Los gobiernos europeos deben acabar con la segregación y discriminación de niños y niñas romaníes en las escuelas, ha afirmado Amnistía Internacional hoy después de que dos hombres romaníes hayan ganado un caso contra Hungría en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (el Tribunal) por haber recibido su educación en una escuela especial.
El Tribunal resolvió el martes que Hungría había violado el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales al segregar a menores romaníes en una escuela especial. La sentencia pone fin a una batalla judicial que comenzó en 2006. La organización Fundación de Oportunidades para la Infancia de Hungría y el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, con sede en Budapest, representaron a los demandantes de este caso.
“Lo esperable sería que educar a niños y niñas en escuelas especiales simplemente por su etnia fuera algo impensable en la Europa de 2013”, ha señalado Fotis Filippou, coordinador regional de campañas de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Pero la realidad es que sigue sucediendo con demasiada frecuencia, y este no es más que otro ejemplo que lo demuestra. La educación especial es un callejón sin salida para los menores romaníes. Los gobiernos deben tomar nota y actuar porque, en tanto que existan sistemas educativos paralelos en función de la raza, se negarán oportunidades a los menores romaníes”.
“Todos los menores, entre ellos los de la comunidad romaní, deben poder disfrutar de una educación de calidad en escuelas de enseñanza general inclusivas que les brinden toda la ayuda que necesiten”.
En el caso Horváth y Kiss contra Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que se había destinado incorrectamente a ambos hombres a una escuela para alumnos y alumnas con “discapacidad mental”.
El Tribunal afirmó que los hombres estuvieron “aislados del resto del alumnado perteneciente a la población mayoritaria”, y que la educación que recibieron “acrecentó sus dificultades y pusieron en peligro su posterior desarrollo personal, en vez de ayudarlos a integrarse en colegios convencionales y desarrollar las habilidades que pudieran facilitarles la vida entre la población mayoritaria”.
El Tribunal mencionó que, en el pasado, había habido demasiada representación de menores romaníes en escuelas especiales debido al diagnóstico erróneo de discapacidad mental que se hacía sistemáticamente como resultado del uso de pruebas obsoletas y culturalmente parciales.
También destacó las “obligaciones específicas positivas [de Hungría] para evitar la perpetuación de discriminaciones o prácticas discriminatorias del pasado disimuladas en pruebas supuestamente neutrales”, así como la necesidad de que Hungría cambie estas prácticas.
El Tribunal apuntó que la ubicación incorrecta de niños y niñas romaníes en escuelas especiales posee un largo historial en toda Europa, y compartió “la intranquilidad de otros organismos del Consejo de Europa que han manifestado su preocupación acerca del temario que se imparte en esas escuelas, más básico, y, en particular, sobre la segregación que provoca el sistema”.
Una serie de sentencias de tribunales nacionales y regionales de toda Europa —contra la República Checa, Grecia, Croacia y Eslovaquia, entre otros países— señalan la necesidad de tomar medidas urgentes.
En Diciembre de 2012, en el caso Sampanis y otros contra Grecia, el Tribunal determinó que las autoridades griegas no habían integrado a los niños y niñas romaníes de la zona de Psarri, en Aspropyrgos, en el sistema de enseñanza ordinario, lo que suponía una discriminación.
Con este fallo, era la segunda vez que el Tribunal condenaba a Grecia por segregar a niños y niñas romaníes de educación primaria en Aspropyrgos. La primera sentencia del caso Sampanis y otros contra Grecia se dictó en 2008.
En la República Checa, cinco años después de la sentencia de 2007 del caso D.H. y otros contra la República Checa, el gobierno aún no la ha aplicado efectivamente.
Como resultado, a los alumnos y alumnas romaníes de la República Checa aún se los escolariza con demasiada facilidad en escuelas “prácticas” y clases con niños y niñas con “discapacidad mental leve”, que ofrecen una educación de menor calidad, mientras que otros miles de menores romaníes siguen realmente segregados en aulas y escuelas de enseñanza general únicamente para romaníes.
“La segregación escolar es el resultado de la discriminación histórica y los prejuicios generalizados; este apartheid educativo no sólo posee un efecto catastrófico en el futuro de niños y niñas romaníes, sino que también alimenta el círculo de racismo e intolerancia contra el pueblo romaní. Esto perjudica a toda la sociedad”, ha añadido Fotis Filippou.
“Los gobiernos europeos han recibido un nuevo aviso: no hay más tiempo que perder; es el momento de dejar de condenar a miles de niños y niñas romaníes a una vida de pobreza, marginación y exclusión”.