La única forma de que las autoridades puedan evitar el estallido sistemático de violencia mortal en las protestas es entablando la debida consulta con los pueblos indígenas, los campesinos y los grupos de la sociedad civil, ha manifestado Amnistía Internacional. La organización ha hecho este llamamiento tras una reunión que han mantenido esta semana el presidente Otto Pérez Molina y los líderes indígenas maya ki’che’ de Totonicapán, localidad situada 150 kilómetros al noroeste de la capital guatemalteca, a raíz de que 7 personas hayan muerto por disparos y 30 más hayan resultado heridas al responder las fuerzas de seguridad a una manifestación celebrada este mismo mes a las afueras de la ciudad, en la carretera panamericana. Un coronel del ejército y ocho soldados se enfrentan actualmente a juicio en ciudad de Guatemala por cargos relacionados con los homicidios. “Aunque es positivo que se esté realizando una investigación sobre las infaustas muertes de Totonicapán, esta tragedia podría haberse evitado si el diálogo del presidente con las comunidades de la región se hubiera producido antes”, ha manifestado Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de Amnistía Internacional. “No entablar las debidas consultas con quienes están afectados por proyectos legislativos y de desarrollo no hace más que empeorar las cosas; además, es necesario mantener la consulta para que los conflictos sociales no degeneren en violencia en el futuro.”En abril de 2012, el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas señaló que las autoridades de Guatemala no consultan con los pueblos indígenas, pese a que, en virtud de las obligaciones internacionales, para toda propuesta de cambio que les afecte a ellos o a su forma de vida es necesario su consentimiento libre, previo e informado. Entre los motivos de preocupación expuestos por la población de Totonicapán en la manifestación del 4 de octubre figuran el aumento de las tarifas eléctricas, unas reformas legislativas que afectan a los profesores y las consecuencias de las reformas constitucionales para los pueblos indígenas. Según la ONG local UDEFEGUA, los líderes indígenas de Totonicapán habían solicitado varias veces una reunión con el presidente antes de recurrir a la protesta para expresar sus motivos de preocupación. Cuando se reunieron por fin con él el miércoles, los líderes indígenas exigieron también una reparación para las familias de las personas muertas y heridas tras la intervención de las fuerzas de seguridad en la manifestación. La investigación iniciadaTras los homicidios del 4 de octubre, las autoridades guatemaltecas iniciaron una investigación sobre lo ocurrido, y el presidente Pérez Molina, que ha sido general de las fuerzas armadas, prometió la plena cooperación de éstas. En un informe posterior de la Fiscalía General de Guatemala se ha sugerido que los soldados que acudieron al lugar de los hechos tenían orden de no acercarse, y un informe del Ministerio Público ha revelado datos balísticos que prueban que los soldados dispararon contra los manifestantes, lo que contradice declaraciones oficiales anteriores.Amnistía Internacional insta a las autoridades guatemaltecas a que expliquen por qué participaron los militares en la respuesta a la manifestación antes que nada. “Dada la dolorosa historia de violaciones de derechos humanos cometidas por los militares durante los decenios de guerra civil de Guatemala, toda militarización de la respuesta a las protestas públicas resulta especialmente preocupante, sobre todo ahora, tras la tragedia de Totonicapán”, ha añadido Elgueta. “Toda investigación que se realice debe aclarar por qué se desplegó a militares en una protesta pública. Todos los responsables de uso excesivo de la fuerza han de ser puestos a disposición judicial, y debe ofrecerse plena reparación a las víctimas y a sus familias.”
