Cada año, la policía de Brasil es responsable de alrededor de 2.000 muertes, ha declarado hoy Amnistía Internacional, 20 aniversario de la tristemente célebre masacre de Candelária en Río de Janeiro.
“Nuestra policía aún tiene las manos manchadas de sangre y se la permite actuar con impunidad, pues los homicidios extrajudiciales siguen siendo habituales en las principales ciudades de Brasil”, ha afirmado Atila Roque, director de la oficina en Brasil de Amnistía Internacional.
La noche del 23 de julio de 1993, una banda de hombres encapuchados abrieron fuego contra un grupo de unos 50 niños y niñas de la calle que dormían en la escalinata de la iglesia de Candelária de Río de Janeiro y mataron a ocho jóvenes.
Cuatro perdieron la vida en el mismo lugar, otro cayó abatido cuando huía, a otros dos los metieron a empujones en un auto y fueron ejecutados después, y una niña murió varios días más tarde debido a las heridas sufridas. Dos de las víctimas tenían 18 años; las seis restantes eran menores de edad.
Una breve investigación reveló que la mayoría de los miembros de la banda armada eran policías militares. Tres de ellos fueron condenados a prisión por su papel en los homicidios, aunque ya han sido puestos en libertad. Otros seis sospechosos fueron absueltos a pesar de las pruebas de su implicación.
Un mes después de la masacre de Candelária, un escuadrón de la muerte de la policía mató a 21 residentes de la favela de Vigário Geral, de Río de Janeiro, en otra brutal matanza. Aunque en un principio fueron acusados formalmente 33 policías, sólo seis fueron declarados culpables por su actuación en los homicidios.
“Estos aniversarios son un importante recordatorio de la necesidad de pedir justicia por abusos cometidos en el pasado, como los de Candelária y Vigário Geral, pero también ofrecen una oportunidad para poner fin a las miles de ejecuciones extrajudiciales que se siguen cometiendo cada año”, prosiguió Roque.
Según la ONU, entre 2003 y 2009 la policía de Río de Janeiro y de Sao Paulo se ha visto implicada en al menos 11.000 homicidios conocidos como “resistencia seguida de muerte” –en los que se disparó a la víctima después de que ésta supuestamente abriera fuego contra la policía—. Las pruebas demuestran que muchas de estas muertes fueron homicidios ilegítimos.
Además de las masacres de Candelária y Vigário Geral, ha habido una serie de casos significativos de ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía en varias ciudades brasileñas en los que han perdido la vida hasta 20 personas o más en un solo incidente.
“La persistente violencia policial contra la población urbana de Brasil –que afecta desproporcionadamente a jóvenes, pobres y negros—indica la urgencia de realizar investigaciones inmediatas, imparciales e independientes sobre estos incidentes y de garantizar que los responsables responden ante la justicia en juicios justos ante tribunales civiles”, añadió Roque.
“A menos que esto ocurra, la impunidad alimentará aún más violencia policial, desembocando en un círculo vicioso que afecta a la vida cotidiana y a la seguridad de miles de ciudadanos.”