Jacqueline Montanez sabe dónde va a morir.
Tiene 36 años y es la única mujer en el estado de Illinois que cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un delito que cometió cuando era menor de edad.
En 1993 fue declarada culpable, junto con otras dos personas, del asesinato de dos miembros de una banda rival. Los crímenes tuvieron lugar en mayo de 1992, poco antes de que ella cumpliera 16 años.
Aunque sólo tenía 15 años, fue juzgada por un tribunal para adultos, y no por un tribunal de menores, que habrían tenido en cuenta factores como su juventud, el turbulento entorno familiar o su disposición para la rehabilitación.
Cuando se cometió el delito, era una adolescente que salía de una infancia de abusos físicos, sexuales y psicológicos. Fue criada por su padrastro, un temido y brutal “ejecutor” de bandas, que preparó a Jacqueline para que fuera su “soldadito”.
Desde los nueve años de edad comenzó a consumir drogas y alcohol, y finalmente se unió a una banda callejera, rival de la de su padrastro maltratador. Fue hospitalizada en varias ocasiones por sobredosis y crisis de enfermedad mental.
Ahora en una prisión para adultos, después de pasar más de la mitad de su vida entre rejas, se ha convertido en una persona muy diferente.
Ha obtenido un diploma equivalente a la enseñanza secundaria, ha cursado casi todos los programas educativos y de formación profesional disponibles, y se ha convertido en adiestradora titulada de perros de ayuda para personas discapacitadas. Es tutora y mentora de jóvenes reclusas y participa activamente en los programas de servicios religiosos que se ofrecen en la cárcel.
“Hice lo que dicen que hice, [pero] no soy quien dicen que soy”, ha declarado Jacqueline Montanez.
“No pasa ni un solo día que no desee que fuera yo [quien hubiera muerto]. Eran humanos, eran el padre de alguien, eran el hijo de alguien.”
“Condenar a una persona menor de edad a morir en la cárcel va en contra de los principios fundamentales de derechos humanos que reconocen la inmadurez de los menores y su capacidad especial para el crecimiento y el cambio –ha afirmado Rob Freer, investigador sobre Estados Unidos de Amnistía Internacional–. Estados Unidos debe unirse al resto del mundo y poner fin a la imposición de esta condena a menores de edad.”
Parte de una constante
En todo el territorio de Estados Unidos, aproximadamente 2.500 hombres y mujeres cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, en ningún otro país del mundo se impone esta condena a menores de edad.
Al encarcelarlos de por vida sin posibilidad de liberación, Estados Unidos vulnera el derecho internacional. Entre estas normas se incluye la Convención sobre los Derechos del Niño, firmado por Estados Unidos, que por este acto se comprometió a no frustrar el objeto y el fin del tratado en espera de tomar una decisión sobre su ratificación. El gobierno de Barack Obama afirmó en 2010 que es partidario de que Estados Unidos ratifique la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado todavía este tratado (Somalia es el otro país del mundo que tampoco lo ha hecho).
El práctico aislamiento de Estados Unidos en lo que se refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño refleja una falta de disposición más amplia de este país a ser parte en los acuerdos internacionales de derechos humanos y a respetarlos.
“En la escena internacional, Estados Unidos afirma estar comprometido con los derechos humanos; de hecho, dice ser un paladín de tales principios. Sin embargo, sus afirmaciones no resisten un análisis riguroso si se examina su historial en materia de ratificación y aplicación de tratados”, ha afirmado Rob Freer, investigador sobre Estados Unidos de Amnistía Internacional.
Freer señala que aunque Estados Unidos ha ratificado algunos tratados fundamentales de derechos humanos, con frecuencia ha intentado introducir reservas en su ratificación o interpretar las obligaciones contraídas en virtud del tratado en cuestión de tal manera que menoscaba algunos principios y protecciones clave.
Las condiciones incorporadas por Estados Unidos a su ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por ejemplo, fueron aprovechadas por los abogados del gobierno estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 como parte de los argumentos jurídicos viciados de este país en favor de técnicas de interrogatorio y condiciones de detención que violaban la prohibición de la tortura y otros malos tratos. Estados Unidos continúa afirmando asimismo que la mayoría de las obligaciones contraídas en virtud de tratados de derechos humanos simplemente no son de aplicación a ninguna de sus acciones fuera del territorio estadounidense.
“Estados Unidos seguirá sin duda promoviéndose como una fuerza progresista en favor de los derechos humanos, si no la más progresista del mundo”, ha afirmado Freer.
“Sin embargo, sin cambios sustanciales en las leyes, las políticas y las prácticas, tales proclamas siguen estando minadas por los hechos sobre el terreno, tanto si esos hechos son las detenciones indefinidas y los juicios sin garantías en Guantánamo, la ausencia de rendición de cuentas por abusos en las actividades antiterroristas, la continuidad del recurso a la pena de muerte, incluso en juicios sin garantías en Guantánamo, o el uso de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional contra personas menores de edad.”