La historia, en suspenso para las víctimas del genocidio guatemalteco

Efraín Ríos Montt, ex gobernante militar de Guatemala, fue el primero del continente en enfrentarse a cargos de genocidio ante un tribunal.

Pero ese proceso histórico peligra. Según la información publicada en la prensa, la Corte de Constitucionalidad de este país centroamericano está considerando la posibilidad de conceder a Ríos Montt una amnistía. Si se la concede, el general retirado podría verse libre de todos los cargos, sin tener que someterse a juicio nunca más. Las amnistías son una tragedia para las víctimas, pues bloquean la verdad, la justicia y la reparación.

Juan Francisco Soto sabía que estaba siendo testigo de la historia cuando en mayo vio al general retirado sentado a la puerta de una sala de juicios abarrotada. Por fin, Ríos Montt estaba siendo juzgado por el homicidio de casi 2.000 personas.

“Pensé que la justicia había tardado pero que al final ahí estaba. Ríos Montt tenía que enfrentar la justicia, escuchar a cada víctima relatar lo que él había ordenado que se hiciera. Eso fue muy importante para las víctimas y para que la población se diera cuenta que no pueden existir personas intocables”, dijo Juan Francisco a Amnistía International. 

Tras el juicio, en mayo de este año el tribunal resolvió que el ex dictador era culpable de genocidio, por haber ordenado el homicidio de 1.771 indígenas ixil. En una sentencia histórica, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión.

Pero la esperanza de justicia se vio frustrada cuando, tan sólo 10 días después, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia por una cuestión técnica, y ordenó que los procedimientos volvieran al día, cerca del final del juicio, en el que los abogados defensores de Ríos Montt abandonaron la sala. 

Las organizaciones de derechos humanos están exigiendo que el juicio se reanude en una fecha tan cercana como abril de 2014, pero no está claro qué sucederá, ni si se hará justicia, ya que la situación no hace más que cambiar. 

“Exterminio”

Efraín Ríos Montt gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, uno de los periodos más sangrientos del conflicto armado interno, de 36 años de duración, que terminó en 1996.

Decenas de miles de personas fueron masacradas, violadas y hechas desaparecer durante el conflicto, entre ellas 1.771 indígenas ixil cuyos homicidios se abordaron en el juicio de Ríos Montt.  

Meses después de terminar el conflicto, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), donde trabaja Juan Francisco, se puso en contacto con los sobrevivientes ixil para ayudarlos a llevar a los responsables, incluido Ríos Montt, ante los tribunales.

La estrategia, según explica Juan Francisco, consistía en lograr que quienes ocupaban los puestos más altos de la cadena de mando no escaparan a la acción de la justicia. 

“Lo que sucedió en Guatemala fue tan grande, 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, un millón de desplazados internos. Es prácticamente imposible juzgarlo todo o encontrar un sistema judicial que aguante juzgar toda esa cantidad de violaciones a los derechos humanos; entonces creo que ahí es donde entra el tema del litigio estratégico.”

“El periodo del general Ríos Montt fue corto pero con una magnitud impresionante de violaciones a los derechos humanos, con un costo humano muy alto. Al menos el 5 por ciento de la población ixil fue asesinada durante ese año y ocho meses, un exterminio.”

“Nunca más”

Juan Francisco empezó a trabajar con organizaciones de derechos humanos cuando el conflicto armado interno de Guatemala ya había terminado y empezaban a conocerse los terribles abusos que se habían cometido.

“Al principio cuando escuchaba los casos sentía sorpresa, uno no se imagina que pueda pasar, que el ser humano pueda llegar a hacer eso pero, con el tiempo, uno va viendo esa realidad y ahí es donde uno decide que hay que aportar un poquito para cambiar esa situación”, explica.

Pese a los abrumadores testimonios de los sobrevivientes y las pruebas de abusos –incluidas las fosas comunes halladas y exhumadas en todo el país–, el llevar a los responsables ante la justicia resultó ser una tarea ímproba. 

“Algunos casos que se lograron judicializar, aunque es muy difícil. El sistema judicial guatemalteco tiene una gran deuda con las víctimas. Las víctimas vienen esperando 30 años para que se haga justicia y dicen que están dispuestas a esperar, sin importar el tiempo que pase. Quieren una garantía de que esto no va a volver a pasar.”

Para quienes han tenido el coraje y la fuerza de testificar contra Ríos Montt, la cuestión es: ¿llegarán a ver la justicia?