Personas de todo México, pero en especial al norte del país, parecen caminar con temor, y no sólo al crimen organizado.
Se debe tal vez a que cualquier persona puede quedar atrapada en el mortífero conflicto que tiene lugar en el país entre las fuerzas de seguridad y grupos criminales dedicados al narcotráfico.
Organizaciones de derechos humanos, entre las que se incluye Amnistía Internacional, han recogido miles de casos de abusos contra los derechos humanos de una amplia variedad de personas corrientes, como detenciones arbitrarias y tortura.
De hecho, en opinión del grupo de derechos humanos, durante los últimos años, los casos de tortura y malos tratos en México han alcanzado “proporciones epidémicas” y los responsables rara vez comparecen ante la justicia.
“Personas de todo México se ven atrapadas en ocasiones en el lado equivocado de las operaciones militares contra los grupos criminales. Sin pruebas reales, las pueden considerar el enemigo o posibles enemigos implicados en el narcotráfico, con todos los abusos que esa etiqueta conlleva”, ha declarado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
Torturada y agredida sexualmenteMiriam Isaura López Vargas, ama de casa de 30 años y madre de cuatro hijos, probablemente nunca pensó que acabaría viéndose envuelta en la “guerra contra el narcotráfico” del ex presidente Calderón.
El 2 de febrero de 2011, mientras volvía a su domicilio tras dejar a sus hijos en la escuela, unos soldados vestidos de civil detuvieron a Miriam. Los hombres le vendaron los ojos y la llevaron a un cuartel militar.
En el cuartel, la torturaron sometiéndola a descargas eléctricas en las plantas de los pies y el cuerpo a fin de obligarla a firmar una confesión en la que implicaba falsamente en delitos relacionados con el narcotráfico tanto a ella como a otras personas a las que no conocía. Miriam fue además agredida sexualmente en repetidas ocasiones.
“Me pusieron un trapo húmedo sobre la cara, cuando intentaba respirar sentía el trapo húmedo, y resultaba muy difícil respirar, después sentí un chorro de agua sobre la nariz, intenté levantarme, pero no pude porque me tenían sujeta por los hombros y las piernas… Alguien me presionaba el estómago. Eso lo hicieron en repetidas ocasiones mientras me seguían preguntando lo mismo”, contó Miriam a Amnistía Internacional.
Menos de una semana después, fue trasladada a un centro de arraigo (detención administrativa sin cargos) de Ciudad de México, cuya legalidad han puesto seriamente en duda grupos de derechos humanos y Amnistía Internacional.
El 26 de abril de 2011 se presentaron finalmente cargos en su contra y se decretó su prisión preventiva por delitos relacionados con el narcotráfico.
Durante ese tiempo se le negó el acceso a un abogado de su elección y únicamente se le asignó un defensor público que no hizo que se pusiera fin a la tortura que sufría ni la denunció.
En septiembre de 2011, un juez decretó que fuese puesta en libertad a falta de pruebas fidedignas.
Desde entonces, ha estado recibiendo amenazas, pero ha decidido interponer una demanda judicial por tortura contra los responsables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigó el caso y determinó que había sido torturada, pero en la investigación oficial no se han producido avances.
Epidemia de torturaSegún una investigación realizada por Amnistía Internacional, el uso de la tortura y los malos tratos por parte de la policía y las fuerzas armadas aumentó dramáticamente durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), al igual que la falta de investigaciones efectivas sobre los abusos.
“El gobierno de Calderón hizo efectivamente la vista gorda sobre la ‘epidemia de tortura’ de la que hemos sido testigos en México. Se hizo caso omiso de la protección de los derechos humanos, o se dejó de lado, en favor de la estrategia del gobierno de militarizar la lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga”, ha manifestado Knox.
A pesar de la existencia de legislación federal y estatal concebida para evitar y castigar la tortura, la mayoría de los casos nunca se investigan en profundidad y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia, por lo que las víctimas no tienen oportunidad de obtener reparación ni indemnización.
100 díasMientras se aproximan sus 100 días de mandato, el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, sigue sin obtener avances por lo que respecta a los derechos humanos y a acabar con el clima de tolerancia hacia la tortura y la impunidad. Todo ello a pesar de asegurar a Amnistía Internacional durante la campaña electoral que cuando ocupase el cargo de presidente aplicaría políticas y tomaría medidas para poner fin a la tortura.
“Casi han transcurrido 100 días desde que Peña Nieto ocupara la Presidencia, y prácticamente no se han producido avances tangibles en sus promesas de mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Tampoco se han producido prácticamente avances en las investigaciones sobre casos de tortura, desapariciones forzadas, violencia contra las mujeres y abusos contra las personas migrantes”, ha señalado Knox.
“Algo crucial que pueden hacer es asegurarse de que el caso de Miriam López se investiga exhaustivamente y que todos los responsables comparecen ante la justicia. Esto se puede conseguir en los próximos 100 días si el gobierno tiene la voluntad política de que los derechos humanos sean importantes.”