Las autoridades bahreiníes deben poner en libertad de inmediato a los cinco hombres condenados a un año de prisión por presuntas ofensas al rey de Bahréin en mensajes publicados en Twitter; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.
El abogado Mahdi al Basri, de 25 años, fue detenido tras un registro policial en su domicilio, situado en Karrana, norte de Bahréin.
Al día siguiente se detuvo a Mahmood Abdul Majeed Abdullah al Jamri, de 34 años, Hassan Abdali Issa, de 33, Mohsen Abdali Issa, de 26, y Ammar Makki Mohammad al Aali, de 36.
Los cinco fueron procesados en causas separadas por ofender al rey en mensajes publicados en Twitter.
Mahdi al Basri fue acusado de publicar mensajes en Twitter en junio de 2012 que fueron rastreados para localizar su dirección IP. Él ha negado los cargos y asegura que no fue su cuenta personal de Twitter la que se utilizó para publicar estos mensajes, y que él no tenía ninguna relación con la cuenta que utilizaba su dirección IP.
Los hombres fueron condenados a un año de prisión el 15 de mayo en aplicación del artículo 214 del Código Penal de Bahréin, que tipifica como delito “ofender al emir [rey] del país y la bandera o emblema nacional”.
“Aparentemente, las autoridades de Bahréin están recurriendo a toda clase de artimañas para impedir que la gente exprese su opinión”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Dos años después de la sublevación en Bahréin, y a pesar de que el gobierno pretende haber emprendido reformas, las autoridades bahreiníes están endureciendo las medidas de represión contra quienes se atreven a expresar su opinión, ya sea a través de Twitter o en marchas pacíficas.”
El 14 de abril, el Consejo de Ministros bahreiní aprobó una enmienda al artículo 214 del Código Penal que eleva la pena por ofender al rey Hamad bin Isa al Jalifa o a la bandera y otros símbolos nacionales.
En virtud de esta enmienda, que se ha remitido a la Asamblea Nacional, tales delitos se castigarían con hasta cinco años de cárcel, además de fuertes multas.
Este mismo mes, en otro intento de restringir derechos básicos, la Cámara Baja del Parlamento bahreiní ha propuesto nuevas enmiendas a la Ley de Reuniones, Procesiones y Concentraciones Públicas.
Tales modificaciones impondrían más restricciones sobre el derecho de reunión pacífica al obligar a los organizadores a depositar una fianza de 20.000 dinares (53.050 dólares estadounidenses) para obtener un permiso. Además, deberán avisar a los residentes de la zona donde va a tener lugar la concentración.
Desde el comienzo de la revuelta en 2011, Amnistía Internacional ha documentado decenas de abusos contra los derechos humanos de activistas pacíficos en Bahréin, como tortura y otros malos tratos, uso excesivo e innecesario de la fuerza y detenciones arbitrarias.
La Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, establecida por el gobierno de Bahréin en junio de 2011, se creó con el cometido de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en relación con las protestas de 2011 y presentar un informe.
La Comisión concluyó que las fuerzas de seguridad eran responsables de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, pero no se ha observado ningún progreso para llevar ante la justicia a los responsables de los abusos.