Los homicidios de 24 personas, incluidos tres destacados políticos y ocho miembros de la policía, cometidos en el estado de Chhattisgarh el 25 de mayo podrían propiciar un aumento de la violencia en este estado de la zona central de India y poner en peligro a un mayor número de civiles –incluidas las comunidades adivasis (indígenas) locales–, ha advertido Amnistía Internacional. “Condenamos rotundamente la toma de rehenes y el asesinato de civiles en Chhattisgarh, ya que constituyen graves abusos contra los derechos humanos”, ha declarado Shashikumar Velath, director de Programas en Amnistía Internacional India. Según fuentes policiales, en la carretera de Jagdalpur a Sukma, en Bastar, unos 250 maoístas fuertemente armados tendieron una emboscada a una caravana en la que viajaban líderes destacados del Partido del Congreso, provocaron una explosión en dos vehículos y dispararon indiscriminadamente. Varios líderes del Partido del Congreso murieron abatidos por los disparos de los atacantes, incluido el ex ministro del Interior del estado, Mahendra Karma, y el presidente estatal del Partido del Congreso, Nand Kumar Patel, y su hijo Dinesh. Al parecer, Patel y su hijo fueron tomados como rehenes antes de matarlos. En el atentado también resultaron heridas 33 personas, como el ex ministro de India V. C. Shukla. Según fuentes policiales, un policía continúa desaparecido.El Partido Comunista de India (Maoísta), un grupo armado de oposición prohibido por el gobierno central, ha reivindicado el atentado. En una nota de cuatro páginas enviada a determinados medios de comunicación, el grupo afirmaba que un destacamento del Ejército Guerrillero de Liberación Popular había llevado a cabo el atentado para “castigar” a quienes habían creado la milicia civil antimaoísta Salwa Judum en 2005 y habían establecido “políticas contra el pueblo” en Chhattisgarh. En la carta lamentaba la muerte de unos cuantos “trabajadores inocentes del Partido del Congreso”, pero mantenía que actuaba correctamente al atacar a un partido político. Previamente, el Partido Comunista de India (Maoísta) había convocado una huelga para protestar por la muerte de ocho adivasis, entre los que había tres niños, a manos de fuerzas paramilitares centrales el 17 de mayo. Los ataques deliberados contra civiles, y los atentados contra la vida y la integridad corporal –como el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles y la tortura–, son contrarios a los principios fundamentales de humanidad, tal y como se reflejan en el derecho internacional humanitario. “Las autoridades deben llevar a cabo una investigación imparcial sobre los ataques, y deben procesar a los sospechosos de responsabilidad penal en juicios con las debidas garantías en los que no quepa recurrir a la pena de muerte. Al hacerlo deben garantizar la protección de las comunidades adivasis frente a la discriminación, la violencia y el acoso”, ha manifestado Shashikumar Velath. “Tanto el Partido Comunista de India (Maoísta) como las fuerzas estatales deben abstenerse de cometer atentados que puedan provocar víctimas civiles de forma directa o indirecta. Además, las autoridades deben tomas medidas inmediatas para evitar los atentados, incluidos los ataques en represalia, que podrían causar nuevas víctimas civiles.” Mahendra Karma tuvo un papel decisivo en la creación de la milicia civil antimaoísta Salwa Judum, auspiciada por el estado. Tras las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por Salwa Judum, como homicidios, violaciones y otros delitos de violencia sexual, el Tribunal Supremo de India prohibió la milicia en 2011 y ordenó su desarme. Pero las autoridades estatales incorporaron a los 3.000 hombres de la milicia a una fuerza policial auxiliar que sigue en activo.Durante los últimos ocho años, Chhattisgarh ha vivido un aumento de la violencia entre fuerzas gubernamentales y los maoístas, que afirman luchar en nombre de los adivasis y en contra del orden político establecido en India. En el enfrentamiento han sido habituales los homicidios, la toma de rehenes y otros ataques contra la población civil. Más de 30.000 adivasis siguen siendo víctimas de desplazamiento forzoso.
