Las autoridades panameñas deben investigar exhaustivamente la muerte de tres residentes de la ciudad portuaria septentrional de Colón en las recientes protestas contra los planes del gobierno de vender tierras propiedad del Estado, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
En la tarde del martes, una mujer de 27 años se convirtió en la tercera persona que perdía la vida en los enfrentamientos producidos cuando la policía intentaba sofocar las protestas de grupos de la sociedad civil y residentes locales contra una nueva ley que permitirá la venta de tierras de la Zona de Libre Comercio de Colón a empresas extranjeras.
En las protestas de esta semana ya habían fallecido un residente local y un niño de 9 años.
Los residentes locales han denunciado que la policía usó gas lacrimógeno y disparó munición real para dispersar a los manifestantes, mientras que la Policía Nacional de Panamá declaró a los medios de comunicación que varios policías habían resultado heridos por disparos de bala y misiles lanzados por algunos de los manifestantes.
“Una vez más, los enfrentamientos desencadenados en una protesta pública en Panamá terminan en tragedia para los residentes locales, con las vidas de un niño y dos adultos segadas en las calles de Colón. Las autoridades panameñas deben realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre estas muertes y hacer que los responsables respondan ante la justicia”, declaró Sebastian Elgueta, investigador sobre Panamá de Amnistía Internacional.
“Las autoridades tienen la obligación de garantizar el orden público. Sin embargo, sólo se debe recurrir al uso excesivo de la fuerza con arreglo a las normas internacionales, es decir, únicamente como último recurso. Instamos a Panamá a que se asegure de que todos los miembros de las fuerzas de seguridad reciben formación adecuada sobre lo previsto en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU.”
Tras la última muerte, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, anunció en Twitter el martes por la noche: “Si el pueblo colonense no quiere que se vendan las tierras de ZLC, se derogará la venta”.
Amnistía Internacional ha instado a Martinelli a que transmita con claridad el mensaje de que no se va a tolerar el uso excesivo de la fuerza. Uso excesivo de la fuerza
La muerte de estos manifestantes en Colón son los más recientes de una serie de incidentes ocurridos en todo Panamá en los que se ha acusado a la policía de hacer un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes en conflictos sociales.
Al parecer, en febrero de 2012, la policía mató a tiros a un hombre en una protesta de miembros del pueblo indígena ngäbe-buglé en San Félix, en la provincia occidental de Chiriquí.
En julio de 2010, en la provincia noroccidental de Bocas del Toro, una protesta indígena contra un intento de reforma de las leyes laborales desembocó en la muerte de al menos tres manifestantes y heridas a cientos de personas cuando la policía disparó balas de goma a corta distancia. Hasta la fecha, las autoridades de Panamá no han respondido a las peticiones de que investiguen estos incidentes y lleven a sus responsables ante la justicia.