Las autoridades brasileñas deben suspender inmediatamente la orden judicial de desalojo de 170 indígenas guaraní kaiowá de una parte de sus tierras ancestrales, ha declarado Amnistía Internacional después de que la comunidad jurase que morirían juntos antes de que les expulsaran de su territorio.
Alrededor de 170 personas —70 niños entre ellas— de la comunidad Pyelito Kue/Mbarakay, cerca de Iguatemi, en el estado meridional brasileño de Mato Grosso do Sul, corren riesgo de ser desalojadas tras dictarse la orden, que confirmó un tribunal federal regional el 17 de septiembre.
La comunidad ocupa una parcela de dos hectáreas de bosque justo al río Hovy desde hace casi un año, después de que unos hombres armados arrasaran el asentamiento donde vivían anteriormente.
Si se ejecuta la orden de desalojo, los miembros de la comunidad tendrían que acampar junto a una carretera, lo que les expondría a unas condiciones sumamente peligrosas y les alejaría de sus tierras ancestrales y de su estilo de vida.
“La comunidad de Pyelito Kue/Mbarakay ha dejado claro que ser expulsados de nuevo de sus tierras ancestrales representaría su extinción cultural; la orden de desalojo debe suspenderse de inmediato”, ha afirmado Átila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.
La comunidad volvió a ocupar sus tierras ancestrales —que ahora reivindican los cultivadores de soja y caña de azúcar que se trasladaron a la zona— en noviembre de 2011, después de que un grupo hombres armados llegara a su campamento anterior, situado junto a una pista de tierra, y lo asaltara. Los atacantes dispararon balas de goma contra los miembros de la comunidad y quemaron sus cabañas y sus pertenencias.
Desde la reocupación, los agricultores locales bloquean los puntos de entrada a las tierras, negando a los miembros de la comunidad el acceso a la escolarización, a la atención médica y al suministro de comida. La comunidad Pyelito Kue/Mbarakay se queja de vivir en condiciones desesperadas y de recibir amenazas continuas en una situación que es prácticamente de asedio.
“Las autoridades deben garantizar inmediatamente que la comunidad Pyelito Kue/Mbarakay tiene acceso a servicios básicos, como comida, agua y atención médica. Cualquier denuncia de amenazas contra la comunidad debe investigarse de inmediato”, declaró Roque.
Los fiscales federales han recurrido los intentos de los agricultores locales de usar los tribunales para lograr el desalojo de la comunidad, afirmando que el juez no tuvo en cuenta un informe técnico de marzo de 2012 del organismo oficial brasileño para la población indígena, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que muestra claramente que la comunidad vive en tierras ocupadas tradicionalmente por el pueblo indígena guaraní kaiowá.
La comunidad ha reivindicado sus derechos a sus tierras ancestrales y ha jurado resistir todos los intentos de expulsión.
Los miembros de la comunidad enviaron una carta abierta al gobierno y al poder judicial de Brasil en la que dicen:
“Sabemos que los tribunales nos expulsarán de las tierras situadas junto al río, pero hemos decidido que no nos marcharemos. Como pueblo nativo, históricamente indígena, hemos decidido que nos matarán aquí juntos.”
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades brasileñas a que cumplan sus obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos internacionales y de su Constitución de completar todas las demarcaciones de tierras pendientes para definir la extensión de los territorios ocupados tradicionalmente por los pueblos indígenas. Los guaraní kaiowáEn el estado de Mato Grosso do Sul están algunas de las zonas indígenas más pequeñas, pobres y densamente pobladas de Brasil.
En él, viven precariamente alrededor de 60.000 indígenas guaraní kaiowá; el desmoronamiento social ha desembocado en elevados índices de violencia, suicidios y malnutrición, e imperan los problemas de salud y las condiciones de vida miserables.
Frustrados por la lentitud del proceso de demarcación de tierras, los guaraní kaiowá han empezado a reocupar sus tierras ancestrales, pero son objeto de intimidación y desalojos violentos.
En noviembre de 2007, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público federal, la FUNAI y 23 líderes indígenas firmaron un acuerdo (el Termo de Ajustamento de Conducta, TAC) por el que la FUNAI se comprometió a identificar 36 tierras ancestrales guaraní kaiowá —incluidas las de la comunidad Pyelito Kue/Mbarakay— antes de abril de 2010.
El proceso no se ha completado aún debido a la falta de recursos y a las impugnaciones judiciales.
Mientras tanto, varias comunidades guaraní kaiowá han terminado viviendo junto a las carreteras sufriendo las amenazas de los guardas de seguridad contratados para impedir que intenten volver a ocupar sus tierras, problemas de salud derivados de vivir en alojamientos temporales y la falta de asistencia médica. Un gran número de miembros de estas comunidades han perdido la vida o resultado heridos en accidentes de tráfico.