Las autoridades de Texas deben conmutar la pena de muerte a un hombre que será ejecutado en menos de una semana a pesar de habérsele diagnosticado discapacidad intelectual, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Marvin Wilson, afroamericano de 54 años, será ejecutado mediante inyección letal el 7 de agosto por un asesinato cometido en 1992. Un neuropsicólogo clínico ha concluido que Wilson sufre “discapacidad intelectual”.
Hace diez años, la Corte Suprema de Estados Unidos, en Atkins v. Virginia, declaró ilegal la ejecución de personas que sufrieran “discapacidad intelectual”, pero dejó en manos de los estados el modo de cumplir esta resolución.
“Aunque son mayoría los países en los que ya no hay ejecuciones, y no digamos ejecuciones de personas con discapacidad mental, Estados Unidos sigue desafiando esta tendencia mundial, a menudo con Texas a la cabeza”, ha dicho Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.
“Y dejar en manos de Texas el cumplimiento de la resolución Atkins parece algo así como dejar que sea el zorro quien vigile el gallinero”.
Antes de la resolución Atkins, Texas ejecutaba a más personas diagnosticadas con “discapacidad intelectual” que ningún otro estado. Diez años después, la Cámara de Representantes de Texas aún no ha promulgado una ley para cumplir la resolución, y se teme que las directrices “temporales” emitidas por la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas en 2004 estén permitiendo que este estado ejecute a personas que, según la Constitución, deberían estar exentas de este castigo.
En 2003, los abogados de Marvin Wilson, amparándose en la resolución Atkins, impugnaron la constitucionalidad de su condena a muerte. Los abogados presentaron las conclusiones detalladas de un neuropsicólogo con 22 años de experiencia clínica, designado por el tribunal, quien, tras evaluar a Wilson, concluyó que éste cumplía los criterios para un diagnóstico de discapacidad intelectual.
Aunque el estado de Texas no ha presentado testimonios de expertos que rebatan estas conclusiones, los tribunales estatales rechazaron la alegación Atkins basándose en las criticadas directrices de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas. Por su parte, los tribunales federales, en virtud de la deferencia que, según la ley estadounidense, deben otorgar a las resoluciones de los tribunales estatales, confirmaron esta negativa. Los abogados de Wilson están tratando de que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga en el caso y examine qué ocurre en Texas con esta cuestión.
El último tribunal federal que dictó sentencia sobre el caso –la Corte del Quinto Circuito, en 2011– reconoció que “basándose en las pruebas [presentadas ante el tribunal estatal], otros investigadores podrían llegar a una conclusión diferente respecto a si Wilson sufre discapacidad intelectual”.
“Aunque sólo sea por esto no cabe duda de que las autoridades de Texas responsables del indulto deberían pararse a reflexionar”, ha dicho Freer.
“Se trata de un castigo irrevocable y hay un tribunal federal que afirma que la ejecución de Wilson podría considerarse inconstitucional basándose en otros ‘investigadores’. Aunque sólo sea por precaución, se impone la conmutación”.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente en todos los casos. Se trata de un castigo cruel, innecesario y deshumanizador que en Estados Unidos está marcado por la discriminación, la incoherencia y el error.
La de Wilson sería la séptima ejecución que se lleva a cabo este año en Texas, un estado que se encamina hacia su ejecución número 500 desde que hace 30 años se reanudaron los homicidios judiciales.
En todo el país han sido ejecutadas 1.301 personas desde la reinstauración de la pena de muerte en 1977. El número de personas ejecutadas este año asciende a 24. Desde la reanudación de las ejecuciones, en diciembre de 1982, Texas ha sido responsable de 483, más de un tercio del total.