En noviembre de 2012, Ajmal Kasab, único sobreviviente de los hombres armados autores de los atentados de Bombay (Mumbai) de 2008, fue ejecutado en la horca. Hacía más de ocho años que no se ejecutaba a nadie en India. Tres meses después fue ejecutado Afzal Guru, tras rechazar el presidente su petición de indulto. Guru había sido condenado en 2005 por su participación en el atentado contra el Parlamento de 2001.
Más recientemente, el gobierno amplió el ámbito de aplicación de la pena de muerte, modificando la ley para que disponga este castigo en ciertos casos de violación.
La semana pasada, el Tribunal Supremo también rechazó un recurso contra la decisión del presidente indio de no aceptar la petición de indulto de Devender Pal Singh. En un juicio que suscitó honda preocupación respecto a sus garantías, Devender Pal Singh fue declarado culpable de organizar la explosión de un artefacto que mató a nueve personas en 1993. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2002 y desde entonces Devender Pal Singh está en espera de ejecución.
Esta reciente decisión del Tribunal Supremo probablemente afectará al menos a 17 presos más que han solicitado la conmutación de sus penas de muerte debido al retraso en la decisión del presidente sobre sus peticiones de indulto.
El juez A. P. Shah, ex presidente del Tribunal Superior de Delhi, es uno de los más abiertos detractores de la pena capital en el país. En esta entrevista con Amnistía Internacional expresa sus opiniones sobre la pena de muerte.
¿En qué situación está la pena de muerte en India?
India ha llevado a cabo muy pocas ejecuciones desde la década de 1990. Sin embargo, la brutal violación en grupo de una mujer de 23 años en Delhi el año pasado hizo aumentar la presión de la opinión pública en favor de la pena de muerte.
¿Por qué debe India abolir la pena de muerte?
La condena a muerte de un acusado es una cuestión arbitraria que depende de numerosos factores, desde la eficacia de su asistencia letrada hasta el interés del gobierno central en su caso concreto, pasando por las predilecciones personales de los jueces.
No hay duda alguna de que, en India, lo que al final decide la suerte de un acusado es el criterio subjetivo de los jueces.
Además, en nuestro país, el papel de las confesiones y las declaraciones de testigos es mucho más crucial que en muchos otros países, puesto que no es tan frecuente el uso de pruebas forenses y periciales.
La mayoría de las condenas a muerte se dictan basándose únicamente en pruebas circunstanciales. Incluso es habitual que la policía utilice testigos entrenados profesionalmente.
¿Por qué afirma que la pena de muerte es discriminatoria?
En India son sobre todo los casos en los que están implicadas personas pobres y oprimidas –las víctimas de los prejuicios de clase– los que acaban con la imposición de la pena de muerte. Es muy difícil que una persona rica o acomodada vaya a la horca.
Por tanto, es evidente que la pena de muerte, tal como se utiliza ahora, es discriminatoria. Golpea sobre todo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, demostrando su carácter arbitrario y caprichoso, y por tanto su inconstitucionalidad.
Ha afirmado que le preocupa la ejecución de Afzal Guru, condenado por su participación en el atentado contra el Parlamento en Delhi en 2001.
En esta ejecución son patentes varias tendencias muy preocupantes sobre las que debe hacerse hincapié.
Por ejemplo, se mantuvo en secreto que el presidente había rechazado la petición de indulto de Afzal Guru el 3 de febrero de 2013, y no se le comunicó a la familia. Afzal Guru fue ejecutado a la semana, de nuevo sin informar a su familia, y fue enterrado en secreto. También hay graves dudas sobre la calidad de las pruebas y la idoneidad de su representación letrada durante el juicio.
¿Cuál es el futuro de la pena de muerte en India?
La tendencia global hacia la abolición es cada vez más abrumadora.
Nos engañaríamos si creyéramos que la ejecución de unas cuantas personas condenadas a muerte es la solución a unas tasas de criminalidad inaceptablemente elevadas. En realidad, la pena capital no tiene ningún efecto disuasorio.
El juez A. P. Shah es uno de los 14 jueces jubilados que el año pasado pidieron al presidente de India la conmutación de 13 penas de muerte por considerar que se habían impuesto de forma ilegal.