Deficiente historial de Zimbabue pese a las salvaguardias de la nueva Constitución

El gobierno de Zimbabue debe garantizar todos los derechos humanos consagrados en la nueva Constitución, ha dicho Amnistía Internacional en un informe en el que presenta un programa de derechos humanos con motivo de los 100 días de Robert Mugabe en su nuevo mandato presidencial.

En el informe titulado Human Rights Agenda for the New Government – 2013 to 2018 (Programa de derechos humanos para el nuevo gobierno, 2013-2018), la organización insta al gobierno de Zimbabue a que tome medidas significativas para mejorar el deficiente historial de derechos humanos del país, y también que aborde la impunidad de anteriores violaciones y proporcione reparación a las víctimas.

“No cabe duda de que el nuevo gobierno será juzgado por su expediente de derechos humanos y su capacidad de mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del país”, ha dicho Noel Kututwa, director adjunto de Amnistía Internacional para África Austral. 

“La nueva Constitución ofrece una oportunidad de oro para que el gobierno comience a subsanar los errores del pasado, a ofrecer justicia a los habitantes del país y a permitir la libertad de expresión. Todo eso es posible si hay voluntad política. 

“Deseamos ver cómo el nuevo gobierno da a entender claramente que va a romper con un  pasado donde los derechos humanos se violaban de forma manifiesta.”

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que anule o modifique de inmediato todas las leyes que no sean acordes con la nueva Constitución, como la Ley de Orden Público y Seguridad y la Ley del Código Penal (Codificación y Reforma), utilizadas en el pasado para negar el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

La nueva Constitución, redactada durante el periodo del gobierno de coalición y promulgada en mayo de este año, proporciona una amplia gama de derechos humanos bajo su Declaración de Derechos (capítulo 4), que incluye derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos respaldados por la ley.

Amnistía Internacional observa con preocupación que el nuevo gobierno sigue hostigando e intimidando a los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente a los dirigentes de ONG, a quienes se procesa por llevar a cabo su labor legítima, garantizada por el derecho internacional. 

“Los derechos a la libertad de expresión y asociación de todas las personas que trabajan para promover o proteger los derechos humanos deben respetarse. El gobierno debe retirar inmediata e incondicionalmente los cargos contra cualquier persona que haya sido detenida por ejercer sus derechos garantizados internacionalmente”, ha dicho Noel Kututwa. 

El informe pide también la suspensión oficial de todos los desalojos forzosos e insta a que se emprenda una revisión de la Operación Garikai, un programa del gobierno concebido para realojar a algunas de las 700.000 personas que quedaron sin hogar debido a los desalojos forzosos de 2005 (lo que se conoce como Operación Murambatsvina), con el fin de proporcionar recurso efectivo a las víctimas.

Según los informes, este mes el ministro de Gobierno Local, Obras Públicas y Vivienda, Ignatius Chombo, ha ordenado la destrucción de “estructuras ilegales” existentes en el país, en lo que se denominó una operación de “limpieza”. En los municipios de Ruwa e Epworth, en las inmediaciones de Harare, se han derribado decenas de pequeños negocios y de viviendas. El gobierno ha amenazado asimismo con llevar a cabo desalojos en la zona rural de Seke y en la población de Chitungwiza, al sur de Harare.

“El desalojo forzoso es inconstitucional en Zimbabue. El apartado 74 de la Constitución reconoce el derecho a “no sufrir desalojo arbitrario”. En virtud del derecho internacional, las personas que sufren un desalojo tienen derecho a recibir una notificación adecuada, ser realmente consultadas, recibir una vivienda alternativa viable y obtener una indemnización", ha dicho Noel Kututwa. 

El programa de derechos humanos también pide la suspensión inmediata de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte para todos los delitos, así como la conmutación de todas las penas de muerte.