La absolución de 21 activistas de derechos humanos y de la oposición dictada hoy por el Tribunal Superior de Zimbabue plantea graves dudas sobre la conducta indebida de la policía tras el asesinato de un agente, a las que las autoridades deberían dar respuesta; así lo ha afirmado Amnistía Internacional. “La absolución de los 21 activistas es un feliz acontecimiento; Amnistía Internacional siempre ha pensado que la mayoría de los acusados, si no todos, habían sido detenidos como consecuencia de una investigación politizada de la muerte del agente”, ha explicado Noel Kututwa, director de Amnistía Internacional para la región de África Austral. “Tendría que haberse realizado una investigación profesional sobre la trágica pérdida de la vida de un agente de policía, sin cometerse las violaciones de derechos humanos que ahora la empañan. Las investigaciones policiales deben ser competentes, diligentes, exhaustivas e imparciales.”Siete activistas del Movimiento por el Cambio Democrático, grupo opositor liderado por Morgan Tsvangirai, continúan procesados por el asesinato del agente de policía Petros Mutedza, cometido en el barrio residencial de Glen View, en Harare, en 2011.Las absoluciones no llegaron hasta que el Estado concluyó sus alegaciones sobre los 29 activistas acusados del asesinato. Muchos pasaron más de un año bajo custodia tras su detención en mayo de 2011, y una activista, Rebecca Mafukeni, murió en la cárcel mientras estaba en reclusión preventiva. La opinión generalizada es que a la mayoría los detuvieron simplemente por ser conocidos activistas del Movimiento por el Cambio Democrático que vivían en Glen View cuando murió Petros Mutedza.Entre las personas que hoy han sido absueltas está la activista Cynthia Manjoro. Se le concedió la libertad bajo fianza en octubre de 2012 después de que un testigo del Estado afirmara que su detención y custodia era una treta dirigida a presionar a otro sospechoso, amigo de ella, para que se presentara y se entregara a la policía. El presunto sospechoso continúa en libertad. Otros dos detenidos –Solomon Madzore, presidente de la Asamblea Juvenil del Movimiento por el Cambio Democrático, y Taruvinga Magaya– también quedaron en libertad bajo fianza el 13 de noviembre de 2012. Cinco activistas, entre ellos la difunta Rebecca Mafukeni, permanecieron bajo custodia durante el juicio. “Pedimos al nuevo gobierno de Zimbabue que ponga fin a la politización de la función policial; lleva utilizándose demasiado tiempo para reprimir la oposición política y a los defensores y defensoras de los derechos humanos”, ha dicho Noel Kututwa. Amnistía Internacional pide a Zimbabue que respete y haga respetar los derechos proclamados en la nueva Constitución –que entró en vigor en mayo de 2013–, entre ellos el derecho a pertenecer al partido político que uno elija y el derecho a la libertad de asociación.
