El estado estadounidense de Texas se dispone a llevar a cabo su ejecución número 250 bajo el mandato del gobernador Rick Perry.La ejecución –de Donnie Roberts, de 41 años, condenado por asesinato en 2004– está prevista para las seis de la tarde del 31 de octubre.En menos de doce años, Texas ha ejecutado a más del doble de presos que cualquier otro estado de Estados Unidos en tres décadas y media. “La pena capital es ineludiblemente cruel e incompatible con la dignidad humana, donde quiera y cuando quiera que se aplique”, ha manifestado Rob Freer, investigador sobre Estados Unidos de Amnistía Internacional.“Toda jurisdicción que siga utilizando la pena de muerte va totalmente en contra de la tendencia abolicionista mundial.” Amnistía Internacional ha criticado repetidamente a las autoridades texanas por no apartar a su estado de la pena de muerte, y ha destacado la arbitrariedad, la discriminación y los errores en la aplicación de la pena capital en este y otros estados de Estados Unidos.En su primer discurso sobre el “estado del estado”, pronunciado el 25 de enero de 2001, un mes después de convertirse en gobernador, Rick Perry manifestó: “Al igual que los demás texanos, soy partidario de la pena capital porque afirma el alto valor que concedemos a la vida inocente”.Desde entonces, el uso que el gobernador ha hecho de su poder de conceder el indulto ha sido cada vez más excepcional, y las recomendaciones de clemencia formuladas por los miembros, designados por él, de la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado han sido escasas y esporádicas.En 2004, en el caso de un preso que sufría una grave enfermedad mental, el gobernador Perry permitió que la ejecución se llevara a cabo pese a la poco habitual recomendación de clemencia de la Junta.“Incluso si se acepta la noción de que sacar a un preso de su celda, atarlo a una camilla y matarlo puede promover de alguna manera el respeto por la vida en lugar de erosionarlo, el calificativo de ‘alto valor’ asignado por el estado parece corresponder únicamente a la vida de unas pocas víctimas de asesinato”, ha señalado Rob Freer.En virtud de un precedente sentado por la Corte Suprema de Estados Unidos, se supone que la pena de muerte se reserva para los “peores entre los peores” criminales y delitos. Desde enero de 2001, en Texas ha habido unos 15.000 asesinatos y 249 ejecuciones. “Si el argumento sobre los ‘peores entre los peores’ conjura imágenes de que los asesinos racionales, calculadores y sin remordimientos son ejecutados en un sistema de pena capital que elimina de forma fiable todos los errores y las desigualdades, esta imagen se desdibuja rápidamente cuando se mira quién termina en la cámara de ejecución y cómo llega allí”, ha declarado Rob Freer. En un informe publicado para conmemorar la inminencia de la ejecución número 250, Amnistía Internacional destaca la ejecución, este año, en Texas de otro hombre con una grave enfermedad mental, otro sobre el que existían indicios sólidos de que sufría discapacidad intelectual, y otro que tenía 19 años en el momento del delito y que fue condenado a muerte por un jurado que sólo tuvo una imagen parcial de los graves abusos, la pobreza y la desatención que el acusado soportó durante su infancia. Uno de cada seis presos ejecutados en Texas desde enero de 2001 tenía 17, 18 o 19 años en el momento del delito. “Tras ocupar su cargo en 2001, el gobernador Perry reconoció que el sistema de justicia de Texas podía mejorarse. Doce años y 249 ejecuciones después, el sistema sigue siendo pésimo”, ha manifestado Rob Freer. “Todos los habitantes de Texas –incluidas las autoridades de todos los niveles, y también el electorado– deben reconocer que la única manera de erradicar la discriminación, los errores, la injusticia y la crueldad asociados a la pena de muerte es abolirla.” Texas ha sido responsable del 38 por ciento de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde que la Corte Suprema del país –en la causa Gregg v. Georgia en 1976– permitió que se reanudaran las ejecuciones en virtud de las leyes revisadas sobre pena capital. Texas ha llevado a cabo 11 de las 34 ejecuciones que han tenido lugar en Estados Unidos en lo que va de año, y se dirige hacia su ejecución número 500 desde la resolución Gregg. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, por considerarla el exponente máximo de pena cruel e insólita.
