situación de la seguridad del país.
Según Ahmed Helmy, abogado egipcio defensor de los derechos humanos, en el expediente de los periodistas se afirma que la información militar clasificada que publicaron incluye unos vídeos del ministro de Defensa entrevistado por el diario egipcio Al Masry Al Youm, así como de una reunión que mantuvo con otros altos cargos del ejército bajo su mando.
Los periodistas están acusados también de publicar 21 documentos que contienen detalles de la respuesta prevista por el gobierno al intento por parte de la Hermandad Musulmana, organización prohibida, de defender su legitimidad y el régimen legítimo del depuesto presidente Mohamed Morsi.
La familia de Amr Al Qazaz ha dicho a Amnistía Internacional que unos agentes de seguridad armados vestidos de civil detuvieron a éste en su casa el 12 de noviembre de 2013. Los agentes registraron su apartamento y confiscaron su ordenador portátil, teléfonos, cámara, documentos y libros. Según los informes, seis días después, unos agentes del Servicio de Inteligencia Militar detuvieron a Islam Farahat en una calle de El Cairo y se lo llevaron en un automóvil con matrícula civil.
Ambos hombres fueron llevados a la Unidad de Inteligencia Militar de la zona de Hadayek El Kubba de El Cairo, donde estuvieron al menos 10 días mientras el fiscal militar realizaba investigaciones. Según sus familias, les vendaron los ojos y les esposaron durante el interrogatorio en las oficinas del Servicio de Inteligencia Militar.
El encarcelamiento de Amr Al Qazaz y de Islam Farahat constituye una violación del derecho internacional y de las leyes egipcias. El artículo 71 de la recién adoptada Constitución egipcia prohíbe el encarcelamiento por “delitos” relacionados con la publicación.
Las familias de ambos periodistas dijeron a Amnistía Internacional que no pudieron visitarles hasta que fueron trasladados desde la oficina del Servicio de Inteligencia Militar hasta la prisión de Al Mahkoum, en Tora, según informes el 25 de noviembre. Las fuentes indican que en Al Mahkoum, a Amr Al Qazaz lo golpearon y lo encerraron en una pequeña celda junto con otros 11 detenidos, y le confiscaron las mantas.
Los abogados que representan a Amr Al Qazaz y a Islam Farahat no recibieron una copia completa de su expediente hasta después de la primera vista del juicio, el 24 de febrero, lo que perjudicó su capacidad para preparar una defensa adecuada.
“A la espera de que sean puestos en libertad, el gobierno egipcio debe permitir que Amr Al Qazaz e Islam Farahat tengan acceso a sus abogados y a sus familias”, concluyó Philip Luther.
Información complementaria
Amr Al Qazaz e Islam Farahat fueron detenidos en noviembre de 2013 y acusados de revelar secretos militares en el expediente número 3558/2013. El fiscal militar remitió el expediente al Tribunal Militar de Delitos Menores del Norte de El Cairo el 22 de febrero de 2014 y se fijó el inicio del juicio el 24 de febrero de 2014. Ese día el tribunal aplazó el juicio al 26 de febrero.
La Constitución egipcia vigente, adoptada en enero de 2014, permite que los tribunales militares juzguen a civiles, confiriéndoles jurisdicción sobre los ataques contra personal militar e instalaciones, campamentos, zonas y fronteras militares. También deja la puerta abierta a que la “ley” determine otros delitos que podrían estar sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares.
Durante los 17 meses de gobierno de las fuerzas armadas egipcias, desde enero de 2011 hasta junio de 2012, más de 12.000 civiles, varios periodistas entre ellos, fueron juzgados por los tribunales militares.
Estos juicios militares continuaron durante y después del gobierno del depuesto presidente Mohamed Morsi. Desde 2013, al menos dos periodistas han sido sometidos a un juicio militar: Ahmed Abu Deraa, corresponsal de Al Masry Al Youm, y Mohamed Sabry, periodista y bloguero independiente, permanecieron detenidos durante un mes y unos días, respectivamente, antes de ser condenados a sendas penas suspendidas de seis meses de prisión.
Amnistía Internacional se opone a los juicios de civiles por los tribunales militares por ser fundamentalmente injustos y violar varias garantías de imparcialidad procesal, como el derecho a un juicio justo y público ante un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley; el derecho a disponer de tiempo suficiente para preparar la defensa; el derecho a ser defendido por un abogado de su elección, y el derecho a recurrir ante un tribunal superior contra la declaración de culpabilidad y la condena.