Por Diana Eltahawy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Libia
“[Los libaneses] no nos tratan como a seres humanos. Para ellos, somos animales o esclavos.” Así habla una nigeriana de 23 años recluida en el centro de detención de Khoms para “migrantes irregulares”.
Al atardecer del 12 de septiembre, una disputa entre detenidos eritreos y nigerianos en el centro de detención de Khoms para “migrantes irregulares” desembocó en un estallido de violencia. Un grupo de somalíes aprovechó el caos del momento para escapar.
Los nueve guardias de servicio se vieron sobrepasados, y pidieron refuerzos.
Según los detenidos, hacia las nueve de la noche llegaron unos 10 vehículos con ametralladoras montadas, y a continuación unos hombres vestidos con uniforme militar obligaron a todos los detenidos eritreos a salir al patio, donde les propinaron una paliza.
Un hombre de 29 años de la capital de Eritrea, Asmara, que lleva seis meses en diversos centros de detención de Libia, dijo a Amnistía Internacional que un hombre vestido con uniforme militar lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro y luego le pisó deliberadamente la mano con sus botas militares.
Otros eritreos dijeron que les habían obligado a tumbarse en el suelo y los habían golpeado con las culatas de los rifles o con cables metálicos.
Las palizas más brutales se reservaron para los somalíes fugados a los que se había vuelto a capturar.
Mohamed Abdallah Mohamed, de 19 años, aún tenía heridas visibles en el hombro izquierdo, las piernas y la cara cuando lo vi el 14 de septiembre, a mi llegada al centro tras haber oído la noticia de que se habían producido disparos.
El somalí afirmó que le habían propinado patadas, lo habían arrastrado por el suelo, le habían dado un puñetazo en un ojo y lo habían golpeado con las culatas de los rifles y con palos, después de ser capturado por unas siete personas.
Finalmente, unos guardias del centro de detención lo llevaron al hospital, pero se quejaba de que no había recibido una atención médica adecuada, seguía sufriendo fuertes dolores y no veía bien con el ojo izquierdo.
El somalí Khadar Mohamed Ali, de 16 años, también fue capturado de nuevo; unos hombres vestidos con uniforme militar le pisotearon y lo golpearon con palos y con las culatas de sus rifles.
Tras el intento de fuga, un tercer somalí, Khadar Warsame, de 21 años, terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Khoms, donde recibe tratamiento para una lesión en la cabeza.
En el hospital, la causa de la lesión se describe como “caída”, pero es preciso llevar a cabo una investigación imparcial, independiente y exhaustiva sobre el estallido de la violencia que recorrió el centro de detención de Khoms el 12 de septiembre, para determinar toda la verdad.
Debe investigarse a las personas sobre las que pesen sospechas razonables de que han cometido actos de tortura u otros malos tratos contra detenidos y, cuando existan pruebas suficientes, debe procesárselas. Mientras se investigan sus casos, estas personas deben ser apartadas de las funciones en las que puedan cometer abusos similares.
Durante una visita previa a Khoms, los detenidos –en su mayoría de países subsaharianos como Camerún, Chad, Eritrea, Níger, Nigeria, Somalia y Sudán– relataron su larga lista de quejas: hacinamiento, nutrición inadecuada, falta de acceso regular a atención médica, falta de actividades de ocio y tiempo al aire libre, palizas ocasionales, racismo, insultos y malas condiciones higiénicas.
Su preocupación principal seguía siendo el carácter indefinido de su detención, y el no saber qué suerte les aguardaba.
Los guardias y administradores del centro de detención expresaron también su preocupación por la falta de recursos para satisfacer las necesidades de los aproximadamente 370 detenidos, entre los que había unas 30 mujeres.
Se quejaron de demoras en la repatriación de migrantes y de frecuentes intentos de fuga.
El centro de detención está gestionado por el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular, dependiente del Ministerio del Interior, pero, para contener los motines y volver a capturar a los fugados, los agentes de policía y los guardias de servicio dependen de grupos armados locales teóricamente pertenecientes al ejército libio.
Desde el derrocamiento, el año pasado, del gobierno de Gadafi, las milicias armadas han ocupado el vacío en materia de seguridad dejado por el Estado colapsado, y han asumido una serie de funciones relativas al cumplimiento de la ley.
El gobierno central se ha mostrado incapaz –y en ocasiones poco dispuesto a ello– de refrenar a esas milicias. En algunos casos, el gobierno sigue dependiendo de milicias armadas para mantener el orden público, y aparta la vista ante sus excesos. Las milicias armadas siguen deteniendo a sospechosos fuera del marco de la ley, y siguen sometiéndolos a tortura u otros abusos.
Este vacío en materia de seguridad, unido a la proliferación de armas y a un sistema judicial casi paralizado, deja a los ciudadanos extranjeros en Libia especialmente expuestos a los abusos.
Estas personas no tienen donde acudir en busca de justicia y reparación. Y es poco probable que su situación mejore hasta que las autoridades libias tomen una serie de medidas, entre ellas la ratificación de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, la introducción de un sistema de asilo que funcione y la reforma de la legislación que regula la entrada y la estancia de ciudadanos extranjeros en Libia.
Las autoridades libias también deben poner fin a la violencia y otros abusos perpetrados contra ciudadanos extranjeros –ya sea por cuerpos encargados de hacer cumplir la ley, milicias o ciudadanos libios comunes– y deben tomar medidas serias para abordar las actitudes racistas y xenófobas prevalecientes en Libia.
Por ahora, los ciudadanos extranjeros, especialmente los que se encuentran en situación irregular, siguen a merced de cualquier libio que se cruce en su camino.
Si tienen suerte, consiguen trabajo remunerado.
Los menos afortunados pueden encontrarse obligados a trabajar gratuitamente, ser detenidos o entregados a una milicia, golpeados y recluidos indefinidamente en condiciones atroces.
Un ciudadano egipcio que ha vivido en Libia durante años contó a Amnistía Internacional cómo había sido detenido y torturado tras discutir con su empleador libio sobre su salario.
Fue detenido en su casa de Trípoli en plena noche por tres hombres armados. Según su relato, en la base de la milicia a la que pertenecían sus captores, lo ataron, lo colgaron de una barra metálica y lo golpearon con cables, mangueras y alambres por todo el cuerpo, incluidas las plantas de los pies.
Más tarde lo entregaron a un centro de detención para “migrantes irregulares”. Confía en que un libio al que conoce acuda a “patrocinarlo” y conseguir su libertad.
De lo contrario, al igual que miles de personas más, corre peligro de permanecer detenido indefinidamente y, en última instancia, ser expulsado del país sin derecho a apelar.